La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha redactado un manifiesto al que se han sumado nueve partidos políticos con representación en el Congreso, en el que insta a suspender todos los desahucios y los cortes de suministros básicos a familias vulnerables. 

El documento -al que se han adherido Unidas Podemos; ERC, Bildu; JuntsxCat; CUP; Más País; Compromís; BNG, y Nueva Canarias- pide la aprobación inmediata de un nuevo decreto que suspenda todos los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que carezcan de alternativa habitacional, adoptando las compensaciones adecuadas, si fuera necesario, en los desahucios de pequeños propietarios.

Esta moratoria deberá regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios sin alternativa habitacional, prosigue el documento.

Las medidas aprobadas para paliar los efectos de la covid-19 supusieron un alivio temporal para muchas personas, pero "eran claramente insuficientes porque dejaban sin protección a las familias que ya estaban en vulnerabilidad con anterioridad al estallido de la pandemia", señala el documento.

"En tiempos de pandemia se le está pidiendo a la ciudadanía que haga todo tipo de sacrificios y, en aras de la salud pública, se le recortan libertades y capacidad de movimiento; es insistente el requerimiento de quedarse en su casa", asegura la plataforma. "Nuestro estado social y de derecho no puede, al mismo tiempo, mirar para otro lado en la continuidad de los desahucios de un sector importante de la población: la de familias y personas vulnerables, poniendo en riesgo su salud y la de todas".

Un compromiso 

En consecuencia, desde la PAH han asegurado que se comprometen a "reclamar al Gobierno la aprobación urgente de este decreto. No solo por Justicia Social y en cumplimiento de los Derechos Humanos, ni tan solo para cumplir los dictámenes condenatorios a España por vulneración de ese derecho, y con las recomendaciones que ambos contienen, sino también y muy especialmente, por razones de Salud Pública". 

En este sentido, señalan que la moratoria deberá durar hasta la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda que deberá regular de forma definitiva la imposibilidad de llevar a cabo desahucios sin alternativa habitacional. 

Dando cumplimiento al artículo 47 de la Constitución y a las diferentes medidas que las Naciones Unidas recomienda al estado español para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales subscritos por España en materia de Derechos Humanos.