Los 23 principales países del planeta a nivel militar son responsables del 67,1% de las emisiones mundiales de CO2. Así lo revela una investigación del Centro de Estudios por la Paz sobre los vínculos del sector armamentístico y la crisis climática. Estas superpotencias, con Estados Unidos a la cabeza, representan tan sólo al 35% de la población mundial y concentran el 82% del gasto militar de todo el planeta. Se trata de países ubicados en las regiones del norte cuyas inversiones y exportaciones de material bélico tiene graves consecuencias para el medio ambiente y los derechos humanos en países del denominado Sur Global.

Esa cúpula de poder global, además de poseer grandes ejércitos para la defensa de sus intereses, son los responsables del 97% de las exportaciones de armas. Un material de guerra que termina en manos de Fuerzas del Estado de diversos países, pero también de grupos paramilitares que defienden los intereses del poder corporativo. Todo ello se enmarcan en un escenario idóneo para los negocios bélicos, ya que la crisis climática está empezando a provocar episodios de escasez de recursos en numerosas regiones del sur, lo que incrementa las posibilidades de que se produzcan conflictos armados o guerras civiles. 

De hecho, los once países con mayor riesgo de crisis humanitaria por el calentamiento global –Somalía, República Centroafricana, Sudán del Sur, Afganistán, República Democrática del Congo, Chad, Yemen, Niger, Burundi, Camerún y Burkina Faso– se encuentran inmersos en conflictos armados. Para Chloé Meulewaeter, una de las coordinadoras del informe, "estamos viendo que hay riesgos de que la crisis climática se militarice". De hecho, documentos estratégicos de la OTAN, España o EEUU señalan a la crisis ambiental como un potenciador de amenazas. "Eso podría servir para que los Gobiernos justifiquen elevar los gastos militares", denuncia la experta.

Según los datos del informe, la actividad militar global es responsable de entre el 5% y el 6% del conjunto de las emisiones de CO2 globales. Esto se debe al gasto en energía, la movilización de transportes, la generación de residuos tóxicos, así como los recursos movilizados para reconstruir infraestructuras dañadas por la guerra. Sin embargo, el sector bélico es mucho más que los gases que pueda producir un portaaviones o un helicóptero, en tanto que el sistema económico actual –basado en los recursos fósiles– es sostenido por los ejércitos, tal y como apunta la investigación.

"Las fuerzas armadas se han convertido en algo absolutamente imprescindible para mantener el extractivismo de recursos efectuado por los países del norte en el Sur Global", explica Pere Brunet, investigador y coordinador del informe. "Se da la circunstancia de que, mientras los científicos hablan de la necesidad de dejar el petróleo bajo tierra, en el estrecho de Ormuz, en la zona de Arabia, hay constantemente buques militares asentados para proteger el transporte marítimo de crudo y asegurar el suministro", añade.

Esa lógica del extractivismo militarizado ha desembocado, según la investigación, en una escalada de violencia contra los denominados defensores de la tierra que se oponen a los proyectos petrolíferos, mineros, de gas o incluso de generación de energía renovable. Desapariciones forzadas, violaciones, acoso sexual y judicial o amenazas a familiares son algunas de las prácticas comunes "llevadas a cabo tanto por actores públicos como privados", expone la publicación, que señala cómo los grupos paramilitares suelen estar al servicio de grandes poderes corporativos. Tanto es así, que esas 23 superpotencias militares sirven de sede empresarial a más de 63.000 trasnacionales con intereses muy variados.

La militarización de los problemas ambientales también se puede percibir en el incremento de los movimientos migratorios asociados al cambio climático. La escasez provocada por los cambios en el clima ha favorecido la aparición de nuevos refugiados que, al salir de sus países, se topan con la securitización de las fronteras. El informe pone el foco sobre algunos países como EEUU y México, cuyo muro de separación –seña de identidad de la administración del expresidente Donald Trump– impide que muchos migrantes centroamericanos afectados por las sequías puedan concluir sus rutas hacia el norte. No en vano, esta militarización de las fronteras también está presente en el Estado español, cuyo límite con Marruecos está marcado por las concertinas de las vallas de Melilla y Melilla.

"En consecuencia, el espacio fronterizo se convierte en escenario de violencia con el impacto que eso supone para los derechos humanos de las personas que son desplazadas por la fuerza de sus hogares por cuestiones ambientales o por otros motivos", argumenta el texto del informe.

Una transición ecológica basada en la desmilitarización

"Para poder llevar a cabo la transición ecológica es necesario que cambiemos el paradigma de seguridad nacional para dirigirse hacia el paradigma de seguridad humana", comenta a Público Meulewaeter. Esa transformación pasa por reorientar las inversiones destinadas a los ejércitos y a los negocios bélicos hacia el desarrollo de herramientas que prevengan y mitiguen las consecuencias de la crisis climática. Según la publicación, con el 10% del gasto militar anual –0,18 billones de dólares– los once países más vulnerables podrían desarrollar infraestructuras e invertir en resiliencia ante las condiciones meteorológicas extremas del cambio climático.

"Hay dos tipos de soluciones a esta crisis. Por un lado, la de las grandes corporaciones que quieren hacer su negocio con las nuevas energías limpias. Por otro lado, las soluciones que tienen como objetivo a las personas", señala Brunet, en relación a cómo el capitalismo verde puede desembocar en un nuevo neocolonialismo. Esto podría traducirse en un incremento de las presiones militares sobre las regiones del Sur Global para la extracción de nuevos recursos y minerales destinados a satisfacer la demanda de baterías y otros componentes necesarios para la electrificación de la economía. "No hay que pensar sólo en los beneficios de ciertas multinacionales, sino que debemos empezar a mirar por sistemas redistributivos basados en un autoconsumo energético que pueda extenderse a todo el mundo", zanja.

Así, la investigación del Centro de Estudios por la Paz concluye que la seguridad de las personas no podrá quedar garantizada en un contexto de transformación climática marcado por la militarización. Las soluciones a esta coyuntura de emergencia pasan, según los investigadores, por "políticas de acogida y cuidado" y no por la fuerza indiscutible de los rifles.