“Soy hija de inmigrantes, nací en España hace 23 años, estoy acabando una carrera y sé que cuando acabe no podré opositar. Trabajo, pago mis impuestos pero no puedo votar en el que es mi país”. Esta es la historia de Safia Elaaddam, educadora social y activista antirracista que lleva cinco años tratando de conseguir la nacionalidad española, sin la que no se le permite votar. También es la historia de miles de hijos e hijas de migrantes a las que años de trámites administrativos han despojado de un derecho que solemos considerar universal. Para ellos, haber nacido es España no es motivo suficiente para poder votar, sino que tienen que demostrar sus conocimientos del país en un examen y esperar, en algunos casos más de cinco años, para obtener respuesta.

Es esta sensación de injusticia la que llevó a Safia Elaaddam y su compañero activista Ahmed Nasser El Alaoui (que milita en un partido, pero tampoco podrá votar en las elecciones) a crear la campaña #Cédenostuvoto. Mediante los hashtags #Tecedomivoto y #Cédemetuvoto, conectan en Instagram y Twitter a personas que no quieran votar con personas migrantes o hijas de migrantes que no pueden hacerlo, a las que cederían su voto.

En el día de las elecciones, las abstencionistas irán a las urnas acompañadas de la persona a la que hayan dado su voto y votarán lo que ella haya decidido, o le enviarán una foto de su papeleta si la persona que lo ha solicitado no puede acudir físicamente. La campaña en redes sociales ha dado paso a una página web en la que oferentes y solicitantes pueden inscribirse para, más tarde, ser puestos en contacto.

“La iniciativa no era para que nos cedieran el voto, la iniciativa era para denunciar la burocracia y las trabas que se nos ponen a las hijas de migrantes y a los migrantes en España”, ha explicado Safia a Público. Su intención era conectar en una foto de Instagram a personas que se encontrasen en esta situación, para que pudieran unirse y denunciarlo. En ese momento, “también se pusieron en contacto conmigo personas que no eran ni migrantes ni hijas de migrantes, pero que querían apoyarnos. Algunas de ellas me dijeron que querían ceder el voto, entonces se me ocurrió la idea de que podían ceder el voto a las personas que no podían votar”, cuenta. Desde entonces, miles de personas de toda España han ofrecido su voto a las personas afectadas.

Nacidas en España y sin derecho a votar

“Pago mis impuestos, cuento en la tasa de jóvenes que trabajan o la tasa de jóvenes que han llegado a la universidad, o la tasa de cualquier estadística que se haga, todo lo que pasa en España me afecta en primera persona, pero aún así, no tengo el derecho de decidir”, señala Miriam (nombre ficticio) en un email de respuesta a la iniciativa. “Hija de inmigrantes, nacida en España. Hace 3 años envié mi solicitud para la nacionalidad, ahora dicen que se ha perdido mi expediente y a saber cuánto más tengo que esperar”, denuncia otra joven, que señala que, a pesar de haber nacido en España, su documentación se llama “Número de Identificación de Extranjeros, no Documento Nacional de Identidad, como el de los españoles”. Alrededor de mil personas con situaciones similares se han puesto en contacto con la activista para solicitar un voto.

El artículo 17 del Código Civil español sólo admite como españoles “de origen” a los hijos e hijas de padres extranjeros si uno de los progenitores hubiese nacido en España o si ambos careciesen de nacionalidad. En el artículo 22, se reconoce a las personas hijas de migrantes que hayan nacido en España la concesión de la nacionalidad por residencia si han vivido en el país durante al menos un año. La solicitud de la nacionalidad por esta vía requiere desde 2015 la realización de un examen de lengua española y otro de conocimientos constitucionales y socioculturales.

Cartel de la campaña

La precursora de la campaña, que tiene 23 años, lleva desde los 18 tratando de obtener la nacionalidad. Cuando lo intentó por primera vez, le pidieron que esperase dos años más. Pasados esos dos años, le explicaron que la legislación había cambiado y tendría que presentarse a unos exámenes. “Yo les dije que yo no tenía por qué hacer exámenes si había gente como yo que no los hacía, gente que tenía padres españoles. Yo he nacido aquí, no tengo por qué hacer ningún examen para demostrar mi españolidad”, comenta, indignada.

La Orden Ministerial 1625, aprobada en septiembre de 2016, permite a las solicitantes de nacionalidad que hayan superado la Educación Secundaria en España solicitar una dispensa de la prueba. Eso hizo Elaaddam hace un año y aún sigue esperando noticias: “Todavía no me han contestado y, cada vez que llamamos a Madrid, cada funcionario me dice una cosa diferente: Algunos nos dicen que no está aprobado, pero en realidad sí que está aprobado, otros nos dicen que todavía no saben cómo hacerlo y que no lo tienen claro…”, explica.

Esperas de hasta “cuatro o cinco años” y personas que no se pueden pagar los trámites

“Yo llevo cinco años esperando sin haber hecho el examen, pero es que hay gente que lo ha hecho y lleva cinco años esperando”, denuncia Elaadam. “A lo mejor, han pedido siete años de su vida solamente por el tema de la nacionalidad española. Eso es un desgaste económico, emocional, mental, físico y de todo”, apunta.

Danaé García, abogada de la asociación SOS Racismo que apoya a migrantes en sus trámites de nacionalidad, aclara a Público que los trámites se han acelerado mucho en el último año, alcanzando el plazo legal que establece un año como duración máxima de tramitación. Sin embargo, señala que muchas personas que hayan solicitado su nacionalidad hace más de un año siguen esperando a recibir una resolución. “De media esperaban 3 o 4 años”, comenta, “si te requerían por lo que fuera, podía demorarse hasta 5 o 6 años”. Este bloqueo explica que actualmente haya personas que han presentado su solicitud hace 4 o 5 y esta aún no se haya resuelto.

El precio de los trámites también es un obstáculo para muchas personas y, en especial, familias. El coste total de la solicitud asciende en muchos casos a los 300 euros: 85 euros para el examen de conocimientos del país, 120 del examen de español si no es su lengua materna y 102 de tasas. “Hay gente que lo pospone porque no todo el mundo puede pagar los trámites, más la solicitud de los documentos necesarios en sus países de origen”, explica la abogada. Estas personas no podrían votar hasta que reúnan el dinero necesario para la tramitación de su nacionalidad.

Una campaña similar a la de los expatriados en las Generales de 2015

La asociación Marea Granate, colectivo de españoles residentes en el extranjero, ya utilizó una estrategia similar para que emigrados españoles pudiesen sortear los obstáculos del voto rogado en las Elecciones Generales de diciembre de 2015. Las trabas administrativas para solicitar el voto desde el extranjero impidieron en las últimas elecciones generales ejercer el derecho al sufragio a alrededor de medio millón de personas. Poniendo en contacto a abstencionistas que se encontrasen en España para que donasen sus votos a personas expatriadas, Marea Granate logró “rescatar” más de 3.000 votos para estas personas.

La asociación decidió no dar continuidad a esta iniciativa en las siguientes convocatorias electorales, al sentir que desviaba la atención de su reivindicación central: la derogación del voto rogado. De la misma manera, la campaña Votar es un derecho tiene una finalidad aún más ambiciosa que contribuir a que los y las migrantes puedan expresar su voluntad en las urnas: que se agilicen los trámites para obtener la nacionalidad y que las personas hijas de migrantes que hayan nacido en España la obtengan directamente. Para ello, asegura Elaaddam, “vamos a seguir la lucha después de las elecciones, durante las elecciones y hasta que haya un cambio”.