Apenas nadie hace referencia a la génesis de la privatización continua del sistema sanitario en España. Un 10 de abril de 1997 el Congreso de los Diputados aprobaba la ley que abría la puerta a que entidades privadas se beneficiaran de la sanidad pública. Gobernando Aznar en minoría, el texto salió adelante con los únicos votos en contra de Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, que supieron prever lo que años después sucedería: "La óptica liberal que impusieron defiende que un empresario se arriesga para poder ganar rentabilidad en el futuro, pero en este caso ni siquiera fue así. Las empresas privadas no arriesgaban nada porque contaban con financiación pública y una clientela asegurada, además de que podían elegir libremente el tipo de contrato que hacían a los sanitarios, algo que no ocurre en la pública", recuerda Ángeles Maestro, diputada por aquel entonces de IU.

El parte meteorológico para Madrid de aquel día hablaba de unas temperaturas mínimas de 10 grados que podrían ascender hasta los 18. Esta máxima se debió palpar en el Hemiciclo cuando tomó la palabra Maestro, única voz discordante en la aprobación de la ley 15/97: "Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y la eficiencia en la gestión", fueron las palabras exactas de la diputada según se recoge en el libro de sesiones de aquella jornada.

La ley que marcó un antes y un después respecto a la calidad de la sanidad en España fue aprobada por el PP, el PSOE, CiU, PNV y CC, con un resultado de 290 votos a favor, 19 en contra y una abstención. Los nacionalistas gallegos, además de IU, también se opusieron. Tal y como explica Guillerme Vázquez, diputado del BNG en aquellos momentos, "aprobaron esa ley con esas características, un subterfugio, porque la sanidad no se podía privatizar igual que se hacía con las eléctricas".

De hecho, este político licenciado en Medicina no se olvida de mencionar la reforma constitucional del artículo 135, en el que se supedita la financiación de los servicios públicos al pago de la deuda externa: "Pasa desapercibida esta reforma, pero es clave. Parece que estamos siempre en una batalla entre el PP, que quiere privatizarlo todo, y el PSOE, que defiende lo público, cuando la realidad ha demostrado que están de acuerdo a la hora de recortar en gastos sociales", en sus propios términos.

El mencionado texto de un único artículo reza en su tercer apartado que "la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad". Una redacción a la que Maestro también alude: "Ojo con eso de «sociosanitarios», porque ya estamos viendo lo que pasa en las residencias, donde los mayores únicamente son productos con los que ganar dinero".

El Informe Abril, la precuela de la ley

Para realizar un análisis real de la situación, Antonio Liébana, profesional sanitario de Madrid y portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), se retrotrae al Gobierno socialista de Felipe González: "Abril Martorell llegó a presentar en el Congreso un informe en 1991 en el que se empezaba a hablar de copagos y comparativas con otros países europeos, en los que se proponía la posibilidad de dejar entrar entidades privadas en el sistema sanitario público", declara el activista.

Precisamente, las conclusiones de ese informe fueron filtradas a Maestro, que en una rueda de prensa alertó de las consecuencias que podía conllevar legislar en base al mismo. "Junto a Julio Anguita, recientemente fallecido, hicimos una declaración pública en la que advertimos que se planteaba el copago de los medicamentos para los pensionistas y otras cuestiones que ya llegaron a ser realidad. Tuvo tanta repercusión que incluso CCOO y UGT amenazaron con una huelga general", relata la antigua diputada, por lo que el informe se guardó en un cajón.

Así que la calle estaba caldeada. Llegó 1999 y se abrió el primer hospital con unas características público-privadas. En Alzira, Valencia, una empresa privada construyó un hospital para su posterior explotación y al que la Conselleria de Sanidad de la región le traspasaría los usuarios del área sanitaria determinada, un lugar en el que "todos los profesionales los pone la empresa privada y lo único público que hay es el dinero y los pacientes", recalca Liébana.

Esta dinámica, que se desarrolló hasta en cuatro enclaves valencianos más, encontró eco en la Comunidad de Madrid. Bajo el mandato de Esperanza Aguirre, los hospitales de Valdemoro, Torrejón, Móstoles y Collado-Villalba también responden a una explotación privada con recursos públicos. Así explica el negocio el portavoz de CAS: "Se les cede terreno gratuito, los construyen, lo explotan con aparcamientos, tiendas de flores, de prensa, servicios de cafetería, y el personal sanitario también les pertenece. Por su construcción la Administración pública les paga un canon que recuperan a los pocos años, más una cuantía anual por cada usuario de su zona sanitaria".

La calle se moviliza en contra de la 15/97

Cuatro años después de que se efectuara la transferencia de las competencias en sanidad a todas las comunidades autónomas en el último consejo de ministros de 2001, surgió CAS. La Coordinadora consiguió, tras cientos de charlas por los pueblos y barrios de Madrid, crear un poso social  que se vio reflejado en 2007 al juntar a 40.000 personas en la calle reclamando la derogación de la ley 15/97. "A partir de ahí empezamos a recoger firmas para que la gente viera que la privatización de Aguirre respondía a un acuerdo entre PP y PSOE. Cuando llegamos a las 400.000, las entregamos al Congreso y una persona del PSOE se entrevistó con nosotros. Lo único que nos dijo es que nos olvidáramos de esa ley porque se trataba de un asunto de Estado y nunca se iba a derogar", relata Liébana.

La solución no se centra en financiar con más y más dinero la sanidad pública, sino en protegerla de la intromisión de entidades privadas que quieren lucrarse con ella, parafraseando a Maestro  "Si ahora el PSOE habla de blindar la sanidad pública aumentando el gasto sanitario, se está volviendo a confundir, porque mientras la privada siga dentro como un parásito, nada surtirá efecto", en los propios términos de la exdiputada de IU y médica de formación, especialista en salud pública y medicina preventiva.

Llega la Marea Blanca

La lucha constante que venían realizando desde CAS años atrás tuvo un reflejo en las mareas blancas  que inundaron España en contra de la privatización de la sanidad. Carmen Esbrí, portavoz de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, explica la dinámica que se llevó a cabo: "Quitaron camas, redujeron personal  y provocaron listas de espera. Después, utilizaban este argumento para decir que lo público es lo malo porque no funciona, y lo privado lo bueno, así que terminamos financiando con dinero público a unos empresarios que ven aumentada su riqueza y que encima, muchos de ellos, son fondos buitre, por lo que sus ingresos no se quedan en España".

De hecho, un año después de empezar a constituirse las mareas blancas en 2012, los Presupuestos Generales del Estado marcaron la menor cifra destinada a sanidad, dejándola en 61.702 millones de euros, cuando se venía de 69.400 en 2010. Los datos más actualizados responden al ejercicio de 2018, en los que se invirtieron desde el Estado 71.145 millones de euros, de los cuales un 11,1% se destinaron a "los gastos en compras al sector privado a través de conciertos", según explicita el informe del Ministerio de Sanidad .

"Es una estafa en toda índole, un robo manifiesto, vieron la sanidad como una oportunidad de negocio y no les importa nada lo público, porque centran todo en el mercado y lo único que han hecho es poner en venta nuestra salud", incide la propia Esbrí. De esta forma, las mareas blancas también se posicionan contra la ley 15/97 y la reforma constitucional del artículo 135: "Demandamos un proceso de desprivatización. No tiene que ser tan difícil, tan solo es un problema de gestión y de enfoque, pero para este cambio debe haber políticos que realmente sean éticos y respondan a las directrices que marca la ciudadanía, en teoría la soberana del país", reflexiona la activista.

A su vez, Maestro realiza un ejercicio colectivo al pensar más allá del personal sanitario y reflejar la realidad que sufren todos los trabajadores que conforman los servicios del hospital, recalcando que "la privatización a trozos, de servicio en servicio, ha hecho que, por ejemplo, se recorte en personal de limpieza, cuando es algo esencial". "Antes, los profesionales de la limpieza eran funcionarios públicos y gente formada al respecto, algo que no sucede en estos momentos por la laxitud del control por parte de las Consejerías con las empresas privadas. Es ahora cuando vemos que estas decisiones de recortar en plantilla y hacer unos contratos precarios redundan en la salud de las personas, porque la limpieza de un hospital es clave. Por eso, desde que esto sucede las infecciones dentro de los centros se dispararon y hoy son la principal causa de muerte hospitalaria", incide la antigua parlamentaria.

El futuro de la sanidad pública

Vázquez, cuestionado por su lectura de la situación actual, considera como "sorprendente" que en una situación de colapso de la sanidad pública el Gobierno no interviniera la privada y se les obligara a participar en la solución de la crisis sanitaria. "No sirve de nada que el Gobierno diga que defiende y hay que blindar la sanidad pública si después no se expulsa a las empresas privadas que se lucran con ella, aunque no sé si lo llegaremos a ver, porque esto significaría pelearse con Europa", argumenta el gallego.

Desde el punto de vista de la antigua parlamentaria de IU, "ahora es buena ocasión para derogar la ley, pero hay que movilizarse". Ella, que actualmente milita en Red Roja, defiende que este "sueño cumplido de las empresas privadas que se benefician del dinero público" debe terminar. En sus propios términos: "Nunca como ahora la gente ha sido tan consciente del valor de la sanidad pública, y de que no puede estar sometida a criterios del mercado o beneficios empresariales".

El empujón de conciencia que la sociedad ha podido adquirir con la crisis del coronavirus y el papel que la privada ha jugado en ella da esperanzas a Esbrí: "Somos apartidistas, no apolíticos, así que la sociedad tiene que implicarse de forma política, decidirse por el bien común, y espero que eso suceda después de esta prueba de estrés tan tremenda en la que muchas personas han visto cómo la han estado engañando durante tanto tiempo".

La experiencia que posee Liébana en este terreno le lleva a afirmar que todo dependerá de la movilización en la calle. "Estamos ante la única posibilidad de derogar la ley que permite mercadear con la salud a costa del erario público, no podemos esperar otros veinte años, hay que presionar a todas las fuerzas políticas que se consideran progresistas porque si vuelve a gobernar la derecha sí que va a ser imposible", concluye el portavoz de CAS. En fin, de aquellos barros estos lodos.