Ari tiene solo dos años y ya ha vivido una de las experiencias más traumáticas para un niño, el desahucio de su familia la pasada semana en Vallecas con intervención policial. Aunque por suerte, dice su madre, no es consciente de la situación. O no del todo. "A los mayores se lo he explicado, pero a ella no. Ya no sé qué inventarme cada vez que me dice que nos vayamos a su casita", sostiene Manuela.

La imagen de la niña cruzando el umbral de la puerta que los antidisturbios habían reventado minutos antes se coló en todos los hogares del país. Los desahucios, insisten los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), le pueden sobrevenir a cualquiera, aunque siempre hay sectores de la sociedad que lo ven venir de lejos, mucho antes de que les llegue la notificación del juzgado.

Ese era el caso de Manuela Martín, de 35 años, su marido y sus cuatro hijos de entre 2 y 9 años. Aquel fue el cuarto y definitivo intento de desalojo, y ese no pudieron pararlo ni con el portal lleno de activistas. Los dos primeros se paralizaron debido a la pandemia, el tercero lo pararon en la misma puerta. "La comisión judicial fue clara. Hoy te quedas por la que tienes aquí montada, pero a la próxima se ejecuta el desahucio sí o sí. Eso me dijeron", recuerda. Era cierto.

La familia vivió durante años ocupando un inmueble vacío de la extinta y pública Bankia, ahora fusionada con Caixabank. "No podíamos hacer otra cosa con los ingresos que teníamos. Llevábamos mucho tiempo viviendo en casa de mis padres y, cuando la familia creció, tuvimos que buscar otra cosa".

Pero nunca lo encontraron. "Pasaba horas en internet mirando casas, pero al precio de mercado no podemos alquilar nada. Siempre hemos tenido trabajos precarios y ahora, con la crisis de la pandemia, solo tenemos cosas puntuales y en B", comenta la mujer, con su chaleco verde de la PAH, en los alrededores del Caixa Forum, el buque insignia de la responsabilidad social corporativa de Caixabank, en pleno Paseo del Prado de Madrid. Los desahucios de esta entidad financiera, ahora con una pequeña participación del Estado, suelen tener lugar en la periferia, lejos de los flashes de los turistas, de espaldas a ese Madrid impoluto donde se hace la cola para visitar el Museo del Prado.

Este viernes, junto a los anuncios de sus exposiciones y el perenne jardín vertical de su fachada, los viandantes y turistas que pasaban por el Caixa Forum se han encontrado con un grupo de niños jugando con pistolas de agua y dibujando casas en folios de colores, unos cuantos activistas con chalecos con el lema "Stop Desahucios" y varias pancartas pidiendo una vivienda para Manuela.

"Menos obra social y más alquiler social", rezaba uno de los carteles. Eso es lo que lleva pidiendo Manuela más de nueve años. Han solicitado vivienda social al antiguo IVIMA (ahora, Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid) y a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), "pero la respuesta, cada año, es la misma. No hay casas para tanta gente", explica la mujer. Menos aún si Ayuntamiento y Comunidad deciden venderlas a precio de saldo a grandes fondos de inversión extranjeros.

Aunque reciben 900 euros al mes del Ingreso Mínimo Vital, Manuela no logra encontrar una casa que pueda permitirse. Sobre todo, porque son seis personas. Así que, explica, no le quedó más alternativa que buscar piso de otra manera, por otros canales. "Vallecas está llena de pisos vacíos de los bancos. Le pagamos 200 euros a una persona que nos abrió uno de Bankia. Llevaba cinco años vacío", insiste. Desde entonces, su familia tiene un techo, aunque siempre ha vivido con la "tensión, el miedo y la intranquilidad" de que ocurriera lo de la semana pasada. "Siempre piensas que puede pasar, que el desahucio se va a realizar, pero también tienes la esperanza de que no, de que vas a conseguir un alquiler social; te agarras a un clavo ardiendo", reconoce.

Llevaba tiempo intentando negociar con Bankia un alquiler social, pero nunca llegó y, en ese proceso, la casa fue vendida a un fondo de inversión. Con una ley de vivienda como la catalana, la entidad financiera habría tenido al menos que sentarse con la familia, en clara situación de vulnerabilidad, para buscar una solución. Pero la muy libre Comunidad de Madrid es la única región que carece de ley autonómica de vivienda, pese a la iniciativa legislativa popular que los colectivos por el derecho a la vivienda llevaron a la Asamblea de Madrid hace ya dos legislaturas. Ni siquiera fue debatida, gracias a los votos en contra del PP y Ciudadanos.

13 personas en la misma casa

Ahora, la familia vive en casa de los suegros, que ya acogen a otra familia de uno de sus hijos, también en Vallecas. "Esta a dos calles de donde vivía antes. Paso todos los días por la puerta y tengo que decirle a mi hija que he perdido las llaves de casa, que por eso no podemos entrar", reconoce. "No sé cuánto tiempo podremos estar así. No quiero ni pensarlo. La convivencia es difícil, porque vivimos 13 personas ahí, la mayoría niños", describe.

Forzar la negociación con la nueva Caixabank —"CaixaBankia", como la llaman los activistas— es ahora su caballo de batalla. "El futuro no pinta muy bien. No hay mucho trabajo y en el barrio hay desahucios como el mío cada semana mientras hay cientos de pisos vacíos. No queremos hacerlo, pero si no hay una solución, la única alternativa que nos queda será ocupar otra casa", sentencia convencida la mujer.

Pandemia de desahucios

La PAH y otros colectivos por el derecho a la vivienda llevan tiempo alertando de este drama y, sobre todo, del que está por venir. Lo desahucios por impago del alquiler hace ya tiempo que superaron a los lanzamientos hipotecarios, y la sangría económica que ha generado la pandemia ha llevado al límite a miles de familias que ya vivían en la cuerda floja antes de que el virus irrumpiera en nuestras vidas.

A pesar de que el Gobierno aprobó un decreto que paraliza desahucios por impagos derivados del crack pandémico, la PAH y otros colectivos no dan abasto en sus convocatorias de Stop Desahucios. La casuística es compleja y variada, y la norma, restrictiva. El decreto, explicaron esta semana frente a las puertas del Congreso de los Diputados, apenas puede aplicarse a los casos que les llegan, situaciones límite que, muchas veces, ya habían explotado antes de la pandemia y que ahora solo se han recrudecido.

El próximo 9 de agosto, este decreto decae y no está claro si el Gobierno va a prorrogarlo como ya hizo en el anterior vencimiento. Los activistas tienen claro que, con o sin decreto, casos como el de Manuela y su familia representan la pandemia que está por venir, una pandemia que la España de la crisis de 2008 ya conoció en toda su crudeza y cuyas casas, vacías, siguen en manos de los bancos que desahuciaron y que fueron rescatados con decenas de miles de millones de fondos públicos.