La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, ha denunciado durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados las "intrusivas e inapropiadas" pruebas para la determinación de la edad de menores extranjeros no acompañados (MENA) en España.

Así lo ha manifestado ante la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia en la que intervino el pasado martes para explicar los principales retos en la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus protocolos facultativos sobre los menores migrantes no acompañados que, según sostiene, "sufren malos tratos bajo el supuesto amparo del sistema de protección de la infancia".

Reyzábal ha afirmado que, durante el procedimiento de determinación de la edad, los derechos de estos menores son "vulnerados" y les deja "en situación de indefensión y extrema vulnerabilidad". A su juicio, este proceso "vulnera sistemáticamente la presunción de la minoría de edad" de los niños.

Posible víctima de trata, sometida a desnudo integral

La presidenta de Fundación Raíces ha relatado el caso de una niña de 16 años procedente de Camerún, donde fue víctima de agresiones e intento de matrimonio forzoso y, por ello, "salió huyendo". Al llegar a España, fue identificada por la Policía como menor en situación de desamparo y, en condición de solicitante de asilo, fue derivada al sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid.

Tras dos meses, según ha explicado Reyzábal, desde el centro de acogida de menores fue conducida a la Fiscalía de Menores para iniciar el procedimiento de determinación de la edad. Allí, "fue sometida a un desnudo integral" para realizar una exploración de sus genitales, pese a ser "una posible víctima de trata".

A la joven también se le realizó una radiografía de muñeca y boca cuyo resultado determinó que era menor de edad. "A pesar de ello, fue convertida por un decreto del fiscal en una mayor de edad y expulsada a la calle desde el sistema de protección de Madrid", ha denunciado.

Procedimiento "sin garantías"

"Es un procedimiento sin garantías", ha subrayado, recalcado además el "limbo jurídico y social absoluto" en le que quedan estos migrantes que "se quedan en la calle con un pasaporte que dice que es menor de edad, pero un fiscal dice que es mayor de edad".

En este contexto, ha lamentado que los migrantes "no pueden ejercer sus derechos ni como menores, ni como adultos", y mucho de ellos no pueden trabajar "porque según el pasaporte es menor", pero tampoco puede ser escolarizado, tener asistencia sanitaria o acceder a muchos servicios sociales.

Para la presidenta de la fundación, es necesario que este procedimiento para conocer la edad de los menores migrantes "se haga con garantías" y las pruebas médicas debe "respetar" los derechos de las personas. En su opinión, los desnudos integrales "se hacen cada día" y "atentan contra su dignidad".

Según ha expuesto, debería "primar la condición de ser menor sobre cualquier otra" y el Gobierno debe "proteger el interés de los niños para que no queden en situación de desamparo". En este sentido, ha instado al Ejecutivo al "cumplimiento inmediato" de las observaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, al tiempo que ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, a comparecer en sede parlamentaria para que expliquen sus actuaciones a este respecto.

El Comité urgió al Gobierno a modificar el Protocolo Marco de actuación con menores extranjeros no acompañados y a adoptar medidas para asegurar que los niños que llegan son correctamente identificados como tales en frontera, así como a mejorar su acceso al procedimiento de asilo y garantizar condiciones adecuadas en los centros donde se les aloja, especialmente en Ceuta y Melilla.

"La ley es maravillosa amparando los derechos y niños, pero si convertimos a un niño migrante en adulto, deja de tener esos derechos", ha aseverado, para después lamentar que España "no dé validez" a algunos registros civiles procedentes de determinados países, como Marruecos. "Si no se da validez no es porque presenten signos de falsificación", ha recalcado.