Los cuatro empresarios de Chiclana de la Frontera (Cádiz) acusados de un delito de homicidio imprudente por cambiar a un trabajador de 42 años que sufrió un accidente laboral el uniforme por ropa de calle antes de llevarlo al hospital, donde falleció, han quedado en libertad con cargos tras ser detenidos este viernes por la mañana por la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron en julio de 2018, pero no fue hasta enero de este año cuando la Guardia Civil recibió un requerimiento de un juzgado de Chiclana para que iniciara una investigación sobre un posible accidente laboral mortal ocurrido el 17 de julio de 2018 en una empresa de la localidad dedicada al montaje e instalación de elementos de decoración en ferias y eventos.

La investigación determinó que el día en que se produjo el accidente, un trabajador de 42 años quedó atrapado en el mecanismo de una carretilla elevador y fue trasladado en un vehículo particular, aún con vida, al Centro Médico de Especialidades de la Longuera de Chiclana de la Frontera.

Antes del traslado del herido, el administrador de la empresa y otro trabajador le quitaron la ropa de trabajo de la empresa, donde figuraba el anagrama, para evitar responsabilidades, según la Guardia Civil.

Cuando llegaron al centro de salud, dijeron a los médicos que había sufrido una caída fortuita, una versión que mantuvieron cuando fue trasladado al Hospital Universitario de Puerto Real, donde falleció poco después.

Como consecuencia de la investigación desarrollada por la Guardia Civil tras el fallecimiento, su viuda e hijos han visto incrementadas las pensiones que les correspondían y que tras el fallecimiento por supuestas contingencias comunes les habían dejado prácticamente en la indigencia, ha explicado la Guardia Civil.

Los agentes investigaron los hechos denunciados a finales de octubre ante la Inspección de Trabajo por parte de los familiares del fallecido, A.S.S., de 42 años de edad, e incluyeron la toma de testificales, visitas e inspecciones en la empresa implicada, así como una detallada Inspección Técnico Ocular, aunque la Guardia Civil ha detallado que la investigación se vio dificultada por el tiempo que había pasado desde que sucediera el accidente.

Las primeras actuaciones derivaron en nuevas propuestas de sanción ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, "habida cuenta del desprecio que los responsables de la empresa demostraban en cuanto a la normativa vigente en materia de urbanismo y riesgos laborales", ha agregado la Guardia Civil.

Derechos de los trabajadores

La investigación determinó que el día en que se produjo el accidente un trabajador quedó atrapado en el mecanismo elevador de la carga de un vehículo fenwich y que fue trasladado en un vehículo particular, aún con vida, al Centro Médico de Especialidades de la Longuera de Chiclana de la Frontera.

Previamente al traslado del herido, según relata la Guardia Civil, el administrador de la empresa y otro operario le despojaron de la ropa de trabajo y en la que llevaba inscrito el anagrama de la misma "al objeto de no despertar sospechas y así evitar responsabilidades".

Cuando llegaron al centro de salud, la información que se dio a los facultativos que lo atendieron de urgencia era que había sufrido una caída fortuita y mantuvieron esta versión en su traslado al Hospital Universitario de Puerto Real, donde falleció instantes después, certificándose una muerte accidental.

La situación económica en la que quedaron la compañera del fallecido así como sus dos hijos resultó bastante precaria, ya que, al decretarse una muerte por contingencias comunes, las pensiones de orfandad y viudedad resultantes, les dejaban prácticamente en la indigencia, ha explicado la Benemérita, cuya investigación permitió conocer que el fallecimiento "se debió a una nula formación en el manejo de la maquinaria".

También asegura que había "carencia absoluta de prendas de protección personal, Planes de Seguridad o Planes de Evacuación y mostrando un desprecio manifiesto en materia de prevención en riesgos laborales, así como ausencia de afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores, incluido el fallecido". Todas estas circunstancias se habían mantenido en el tiempo, llegando a ser constatadas por los propios guardias civiles cuando se personaron en diversas ocasiones en la sede de la empresa para realizar la reconstrucción de los hechos.

Por todos estos motivos, fueron puestos a disposición judicial ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Chiclana de la Frontera los cuatro responsables de la empresa en cuestión como presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, elevando los informes correspondientes ante los organismos competentes sancionadores por las irregularidades administrativas detectadas.

Tras la conclusión de la investigación, según ha destacado la Guardia Civil, los familiares del trabajador fallecido han podido regularizar las pensiones que legalmente les correspondían como consecuencia de un fallecimiento por accidente laboral. incrementadas las prestaciones que recibirán.