El Juzgado de Primera Instancia 9 de Vigo ha aplazado un mes el desahucio programado para mañana de una mujer víctima de violencia de género con tres hijos menores de edad a su cargo, informan fuentes de la Federación de asociaciones de vecinos Eduardo Chao (Favec). El aplazamiento se produce después de que la Xunta enviara hoy al juzgado un informe sobre el estado de vulnerabilidad de esta familia.

La presidenta de Favec, María Pérez, acompañada de esta madre, Aicha E.F., compareció esta mañana ante los medios para urgir una solución de última hora y criticar que el Ayuntamiento siguiera sin enviar dicho informe.

Pérez ha lamentado la situación "horrorosa" por la que está pasando esta familia y ha reseñado que, si los servicios sociales municipales hubieran enviado antes el informe al que el pasado noviembre se vinculó el aplazamiento del desahucio, se habría evitado toda esta incertidumbre.

Mientras, la concejala de Bienestar Social de Vigo, Isaura Abelairas, ha insistido en que la petición del informe tiene que partir del juzgado, y ha mostrado una solicitud similar sobre otro caso en el que sí se ha seguido, ha dicho, el protocolo establecido.

Además, Abelairas ha acusado a la presidenta de la Favec de "utilizar la situación" de esta familia y de incurrir en "una torpeza de tal calibre que parece hasta un delito" al reclamar para Aicha E.F. y sus hijos un piso para víctimas de violencia y dar la dirección del mismo.

Por lo demás, ha reiterado que las competencias en esta materia recaen en la Xunta, que es la que "tiene que buscar pisos" para las personas en riesgo de ser desahuciadas. En medio de esta confrontación, Aicha E.F. ha señalado que no tiene a nadie en Vigo más que a sus tres hijos.

Cobra la renta de integración social, cuya cuantía acaba de elevar la Xunta por encima de lo 600 euros, más un bono de alquiler, y del Ayuntamiento de Vigo ha recibido dos meses la ayuda de alquiler, un bono de alimentos y ayudas de comedor para sus niños.

La presidenta de la Favec ha indicado que no tendría problemas en establecerse en otra ciudad si la Xunta le encuentra un piso cuya mensualidad pueda afrontar. En el que reside actualmente dejó de pagar los 300 euros de alquiler hace un año.