La Policía ha desarticulado en Madrid una red que prostituía a jóvenes y niñas menores de edad procedentes de Bulgaria en una operación que se ha saldado con la detención de 41 ciudadanos búlgaros y la liberación de catorce víctimas en España -doce de ellas menores- y cuatro en otros países europeos.

Las víctimas eran traídas desde Bulgaria con falsas promesas y una vez en España eran preparadas para obedecer las instrucciones que ordenaba el cabecilla y obligadas a cometer robos y a ejercer la prostitución.

Se trata de una operación conjunta de las policías Nacional y Municipal de Madrid fruto de una investigación que se inició en abril del año pasado cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo de ciudadanos de países del este que se dedicaba a cometer robos en comercios y a vender la mercancía sustraída en diferentes países europeos.

Los investigadores detectaron que la organización ocupaba inmuebles pertenecientes a entidades bancarias que estaban ubicados en la capital madrileña desde los que dirigían el entramado en los que además instalaban a las víctimas, que residían hacinadas en estas viviendas, informan ambos cuerpos.

En algunas ocasiones, la organización compraba las niñas a sus propios familiares a cambio de una cantidad económica acordada efectuando el pago en dos abonos, uno en el país de origen y otro una vez en España y en función de la pericia delictiva que mostraran las menores.

La red, que se encontraba perfectamente organizada y contaba con un estricto reparto de tareas, estaba compuesta por unos especialistas encargados de localizar y ocupar pisos deshabitados, desde los que centralizaban las operaciones, y otros miembros de la organización actuaban como "pasadores" con la misión de seleccionar y acompañar hasta España a las víctimas.

Algunos detenidos, los "controladores", se encargaban del cobro y de la gestión de las viviendas, y además contaban con las denominadas "adiestradoras", dedicadas a la formación de las nuevas víctimas, mayoritariamente menores de edad con poca experiencia delictiva.

El último peldaño estaba integrado por los "receptadores", que se encargaban de vender los productos robados por las víctimas.

Las pesquisas han podido determinar que varias de las menores, una de ellas de apenas 13 años, fueron obligadas a casarse con miembros de la organización y a ejercer la prostitución como parte del pago a los familiares.

Además se hallaron muchos aparatos electrónicos, principalmente de telefonía, y objetos de valor, como joyas de oro, procedentes de los robos. También se intervino una gran cantidad de dinero además de 28 documentos de identidad de distintas personas de diferentes nacionalidades.