"Visité lugares que sospecho que muchas personas en España no reconocerían como parte de su país", aseguró tras su visita a España el relator de la ONU para la pobreza extrema. Fue apenas un mes antes de que llegara el virus a España. "En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental", alertaba. Nada ha cambiado para ellos pese a la pandemia, no están en los planes de reconstrucción.

Hace más de cinco meses que el Gobierno decretó el estado de alarma e impuso duras restricciones para frenar el avance del coronavirus. Las consecuencias económicas de la llamada gran reclusión no se hicieron esperar, a pesar de las diferentes medidas que el Ejecutivo ha desarrollado bajo el repetido lema de "no dejar a nadie atrás".

Casi al mismo tiempo que avanzaba la pandemia surgieron dos iniciativas de forma paralela con una reivindicación que ya viene de años y que, según los más de mil colectivos que la impulsan, se hace más necesaria que nunca: la regularización extraordinaria de alrededor de 600.000 migrantes y solicitantes de asilo —según sus estimaciones— que actualmente residen en España, entre el olvido institucional y la indiferencia social, sin poder beneficiarse de las ayudas del Gobierno, sin derechos reconocidos, desamparados y, una vez casi controlada la pandemia, muchos convertidos en focos de contagio por sus lamentables condiciones de vida y trabajo en las campañas agricolas.

Una reciente investigación de la Fundación porCausa y la Universidad Carlos III (UC3M) de Madrid rebaja ligeramente la cifras de personas en situación irregular en España, aunque es cambiante. Según este informe —basado en diversas estadísticas, aunque también son solo estimaciones— a finales de 2019 había entre 390.000 y 470.000 personas sin papeles. Apenas son un 0,8% de la población total del país y no supera el 13% de los inmigrantes de fuera de la UE. 

Ya estaban a la cola antes de la pandemia, sobreviviendo en la economía sumergida, en viviendas precarias e incluso durmiendo al raso. Soportan condiciones de semiesclavitud, ya sea en los invernaderos de Almería, en los campos de frutales de Catalunya, en las habitaciones para el servicio de las familias acomodadas de grandes ciudades o en pisos, polígonos industriales y prostíbulos del país.

La casuística es amplia, aunque hay un perfil tipo muy alejado del imaginario común. No es un varón joven magrebí o subsahariano el rostro más común de la irregularidad. Como en tantas otras injusticias socioeconómicas de España y Europa, la clandestinidad administrativa también tiene rostro de mujer y no llega en patera ni tienen que saltar vallas con cuchillas, sino que bajan de un avión. Son, sobre todo, colombianas, venezolanas y hondureñas que pueden entrar como turistas o solicitando asilo o protección internacional, pero caen más temprano que tarde en el desamparo institucional y documental. La tasa de irregularidad total de estas nacionalidades oscila entre el 30% y el 50%.

Según este trabajo, casi cuatro de cada cinco migrantes irregulares proceden de Latinoamérica. África entera solo genera un 9,2% de los migrantes irregulares que actualmente viven en España. Unos 43.000 de los que prácticamente la mitad son marroquíes, a pesar de las facilidades legales y la engrasada maquinaria para su devolución. Para romper esquemas, hay que tener en cuenta que la tasa de irregularidad de los procedentes de África es tres veces más baja que la de los que vienen de Canadá y Estados Unidos juntos, según el estudio del investigador de la UC3M Ismael Gálvez-Iniesta

La espiral de la irregularidad

Muchos llevan años inmersos en una espiral de irregularidad que la exigente y "anticuada" normativa de Extranjería española les impide abandonar, por mucho que lo intenten. La vía más común para acceder a los ansiados papeles es la del arraigo social. Pasa por sobrevivir, en las condiciones que sean, como mínimo tres años acreditados en el país, un requisito complicado teniendo en cuenta los habituales obstáculos para empadronarse.

Si lo consiguen, tienen que encontrar a un empleador dispuesto a hacerles un contrato de al menos un año; rara avis en uno de los colectivos que más temporalidad laboral sufre. Superar este filtro, repetidamente criticado por las organizaciones e, incluso, por el Defensor del Pueblo, puede ser un esfuerzo en balde si se pierde el contrato de trabajo.

"Los últimos 15 años han sido el fracaso de la fórmula del arraigo social para conseguir la residencia, tal y como la aplicó el PP y después de él, la antigua secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, claramente continuista", sostiene Paco Solans, abogado extranjerista. "Fue hacerlo casi imposible, no solo con la excusa de que el contrato deba ser de un año —cosa casi imposible tras la reforma laboral—, sino con cualquier otra excusa en una política ultrarrestrictiva que lo convertía en una auténtica gincana", critica. "El arraigo nació para que no hicieran falta más regularizaciones masivas, pero al haberlo aplicado así, ahora hacen falta de nuevo, y eso es culpa de quienes están en contra de la regularización, el PP y ahora, Vox", sentencia. Aunque el PSOE no parece dispuesto a acometer una medida que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, también está pidiendo. 

Ya de por sí relegados a los márgenes del sistema y privados de derechos básicos fundamentales, las condiciones que ha generado la pandemia han profundizado su precariedad hasta llevarlos al límite. De Huelva a Lleida, pasando por Almería, miles de temporeros no han podido desplazarse, ni para trabajar —ninguna empresa podía justificar el desplazamiento de quien no existe legalmente— ni para buscar trabajo. La solidaridad vecinal y de numerosos colectivos sociales y la ayuda de las ONG han sido su único medio de supervivencia durante todo el estado de alarma y, en muchos casos, lo seguirá siendo durante la llamada reconstrucción.

Regularización "permanente y sin condiciones"

"Para salir de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo", aseguraba la carta firmada por más de mil colectivos de personas migrantes y organizaciones antirracistas del país, agrupados en la iniciativa #RegularizaciónYa.

Pedían al Ejecutivo una regularización "urgente, amplia y extraordinaria", pero también "permanente y sin condiciones" para evitar recaídas. También han peleado para que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) incluyera a "la población más precarizada y que menos apoyos recibe".

Sin embargo, opinan, la frase "no dejar a nadie atrás" ha quedado "vacía de contenido", ya que la medida estrella del Gobierno para amortiguar el mazazo económico entre las familias también se ha olvidado —y no porque no hayan insistido— de ellos. Tan sólo tres perfiles de personas en situación irregular tienen derecho a esta prestación: las mujeres víctimas de trata, las víctimas de la violencia machista y mujeres en prostitución con especial vulnerabilidad.

Ni siquiera los solicitantes de asilo han sido incluidos en este llamado "salvavidas social", a pesar de que inicialmente estaba contemplado. "¿Cómo uno de los colectivos más vulnerabilizados queda excluido? De mantenerse así, esta medida no será eficaz para acabar con la desigualdad y la pobreza, sino que las perpetuará en las vidas de las personas en situación administrativa irregular", asegura Edith Espínola, una de las portavoces de la campaña #RegularizaciónYa y miembro del colectivo Servicio Doméstico Activo (Sedoac).

"Etnificación de la pobreza en España"

Para Paco Sonlans, presidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas, con la actual "bolsa de irregulares" excluidos del IMV "se va a generar un efecto indeseado, la etnificación de la pobreza en España", se va a reducir la "gran bolsa de pobreza severa, eso es muy loable, pero no podemos crear una pequeña bolsa que, además de superpobres, sean extranjeros, ilegales, fácilmente explotables y sin ningún derecho", afirma el letrado, que insiste en que el perfil es "muy concreto e identificable, ya estigmatizado, y sobre el que no debería recaer este nuevo estigma añadido".

La demanda de una regularización "extraordinaria urgente" también llega por parte del tercer sector. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lanzó la propuesta al Gobierno y fue secundada por ONG como Oxfam Intermón, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Médicos del Mundo, Ayuda en Acción y más de 200 organizaciones y decenas de miles de firmas ciudadanas.

"Es la medida más ágil y exhaustiva para garantizar que todas las personas pueden hacer frente a esta crisis sanitaria y económica", afirma la organización. Su responsable de políticas y campañas, Paloma Favieres, la defendió ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, en el grupo de trabajo de políticas sociales y del sistema de cuidados.

Se trata, recordó, de dar derechos para "no añadir un plus de vulnerabilidad" que "va a poner a los pies de los caballos" a estos colectivos.

"Un contexto excepcional requiere de medidas excepcionales", sostuvo Favieres, que también pidió flexibilidad para la contratación de mano de obra extranjera en sectores que, sobre todo durante la pandemia, se han demostrado esenciales, como los cuidados, la agricultura, la logística, el transporte o las profesiones sanitarias. La abogada incidió en la necesidad de flexibilizar los requisitos para renovar los permisos de trabajo y de residencia, en vista de la gran cantidad de personas migrantes en situación regular que han perdido su empleo por la covid-19 y que pueden caer en la irregularidad sobrevenida, unos cambios normativos que también ha recomendado el Defensor del Pueblo y reiteradas ocasiones.

Precedentess en Italia y Portugal

Con los precedentes de Portugal e Italia, que han facilitado permisos de trabajo temporales a parte de sus migrantes irregulares durante la pandemia, las organizaciones insisten en que España debe seguir esa senda 15 años después del último proceso de regularización amplio. "Cualquier medida extraordinaria debe ir acompañada de un modelo de gestión más ágil y flexible, encaminado a evitar futuras bolsas de población irregular que tienen un gran riesgo de caer en la pobreza y la explotación", dijo Favieres.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aunque ha facilitado las cosas a menores no acompañados y a algunos trabajadores del campo, enfrío la posibilidad de un nuevo "papeles para todos", escudándose en la política migratoria común de la UE.

Los colectivos por la regularización han llevado al Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) que recoge sus demandas. Unidas Podemos, socio de Gobierno, y otros grupos parlamentarios las han hecho suyas. UP está pidiendo al Ejecutivo del que forma parte que atienda a este llamado, como siempre recogió en sus programas electorales, lo que ya ha generado críticas abiertas de sectores socialistas a la actitud de sus socios. Al fin y al cabo, el PSOE siempre fue un alumno aplicado y aventajado de la UE en cuanto al control migratorio.