La lista de espera de la dependencia se redujo en 2020, pero a costa del aumento de personas fallecidas en el año de la pandemia: murieron 55.375 personas        –152 cada día– esperando un servicio al que tenían derecho o una respuesta de la administración. Siguieron desatendidas otras 232.243 personas.

El total de dependientes fallecidos durante 2020 ascendió a 248.751 personas, según el balance del Observatorio Estatal para la Dependencia en el año de la covid, que advierte de un exceso de mortalidad de 52.835 personas, siendo abril el mes más crítico en muertes, seguido de marzo y diciembre.

"Ha sido un año de retroceso marcado por la pandemia, ha sido terrorífico, de muchísimo dolor, sufrimiento y muerte", ha explicado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, en la presentación de esta evaluación, quien ha lamentado que "uno de cada cuatro dependientes fallecidos estaba en la lista de espera".

"Miren este dato terrorífico: cerca del 80% de las personas que salieron de la lista de espera entre marzo y diciembre, lo hicieron por fallecimiento, para vergüenza de los gobernantes", ha aseverado.

Casi siete de cada diez personas desatendidas, que permanecen en la lista de espera, viven en Catalunya (73.386), Andalucía (56.534) y Madrid (28.494). El sistema registra un total de 1.124.230 dependientes, a 31 diciembre de 2020.

"El impacto de la covid-19, el complejo procedimiento a veces inmisericorde y que la vicepresidencia de Derechos Sociales no incrementó el presupuesto ni un solo euro nuevo en el año 2020, han sido los principales motivos de ese retroceso", ha señalado Ramírez.

Más de 70.000 fallecidos en residencias

Solo en el mes de abril se registraron 34.977 personas fallecidas, un 113,4% superior a lo esperado, superando al mes anterior, en el que hubo 25.244 fallecimientos, indica el informe.

De los cerca de 250.000 fallecidos, el 80,7% tenían más de 80 años, el 14,8% tenían entre 65 y 79 años y un 4,4 5 menos de 65 años.

La mortalidad ha afectado más a mujeres que a hombres, sobre todo a las de más de 80 años, con 107.401 mujeres fallecidas y 60.281 hombres (el 51,7% y 29% del total).

Se han registrado 72.804 fallecimientos de personas atendidas en residencias; entre ellas, el exceso de mortalidad por impacto de la covid-19 se estima en 26.340 personas.

De los fallecidos en espera, 21.005 no tenían aún resolución y 34.370 habían sido reconocidos como dependientes pero no disfrutaban de servicios o prestaciones.

De las personas que siguen en la lista, cuatro de cada diez son dependientes más graves (Grados III o II). A ellas hay que añadir 141.556 expedientes que están pendientes de valoración, con lo que la desatención supera las 370.000 personas.

Servicios de menor intensidad

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 306 euros (percibidas actualmente por 450.000 personas): 138 euros para los Grado I; 242 para los Grado II y 335 para los Grado III.

Casi dos años después de que se recuperase el derecho de las personas cuidadoras familiares a poderse dar de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales, solamente 60.293 lo están (el 13,4 % del total de las cuidadoras).

La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 447 euros al mes.

La Ayuda a Domicilio tiene una media de horas al mes de 17 horas para Grado I; 36 para Grado II y de 57 para los Grado III.

Se han perdido 7.000 empleos

En cuanto a los empleos en el sector de la Dependencia, en 2020, hay una ratio de 35 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno asciende al 40%. Por primera vez en toda la serie histórica el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha disminuido el empleo generado, se han perdido 7.000 puestos de trabajo, según el estudio.

Según denuncia la Asociación, hay un "recorte acumulado" de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, que asciende a 6.321 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares.

Según el documento, el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2020 asciende a 9.132 millones de euros, de los que las administraciones públicas aportaron 7.252 millones, y el resto (1.880 millones), las personas usuarias en forma de copago regulado.

Atendiendo al plan de choque para la dependencia, la Asociación de Directores y Gerentes celebra que "supone el fin de los recortes al sistema del año 2012", con un incremento de 623 millones de euros. La aportación del Gobierno de España para dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%.

La Asociación pide que la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación sean "la prioridad para que 100.000 personas dependientes salgan de la lista de espera y crear 25.000 nuevos puestos de trabajo".