Los hogares españoles que perciban menos de 11.279 euros al año no podrán sufrir cortes en de luz, agua y gas a partir del próximo mes de abril. Esta es una de las múltiples medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el día de ayer vía Real Decreto para proteger el bolsillo de las familias de las consecuencias económicas del coronavirus.

Para poder beneficiarse de esta medida y que el titular de las distintas facturas se le considere como "consumidor vulnerable", el Gobierno establece una primera condición: que tenga contratada la tarifa conocida como Precio Voluntario Para el Pequeño Consumidor (PVPC). Se trata de un aspecto relevante que viene recogido en la factura, en el apartado de datos del contrato.

Una vez comprobado ese primer requisito, aquellas personas que estén interesadas en acogerse a esta medida tendrán que tomar como índice de referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de 14 pagas, que permanece sin actualizar desde al año 2017 debido a la ausencia de nuevos presupuestos. 

De esta forma, aquellas familias con las que no conviva ningún menor que perciban menos de los ya mencionados 11.279 euros (1,5 veces el IPREM anual) podrán acogerse a esta medida. En caso de que en el hogar haya un menor de edad, el límite para que no se pueda cortar el suministro por impago será de 15.039,18 euros (2 veces el IPREM anual).

Finalmente, en caso de que haya dos menores o más, el tope será de 18.798,975 euros (2,5 veces el IMPREM anual). Las familias numerosas también quedan protegidas de los cortes de luz, agua y gas. Los pensionistas podrán acogerse a esta medida si todos los ingresos del hogar vienen de la Seguridad Social. 

En aras de prestar especial protección a las personas con discapacidad, el Ejecutivo también ha establecido que, en caso de que en el hogar haya una persona con una discapacidad reconocida del 33%, se incrementará en 0,5 cada uno de los supuestos anteriores el multiplicador. También las víctimas de violencia género y las de terrorismo se beneficiarán de ese 0,5 extra.

Por ejemplo, en el caso de una familia con un hijo y un integrante con discapacidad, el tope se incrementaría hasta los 18.798,975 euros. Se pasaría de multiplicar el IPREM por 1,5 a hacerlo por 2. Y así, con el resto de supuestos explicados anteriormente. 

Por último, todas las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social se encuentran bajo el paraguas de esta medida, dado que se les considera como "consumidores vulnerables severos".