Diecisiete años sin oposiciones. Una espera larga, pero también tortuosa. Sobre todo, desde que hace dos años RTVE publicó la convocatoria para informadores, la esperanza para tantos periodistas precarios, en paro o recién salidos de las facultades. Algunos comenzaron entonces a preparar las pruebas. Otros, que aguardaban la noticia desde tiempo atrás, llevaban tiempo estudiando sin una fecha en el horizonte.

Sin embargo, la convocatoria de las Bases Generales de la Convocatoria 1/2022 fue el comienzo de su vía crucis. Muchos aspirantes se enfocaron en la preparación de las pruebas y dejaron sus empleos, redujeron sus jornadas laborales o compatibilizaron, con gran sacrificio, sus trabajos con el estudio. Creían entonces que podría merecer la pena, como María Miret, una periodista freelance que decidió poner toda la carne en el asador.

Contó con el apoyo económico de su familia y optó por alternar encargos esporádicos con la preparación de las pruebas. "Soy periodista autónoma porque renuncié a trabajos y a cobrar dinero para sacar tiempo para estudiar. Era la única forma de intentar sacar las oposiciones. ¿Cómo nos van a devolver el tiempo y el dinero que hemos invertido?", se pregunta una de las 5.000 perjudicadas por la cancelación del examen.

La decepción llegó media hora antes de comenzar la prueba en el campus universitario de Somosaguas (Madrid), donde este domingo se arremolinaban miles de opositores incrédulos: tras reunirse con los sindicatos, RTVE anunciaba que cancelaba el examen por una filtración del 83% de las preguntas y sus respuestas. USO intentaba justificar la decisión en la necesidad de "garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades".

No era el primer revés para María Miret, porque un año antes, en octubre de 2023, la Audiencia Nacional estimaba una demanda presentada por varios sindicatos y declaraba nulos varios requisitos para presentarse a la oposición, como tener una "experiencia profesional mínima demostrable" y "haber prestado servicios por un periodo igual o superior al año en puesto análogo al que opta". Conclusión: se suspendieron los exámenes.

"Tras la sentencia de la Audiencia Nacional, nos vimos perjudicadas las personas que ya llevábamos un año estudiando, porque cambiaron las bases y pasamos a competir con muchos más candidatos", se queja María Miret, quien no se muestra del todo sorprendida por la cancelación de la prueba prevista para este domingo. "En el fondo no nos lo queríamos creer, pero era de esperar".

A ella, como a algunos otros compañeros, les escama el rosario de adversidades que se han sucedido desde que decidieron presentarse a las oposiciones. "Desde el principio, tengo la sensación de que hay una mano negra detrás, a pesar de que no tengo pruebas. ¿Hubo una filtración o es solo una excusa?", se pregunta. "Suena muy feo".

"Aunque no procede alimentar los bulos ni las conspiranoias, da la impresión de que el proceso libre es un paripé, porque las oportunidades son menores que las de quienes ya trabajan en RTVE, que por supuesto tienen derecho a sacarse la plaza", se plantea esta periodista autónoma después de escribir en la red social X: "Ha quedado claro que la mano negra político sindical es demasiado alargada en este país".

Datos personales al descubierto

Tras la convocatoria, en diciembre de 2002, RTVE se vio forzada a alargar el plazo de inscripción después de las quejas presentadas por algunos opositores respecto a la dificultad para apuntarse. Luego, en octubre de 2023, llegó el varapalo de la Audiencia Nacional, que también afectaba a la ponderación de méritos. Le siguieron varios meses de incertidumbre, hasta que el pasado febrero se reactivó el proceso selectivo.

Sin embargo, no tardaría en producirse el siguiente susto. En agosto, se produjo una descarga no autorizada de los datos de algunos opositores, un fallo de seguridad en la plataforma de oposiciones de RTVE, gestionada por una empresa externa. Entonces, el ente público denunció los hechos a la Policía y advirtió de la filtración tanto a los afectados como a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Cuando parecía que ya nada más podía salir mal, este domingo RTVE canceló el examen tras la filtración de la mayoría de las preguntas y respuestas, lo que motivó la queja de las asociaciones del gremio y de periodistas como Antonio Maestre, quien también ha puesto en duda el proceso de selección llevado a cabo durante las últimas oposiciones realizadas hasta ahora, en 2007.

No ha sido el único, tanto desde dentro como desde fuera de la casa, que ha criticado en la red social X el proceso selectivo y su suspensión, calificado como "una huida hacia adelante desde que empezó" y que "no tiene perdón", como un "cachondeo" y algo "patético", por no hablar del perjuicio económico causado a los opositores afectados.

"Nos tratan como despojos humanos y ni siquiera nos quejamos", declara a Público María Miret, quien en un hilo de X criticaba la pasividad de algunos compañeros tras el anuncio de la suspensión del examen. "Me quería poner a llorar: ¿dos años para esto? Pero pasé del colapso a la rabia y propuse organizar una protesta. Sin embargo, los opositores empezaron a dispersarse. ¿Cómo? Nos están pisando el cuello, estamos cerca de Prado del Rey y ¿no nos manifestamos? Sentí mucha impotencia y tristeza. Nos han anulado", afirma.

Cree, como tantos otros opositores, que "todo el proceso ha sido un despropósito que va mucho más allá de la anécdota", porque la decisión de la Audiencia Nacional, que favoreció a personas con menos experiencia que pudieron sumarse a la convocatoria, a cambio perjudicó según ella a quienes ya llevaban estudiando un año.

"Son unas oposiciones caóticas desde que empezó el proceso a finales de 2022", concluye la periodista freelance, quien señala que "la gente está tan angustiada y en precario que muchas personas piensan en el dinero que han gastado en el transporte y en el alojamiento".

Por no hablar del tiempo y el dinero invertido desde que se convocó el examen, cuya nueva fecha será el sábado 2 de noviembre, según la Comisión de Empleo de RTVE, que ha tomado la decisión tras reunirse este lunes. UGT RTVE había propuesto el fin de semana del 9-10 para que no coincidiese con el puente de Todos los Santos, "lo que encarece los alojamientos", explicaba el sindicato en un comunicado antes de conocerse el día elegido.

Perjuicio económico para los opositores afectados

Facua ha exigido a RTVE que pague los gastos de transporte, comida y alojamiento a los afectados por la suspensión de las oposiciones debido a la filtración, que a juicio de la asociación de consumidores supone un "grave perjuicio" para miles de profesionales y un "desgaste en la credibilidad" de la Corporación, por lo que ha pedido que se realice una investigación "al máximo nivel".

El anuncio de la nueva fecha del examen tuvo lugar tras las concentraciones llevadas a cabo en la mañana de este lunes en las sedes de Prado del Rey y Torrespaña, donde se congregaron opositores y trabajadores del ente público, cuya presidenta interina les ha pedido "comprensión". Concepción Cascajosa reconoció el "sufrimiento" provocado y justificó que la decisión se adoptó "para mantener el proceso transparente y en igualdad de condiciones".