La situación sanitaria en la Comunidad de Madrid es insostenible. Así lo piensan tanto usuarios como profesionales representados por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales y la Mesa en defensa de la sanidad pública madrileña. Las dos entidades, conscientes de la realidad que se avecina, han pedido una especie de amparo al Ejecutivo para que controle e inspeccione los últimos movimientos llevados a cabo por el Gobierno presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso, del que también forma parte Ciudadanos. Esta petición, con carácter urgente y elevada a la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, busca aclarar el estado del personal sanitario, las listas de espera, los rastreadores y la desviación de fondos públicos hacia entidades privadas.

Los "objetivos irresponsables y caóticos" del Gobierno de la Comunidad, aseguran, ponen en peligro a toda la población madrileña. "Pedimos un último S.O.S. al Ministerio para que actúe. Es lamentable ver que, aunque hay dinero, prefieren externalizar multitud de servicios antes que darlos desde lo público. No ha existido refuerzo de ningún tipo en la sanidad mientras multitud de centros de salud no han vuelto a la normalidad y sus urgencias permanecen cerradas", comenta Marisa Torres, portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid.

Carmen Esbrí, por parte de la Mesa en defensa de la sanidad pública, describe la situación como de "negligencia ilimitada", y describe así al Gobierno madrileño: "Esta gente tiene un concepto de servicio público que es absolutamente erróneo. Trabajan como si se tratara de una empresa que a medida que van surgiendo imprevistos los atajan desviándolos a sus empresas amigas, en lugar de prestar atención a los profesionales y usuarios que desde muchos años atrás venimos proponiendo soluciones para cambiar, de forma estructural, la sanidad pública de Madrid".

Con la mirada en el medio y largo plazo, Torres considera que empobrecer de esta forma la atención primaria es el primer paso para eliminarla por completo: "Quieren que desaparezca para que todo se centralice en los hospitales y así poder decir que están desbordados para continuar realizando derivaciones a hospitales privados cuando una buena gestión del sistema público lo podría evitar", en sus propios términos. En este sentido, la portavoz vecinal recalca que la calidad de los contratos debe ser algo esencial para reforzar la sanidad, así que "o se le da una solución por imperativo, o en breve terminarán con la sanidad pública", agrega.

Madrid y su desescalada

La covid-19 ha sido una enorme prueba de estrés para varios factores, desde el punto de vista de Esbrí. Por una parte, para la sanidad pública descapitalizada por parte de los gobiernos conservadores, pero también para las comunidades autónomas. "La Comunidad de Madrid nunca tendría que haber pasado de fases porque nunca han cumplido realmente los requisitos, ni siquiera cumplen las recomendaciones de la OMS meses después del peor periodo de la pandemia. Los 25 años de Gobierno del PP han hecho que los estragos sean mucho más sangrantes aquí que en cualquier otro sitio", aduce la activista por la sanidad pública.

La petición de inspección elevada al Ministerio de Sanidad consta de cuatro apartados debidamente justificados. El primero de ellos trata de esclarecer la situación del personal sanitario. "La atención primaria está con una escasísima dotación de profesionales, algunos cubriendo varios puestos, además de que las urgencias permanecen totalmente cerradas. No hay ninguna preocupación en la gestión de mejora para subsanar estos servicios fundamentales tanto para la pandemia como para el día a día de la atención a la ciudadanía", recoge el escrito.

Asimismo, se explicita que "los centros hospitalarios están prácticamente sin la actividad propia de las patologías que atienden normalmente (…). Mientras que se han cerrado 1.300 camas en los hospitales públicos, se pretenden abrir escandalosamente dos nuevos pabellones en el hospital de campaña de Ifema y la construcción de un nuevo hospital en Valdebebas". Las dos organizaciones firmantes cifran en 3.500 los sanitarios que faltan, lo que les lleva a pensar que "los medios exigidos no existen, solo actuaciones políticas peligrosas".

Opacidad en los datos

"¿Dónde se aplican los recursos económicos disponibles para reducir las listas de espera?". Esa es la pregunta que cierra el segundo apartado de la petición. Sus dudas están justificadas en datos. Según aseguran, las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, a finales de febrero, se situaban en los 78.171 pacientes; las listas de espera para pruebas diagnósticas, en los 152.590; y las listas de espera de consulta de especialistas, en los 453.117. La Comunidad, sin publicar ningún dato al respecto hasta finales de junio, asegura que las listas de espera han bajado en todos los casos, situándose en los 72.405 pacientes para el primero, en 105.670 en el segundo y en los 187.994 usuarios que esperan tratarse con un especialista. "¿Qué ha pasado en marzo, abril y mayo? (…) Han de explicar si los que ya no están han fallecido o se les ha derivado a empresas privadas", concretan en el propio escrito.

Los rastreadores constituyen el tercer apartado: "Es una evidencia palpable que hay una falta de interés en querer controlar la pandemia rastreando los rebrotes para garantizar la salud comunitaria. A pesar de las necesidades que marca la OMS de un rastreador por cada 5.000 habitantes, actualmente en la Comunidad de Madrid tan solo hay uno por cada 47.000 habitantes. (…) Desde hace cuatro meses no se ha actuado en esta necesidad para proteger a ciudadanos y profesionales", concluyen.

Sin refuerzo económico en la sanidad pública

En cuanto a la desviación de fondos públicos hacia entidades privadas, el escrito expresa lo siguiente: "Conocemos contratos privatizadores mientras se detrae dinero para la atención comunitaria: Hospital de Ifema, por 80 millones de euros, más su contrato de limpieza por cuatro millones; contrato en mayo con una empresa privada por 2,5 millones de euros para realizar pruebas PCR a pacientes de atención primaria; contrato de rastreadores con Telefónica e Indra de un mes por 421.000 euros; (…) convenio con la Provincia Eclesiástica de Madrid por cuatro años para dotar de capellanes por un millón de euros ¿cada año?". Y terminan: "Mientras tanto la gente se muere, los profesionales no son apoyados, ni sustituidos, ni contratados. La Comunidad de Madrid ni tenía ni tiene recursos para controlar la salud de su población, pero está haciendo otras inversiones".

Esbrí asegura que desconoce cómo se desarrollará el procedimiento que continuará a la presentación de este escrito dada la novedad del mismo. "Lo hacemos porque estamos en nuestro derecho, pero no pretendemos que se convierta en una lucha entre partidos, sino que las decisiones se tomen en defensa de los derechos de la ciudadanía. No somos partidistas pero tampoco apolíticos, y queremos que se nos oiga", termina la portavoz de la Mesa en defensa de la sanidad pública madrileña.