El Defensor del Pueblo advierte al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche que tiene el deber legal de "velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos". Así lo ha manifestado en un comunicado a raíz de su visita al centro tras las quejas recibidas por el centro Pueblos Unidos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y de la asociación Karibu, que habían denunciado "graves vulneraciones de derechos".

El SJM ya denunció en su momento "la violencia que generan estos centros", tras el intento de fuga del 19 de octubre que dejó heridos a varios internos y policías. "En este caso lo que se recuerda es que no es una violencia puntual, sino estructural, incrementada por una gestión deficiente que obstaculiza la intervención social y prima medidas represivas", aseguran en el escrito.

Fue precisamente tras los incidentes del pasado octubre cuando un un técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y un técnico del Área de Migraciones e Igualdad de Trato del Defensor del Pueblo decidieron presentarse, sin previo aviso, en el CIE de Aluche para comprobar las condiciones en las que se encontraban los internos. 

Allí, mantuvieron diversas entrevistas con los jóvenes así como con el personal adscrito para conocer de primera mano el sistema de solicitud de protección internacional en el centro. Tras la visita, la institución decidió abrir una investigación de oficio en alusión a los incidentes ocurridos así como por problemas para presentar las solicitudes de protección internacional, unas dificultades que pudieron comprobar en primera persona. 

Los técnicos del Defensor del Pueblo pudieron certificar también que un numeroso grupo de internos puso de manifiesto la existencia de vejaciones y malos tratos por parte de los agentes de custodia del centro. Por ello, la institución recuerda al centro de Aluche que desde el centro tienen la obligación legal "de velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad".

A ello se suman obstáculos en el momento de la visita. Las citas de familiares y allegados se encontraban restringidas, mientras que las visitas de ONG se encontraban suspendidas. Fruto de esta visita, el Defensor del Pueblo ha emitido varios recordatorios de deberes legales mediante los que requiere a la administración responsable a que cumpla las normas jurídicas que le atañen como es la obligación legal de "garantizar el derecho de la persona interna a comunicarse en el horario establecido en el centro con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial, así como a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales".