La escalada de violencia contra los defensores de la Tierra no cesó durante la primera etapa de la pandemia. Los datos reportados por Global Witness hablan de 227 asesinatos de líderes ambientales de todo el mundo en 2020, el año con más ataques registrados. En ese periodo, según la publicación de la organización de defensa de los derechos humanos, hubo un promedio de unos cuatro crímenes a la semana en todo el planeta.

"Nuestras cifras son casi con certeza una subestimación, y muchos ataques contra defensores no se denuncian", han advertido a los medios desde la ONG internacional. Los datos reflejan, además, que el grueso de los asesinatos se cometieron en países del Sur Global, pues sólo uno se produjo en un país desarrollado (en Canadá). "A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta".

Más de la mitad de las matanzas denunciadas se dieron en tres únicos países: Colombia, donde se produjeron 65 crímenes; México, con 30 ataques; y Filipinas, país en el que la escalada de violencia no ha hecho más que incrementar desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, con 166 activistas asesinados en todo este tiempo, 29 de ellos en el último año. El cuarto país con más violencia contra indígenas y personas vinculados a la protección de los ecosistemas es Brasil, con 20 muertes documentadas. Un dato preocupante para Global Witness, que señala directamente a las políticas expansivas de Jair Bolsonaro como una de las causas del incremento del ensañamiento que sufren los líderes conservacionistas del país amazónico.

¿Quién mata a los activistas?

Aunque de los 227 asesinatos documentados en 2020 hay 51 en los que no se ha podido identificar a los autores materiales, la organización señala que el 70% de las víctimas estaban trabajando en la defensa de los bosques y contra su deforestación e industrialización. Así, al menos 89 de los delitos fueron llevados a cabo por sicarios contratados por compañías que tienen intereses económicos en los recursos naturales. "Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores".

No obstante, las instituciones también apretaron los gatillos de sus armas, pues en los países afectados se han documentado 18 asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y otros 12 en los que miembros de la Policía estaban implicados. "Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas", han argumentado desde Global Witness.

Victorias históricas

Pese la escalada de violencia y persecución, 2020 también fue un año positivo para las luchas de los pueblos indígenas contra la deforestación y los proyectos de extracción de recursos. La Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabwe consiguió frenar un proyecto minero que atentaba contra el Parque Nacional de Hwange, una reserva donde habitan algunas poblaciones de rinoceronte negro, en peligro de extinción. En Canadá, consiguieron frenar la financiación para la extracción de petróleo en el Ártico. En noviembre, el Tribunal Superior de Sudáfrica dio la razón a los activistas ecologistas y canceló la construcción de una de las mayores centrales de carbón del planeta, lo que zanjaba una pugna legal que dio su inicio en 2015.

En el mes de abril, la Justicia brasileña dio la razón a las comunidades indígenas Asháninka en Acre que llevaban más de dos décadas denunciando la deforestación masiva de su entorno. Las compañías implicadas fueron condenadas a pagar cerca de 3 millones de dólares a las familias autóctonas afectadas. En Honduras, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Víctor David Castillo como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y, además, dejó la puerta abierta nuevas investigaciones contra la familia Atala Zablah y otros directivos de la compañía DESA. 

La publicación de Global Witness recoge muchas otras victorias en Zambia, la República Democrática del Congo, Canadá, Panamá o Camboya y señala que, pese obtener el apoyo de la Justicia, en la mayoría de los casos, las persecuciones y amenazas contra colectivos indígenas y organizaciones conservacionistas han persistido.