Después de años criticando desde la oposición las llamadas devoluciones en caliente de migrantes en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla con Marruecos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha escenificado su último bandazo en materia migratoria al defender estas prácticas ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Este miércoles se ha celebrado la vista pública sobre el caso de dos devoluciones en caliente de migrantes en Melilla, por las que la Sala de esa corte ya condenó a España. El Gobierno de Mariano de Rajoy ya anunció que presentaría un recurso contra esta condena y, tras algunas dudas, Sánchez decidió seguir adelante contra este recurso, a pesar de contradecir sus propias propuestas. Así las cosas, el representante del Gobierno ante el TEDH, Rafael León, ha sido el encargado de defender el recurso en Estrasburgo, y lo ha hecho diferenciando entre la "inmigración económica" del caso examinado y la de los refugiados sirios y de otros países en guerra. En este caso, dijo, "el principio de no devolución no se aplica".

Aseguró que "la no admisión de extranjeros no significa expulsión" y preguntó a los jueces del Tribunal de Estrasburgo "si es mejor que las personas sigan la vía legal o que haya accesos ilegales tolerados en beneficio de las mafias". León recordó las hospitalizaciones de agentes de la Guardia Civil por ataques con "piedras, cuchillos y armas de fuego" en los "asaltos masivos" —misma terminología que empleaba Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Rajoy y encargado de dar encaje legal a estas devoluciones a través de la figura del "rechazo en frontera"—.

El representante del Gobierno se dirigió a los jueces para señalarles: "Ustedes están en su casa con su familia y ofrecen protección. Vienen personas golpeando las ventanas y ustedes las cierran. ¿Quién es el violento?, ¿quién es razonable y quién no?".

El TEDH consideró el pasado año que, más allá de ser o no razonable, el Gobierno español actuó de forma contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando, el 3 de agosto de 2014, los migrantes N.D. (de Mali) y N.T. (de Costa de Marfil) fueron fueron esposados y entregados a las autoridades marroquíes una vez que había traspasado el vallado fronterizo, "contra su voluntad" y "sin ninguna medida administrativa o judicial previa ni una asistencia jurídica". El Tribunal entendió que fue una "expulsión de carácter colectivo" y que España no protegió el derecho de los demandantes a un recurso efectivo de esa devolución.

Ambos volvieron a intentar sin éxito saltar la valla de Melilla en octubre y diciembre de 2014. El primero se encuentra en Mali y el segundo está en el sur de España, según su defensa.

Los abogados de los demandantes, el alemán Carsten Gericke y el español Gonzalo Boye, defendieron los argumentos de la sentencia de Sala y afirmaron que "España intenta justificar su comportamiento ilegal por la presión migratoria".

Dijeron que, según cifras del anterior comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de las demandas de asilo solicitadas en la UE en aquella época, sólo un 2 % correspondían a España.

El abogado español dijo a la prensa que "(el presidente del Gobierno español,) Pedro Sánchez firmó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley mordaza —en la que el PP introdujo la posibilidad de ralizar devoluciones automáticas de migrantes— que va en nuestra línea, y el Reino de España viene hoy aquí a defender una línea totalmente opuesta" a ésa.

Boye (uno de los abogados del líder independentista Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española) acusó a España de "generar confusión", ya que en su opinión se quiere centrar el caso en la cuestión del asilo y "nosotros lo que decimos es que tenían derecho a ser identificados y a un recurso efectivo".

La representante de la Agencia de la ONU para los refugiados, Grainne O'Hara, y la comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, consideraron por su parte que la presión migratoria "no justifica actuar sin los valores del Convenio".

O'Hara recordó que, en los últimos años, "1.500 personas han sido expulsadas sin identificar en Ceuta y Melilla". La sentencia de la Gran Sala se hará pública en los primeros meses de 2019.