La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para conocer las condiciones en las que se están repatriando a Marruecos a los 800 menores marroquíes que permanecen en la ciudad autónoma de Ceuta tras cruzar la frontera hace casi tres meses, han informado a Efe fuentes judiciales.

Ni la Fiscalía del Estado ni la de Ceuta conocen el plan de repatriación fijado entre España y Marruecos, según las mismas fuentes, que han dicho que la única comunicación oficial recibida sobre esta iniciativa era muy genérica y en ningún momento se cifraba el número de menores a repatriar ni tampoco cuándo darían comienzo.

Este sábado se ha devuelto al segundo grupo de quince menores, una iniciativa que realiza la Delegación del Gobierno con el Ministerio del Interior, han confirmado fuentes policiales. Los menores han sido sacados del pabellón Santa Amelia y trasladados hasta la frontera del Tarajal, la que cruzaron entre los días 17 y 18 de mayo ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Los menores son entregarlos a las autoridades marroquíes de la Dirección General de Infancia, y se seguirán entregando en grupos de 15 jóvenes al día.

Una vez que son entregados a Marruecos, "lo que se ha acordado con el Gobierno marroquí es que ellos serán los encargados de buscar a las familias de los menores, y en el caso de que no fuera posible quedarían en un centro de acogida" de Marruecos, han señalado fuentes de la Delegación del Gobierno.
La devolución de menores no acompañados está recogida en un convenio bilateral con Marruecos, pero desde su última revisión en 2012 no se había activado.

El Gobierno ya había tratado de reagrupar a los niños con sus familiares pero, en plena tensión diplomática, Rabat se negaba a colaborar, alejando incluso a los padres de la valla fronteriza, han señalado las fuentes, quienes han resaltado que esta situación ha dado "un giro" desde este viernes.

El vicepresidente segundo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Carlos Rontomé, por su parte, ha asegurado que "se están trasladando a los menores que no son vulnerables" y ha enfatizado que los que sufren algún tipo de maltrato o acoso "no están dentro de este procedimiento".

"Hay que tener en cuenta que todo se está haciendo de acuerdo al interés superior del menor, por lo que aquellos niños que tengan algún tipo de posibilidad de que puedan sufrir algún tipo de situación de vulnerabilidad quedan fuera de este procedimiento", ha insistido el vicepresidente segundo de la ciudad autónoma de Ceuta.

En cuanto a las críticas surgidas desde las oenegés por esta repatriación y la petición por parte del Defensor del Pueblo de su cese inmediato, Rontomé también ha dicho que "el Ministerio del Interior es el que está marcando la forma de repatriación".

"No se devuelve a todos a la vez, sino de quince en quince, que es lo que se ha acordado, por lo tanto consideramos que las repatriaciones se están realizando con todas las garantías, tal y como lo ha propuesto el Ministerio del Interior", ha subrayado el vicepresidente segundo.

El Defensor del Pueblo y la Abogacía contra la repatriación

El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior el cese de las devoluciones de menores desde Ceuta, según han informado a Europa Press fuentes de la institución que dirige Francisco Fernández-Marugán.

En un texto enviado a Save the Children y Asociación Elín, el Defensor del Pueblo señala que, tras haber tenido conocimiento de que se están produciendo devoluciones de menores "sin procedimiento" en Ceuta, ha iniciado actuaciones de oficio ante el Ministerio del Interior.

En dicho escrito se le recuerda el deber legal que le incumbe de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000 de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y de su integración social, solicitando informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación.

Asimismo, acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tuviese suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo subraya que la Administración del Estado "resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España".

La Abogacía española por su parte duda de que se estén "cumpliendo estrictamente los convenios internacionales y el propio convenio bilateral" con el país vecino, y que se preserve el interés superior del menor y por ello pide "el cese inmediato de las repatriaciones". Desde la Abogacía se considera que pueden no respetar las normas y los convenios internacionales, así como por dos sentencias del Tribunal Constitucional español, en todas las cuales se exige asegurar protección al menor y seguir cada caso individualmente.

"La Abogacía está preocupadísima porque se puedan estar repatriando a niños/as especialmente vulnerables y que no le hayan dado la información o facilitado la posibilidad de solicitar protección internacional", señala el órgano de representación de los abogados en un comunicado.

Finalizan el escrito afirmando que, "Subir a una furgoneta a los menores sin explicarles la decisión y trasladarlos a la frontera vulnera el derecho internacional y el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente administrativa y jurisdiccional produciéndose situaciones de hecho que vulneran el artículo 24 de la Constitución y el interés superior del menor consagrado en todos los tratados internacionales sobre los niños", advierte la Abogacía.