Desde el regreso del turismo de masas en Barcelona después de la pandemia, los cruceros han estado en el punto de mira por la masificación, los problemas de movilidad y la contaminación que generan. El gobierno encabezado por Ada Colau abanderó la regulación del sector, aunque no pudo evitar que en 2022 se recuperaran las cifras de cruceristas de 2019.

El reciente anuncio de que el Puerto de Barcelona ha reiniciado el concurso para adjudicar la séptima terminal de cruceros ha generado polémica por si esto va precisamente en la dirección contraria. ¿Aumentará el tráfico de estos barcos, ahora que ha habido un cambio de color político en el consistorio?

¿Se trata de una nueva terminal?

La construcción de esta terminal no es una novedad. En 2018, el Ayuntamiento, encabezado por la entonces alcaldesa Ada Colau, firmó un acuerdo con el Puerto para regular las terminales de cruceros. Estaba previsto que pasaran a ser 13 pero finalmente se limitaron a siete. La que ahora se ha iniciado es precisamente la terminal G, es decir, la séptima.

Sin embargo, los Comuns se han mostrado disconformes con una decisión que alegan que aumentará la masificación. "En 2018 fijamos un máximo. En ningún caso dijimos 'haremos siete'. Tenemos que mirar cuántas terminales son realmente necesarias", sostiene la concejala Janet Sanz a preguntas de Público.

Actualmente Barcelona tiene cinco terminales en funcionamiento, y una sexta que se está construyendo, lo que permitirá incrementar la capacidad de 3,3 millones de cruceristas a 4 millones.

Daniel Pardo, miembro de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico y de la plataforma Stop Cruceros, señala que en 2018 "por primera vez se puso un tope", pero era un límite que avalaba un crecimiento, que es el que ahora se está explotando.

Además del límite de siete terminales, el acuerdo de 2018 pactaba situar a los cruceros en las zonas del puerto más alejadas de la ciudad. Esto, para los colectivos, implicaba no sólo intentar esconder la cuestión a la vista de los ciudadanos, sino que en la práctica permitía ganar capacidad puesto que las más cercanas se estaban quedando pequeñas. "El crecimiento potencial es inmenso", apunta Pardo.

¿Por qué se ha iniciado el concurso para adjudicarla?

La polémica ha nacido a raíz del anuncio del Puerto de este miércoles, cuando informó de que reiniciaba el concurso público para escoger a la empresa que construirá y explotará la séptima terminal. El pasado noviembre ya empezó el proceso, pero tuvo que detenerlo porque varias empresas interpusieron un recurso porque consideraban que favorecía a una compañía concreta.

Fue con esa paralización cuando el Ayuntamiento -aún de Colau- propuso anular totalmente el concurso y no poner en marcha esta nueva terminal. Este movimiento, según los servicios jurídicos municipales, era "viable" y no tenía coste alguno para la Autoridad Portuaria, pero ni el Puerto ni las navieras lo vieron con buenos ojos. El Puerto es de titularidad del Estado y es un organismo autónomo cogestionado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento.

"Para nosotros era necesario no convocarlo [el concurso]. Barcelona no necesita más cruceros, sino una propuesta de regulación y control", señala Sanz. La futura terminal tendrá una superficie de concesión superior a los 54.000 metros cuadrados y una línea de muelle de 450 metros, que le permitirá acoger cruceros de 400 metros de eslora.

Stop Cruceros valoró esta reconsideración del Ayuntamiento, pero Pardo apunta a que se dio "en plena precampaña" y sin una revisión de lo que se había hecho antes. "El tema de los cruceros ha entrado bastante en la agenda política y electoral", reconoce el activista.

Por otro lado, Sanz critica que ahora el gobierno municipal de Collboni pase de puntillas sobre la propuesta que hicieron en el anterior mandato. "Vamos a seguir batallando para que esta terminal no se desarrolle", advierte.

¿Cómo avanza la mesa de la Generalitat y el Ayuntamiento para regular el sector?

Durante el último mandato, Colau reclamó establecer límites al número de cruceros en la ciudad en una regulación similar a la que tienen las Islas Baleares, con un máximo de tres al día. Ayuntamiento y Generalitat se reunieron en una mesa que no ha dado resultados. "Desde allí declararon públicamente la intención de reducir el tráfico de cruceros, pero quedó en nada, parado", lamenta Pardo.

El activista sostiene que ni Generalitat ni autoridad portuaria tienen intención "de regular o limitar nada" y que el Puerto se ha descolgado de las reuniones con una propuesta propia llamada Mesa por la Sostenibilidad de los Cruceros. "No existe y no es posible, ese concepto de crucero sostenible", critica.

Por su parte, Sanz señala que es responsabilidad también de la Generalitat avanzar en esta materia. El presidente del Puerto, actualmente Lluís Salvadó, es nombrado por el Govern. "Ha sido él quien ha elevado este punto [al Consejo de Administración]. Catalunya tiene la capacidad de plantear al Estado una propuesta de regulación de un máximo de cruceros al día en la ciudad".

El impuesto a los cruceros, en tramitación

El único avance que se constata al respecto es sobre la aplicación del impuesto a los grandes barcos, que afectará también a los cruceros. Tras meses atascado, finalmente el president Pere Aragonès anunció que el proyecto que lo incluye se aprobará en julio. Según informa la ACN, Aragonès fijó dentro de este curso político el inicio del proceso legislativo del anteproyecto, aunque esto deja en la incertidumbre la entrada en vigor de un tributo anunciado en un principio para 2023.