Los movimientos sociales que se oponen a la fábrica de celulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo) han logrado tumbar buena parte de los argumentos con los que la empresa y la Xunta de Galicia quisieron laminar la contestación a la factoría.

El proyecto, apoyado por la Xunta  y apadrinado por la consultora propiedad del exministro socialista José Blanco, natural de Palas, está pendiente de que el Gobierno de Alfonso Rueda tramite la solicitud de autorización ambiental, cuyo estudio de impacto ha recibido más de 23.000 alegaciones.

Mientras la Xunta decide, la oposición a Altri empieza a ganar la batalla del relato.

No es una fábrica textil ecológica

Altri se dedica a la fabricación de papel y pasta de celulosa. Cuando presentó su proyecto en Galicia hace dos años, lo vendió con el aval de la Xunta como una factoría sostenible de fibras textiles vegetales, e incluso logró que el Parlamento de Galicia apoyara por unanimidad una declaración en su favor a propuesta del PP, que de inmediato facilitó la declaración de proyecto estratégico para acelerar la concesión de permisos.

Fue un engaño. No será una factoría de tejidos naturales, sino una fábrica convencional de celulosa, una de las industrias más contaminantes y depredadoras de recursos del planeta. Lo que pretende producir no son telas ecológicas, sino pasta de celulosa y lyocell, una fibra semisintética obtenida del acetato de celulosa.

Lo recoge así la documentación que presentó a la Xunta, publicada el pasado 4 de marzo en el Diario Oficial de Galicia (DOG), donde pide permiso para la "instalación de una fábrica de fibra textil a base de celulosa, con una capacidad final de producción de 400.000 toneladas/año de celulosa y 200.000 toneladas /año de lyocell".

‘Greenwashing’ fallido

Altri, que tiene otras tres fábricas en Portugal y que ha sido expedientada por el Gobierno de ese país por varios episodios contaminantes, intentó durante meses asociar el proyecto de Palas a la idea de la economía sostenible, verde y amable con el medio. Fue un proceso de greenwashing de libro, pero fallido.

Su consejero delegado, José Soares de Pina, asegura que las versiones contrarias que dan las plataformas opositoras y los medios de comunicación son exageradas e incluso falsas, pero en realidad están basadas en la información que la propia empresa ha proporcionado a la Xunta y que figuran en el estudio de impacto publicado en el DOG.

Entre las instalaciones que levantará figuran tres plantas de producción química y un almacén para la manipulación y preparación de compuestos como hidróxido de sodio, peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico, sulfato de sodio y carbonato de sodio.

También contará con tres calderas para la quema de madera, dos turbogeneradores eléctricos, un horno de cal y una planta de regasificación de gas licuado. A través de una chimenea de 75 metros, las calderas y el horno expulsarán a la atmósfera 60 millones de toneladas anuales de CO2 y otras cantidades indeterminadas de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas y cenizas.

Además, Altri se instalará en el límite de un espacio de Red Natura junto al río Ulla, del que prevé extraer 46 millones de litros diarios de agua, el equivalente a lo que consume una población de más de 300.000 personas. De esa cantidad, devolverá 30 millones de litros a una temperatura de 27 grados tras someterla a un proceso de depuración. Pero no la devolverá limpia sino "cumpliendo todos los parámetros exigidos en el Plan Hidrológico Galicia Costa".

Lo que no tiene en cuenta es que el lugar al que devolverá el agua es el embalse de Portodemouros, que padece una severa contaminación por nitratos y episodios graves de proliferación de cianobacterias. Una de las alegaciones al informe de Altri es que no ha estudiado el efecto que tendrá el vertido de residuos químicos, aunque sea dentro de los límites legales, sobre la contaminación orgánica que ya sufre el pantano.

Nadie habla de Greenfiber

Los evidentes peligros medioambientales de la fábrica han hecho inútiles los esfuerzos de Altri para etiquetarla como verde y disociarla de su imagen de marca como industria contaminante. Esos esfuerzos pasaron por aliarse en Galicia con Greenalia, una de las grandes propietarias locales de parques eólicos a la que compró su filial Greenfiber ("fibra verde") como paraguas de la empres promotora de la factoría.

La respuesta social ha ganado ya esa guerra y nadie habla de la planta ecológica de Greenfiber, como pretendía Soares de Pina, sino de la fábrica de celulosa de Altri.

Es una industria de enclave

Altri tampoco ha logrado instalar la idea de que la fábrica es un proyecto gallego basado en la economía circular, que extraerá materia prima de Galicia -agua y madera- para producir fibras textiles en Galicia, como defendió el consejero delegado el pasado 3 de junio en Santiago, en donde convocó a la prensa una semana después de la multitudinaria manifestación de Palas.

Sus propios documentos le contradicen: quiere instalar una "industria de enclave", como se conoce a aquellas que hacen negocio con los recursos de un territorio para llevarse los beneficios a otro.

Más eucaliptos

Según asegura en su solicitud de licencia ambiental, Altri consumirá cada año 1,2 toneladas de eucaliptos, la especie invasora que ha devorado los montes gallegos desde que el fraile Rosendo Salvado sembrara en 1875 junto a la catedral de Tui las primeras semillas de ese árbol.

La empresa asegura que no promoverá la plantación de más eucaliptos y que sólo aprovechará el "excedente" que ya hay. Pero ese también es un argumento falsario, porque admite que una de las principales razones para instalarse en Galicia es la abundancia de esa especie, que ya ocupa más de un tercio de la masa forestal del país.

Son más de 450.000 hectáreas de eucaliptales, cuando el plan forestal de Galicia aprobado a principios de los años 90 preveía llegar a 2030 con un máximo de 245.000 hectáreas.

Inditex se queda fuera

Altri tampoco ha logrado aval ni compromiso alguno de Inditex para adquirir el lyocell que producirá. La firma de Amancio y Marta Ortega se ha mantenido completamente al margen del proyecto, consciente quizá del riesgo que corría su imagen de marca si se la asociaba a un proyecto industrial tan contaminante, por mucho que la multinacional portuguesa quisiera hacer pasar sus fábricas como productoras de tejidos ecológicos para la moda del futuro.

No contar con ese aval también impide a la compañía portuguesa poder afianzar la idea de que su fábrica se enmarca en un proyecto de economía circular propio de Galicia.

Un movimiento de país que supera el ámbito local

La contestación social a la fábrica no se ha reducido al ámbito local sino que, al contrario, lo ha desbordado. Lo demuestra la manifestación de Palas, que reunió a más de 20.000 personas en una localidad que no pasa de los 3.500 habitantes. También la protesta marinera del miércoles en Arousa, donde el sector pesquero y marisquero teme que los residuos de la planta acaben en la ría en la que desemboca el Ulla.

Hay convocadas nuevas protestas este domingo en Pontevedra y el día 30, en Santiago. Altri no se enfrenta a unos cuantos opositores en el ámbito municipal, sino a un movimiento de país, mayoritariamente encabezado por mujeres que están dotántolo de un eficaz sustrato feminista.

Blanco no ha logrado posicionar a favor al PSOE

Pese a contar con la asesoría de la consultora de José Blanco, especializada en lobby sobre las administraciones públicas, Altri no ha conseguido el apoyo pleno del PSOE, fundamental para que, mientras el Gobierno esté en manos de ese partido, pueda allanar su aterrizaje y, sobre todo, tramitar con su aval la financiación europea que pretende.

El Ejecutivo de Sánchez se mantiene de momento en un discreto segundo plano, mientras el líder de los socialistas gallegos, el lucense José Ramón Gómez Besteiro, se limita a decir que el proyecto no le gusta sin desvelar si lo apoyaría o no en el caso de que el Gobierno sí lo haga.

La Comisión Europea no garantiza la financiación

Altri asegura que invertirá en Palas más de 800 millones de euros, de los que espera obtener un 25% de ayudas públicas a través de los fondos europeos. La Comisión Europea, responsable final de esas ayudas, no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto, pero los funcionarios del departamento que se encargan del reparto de esas subvenciones sí han trasladado sus dudas sobre la posibilidad de que la empresa obtenga esa financiación en los términos y plazos en los que está planteado el proyecto.

La firma portuguesa ha pedido acogerse a las ayudas a través de los programas estratégicos de descarbonización, para los que debe cumplir estrictas condiciones de protección ambiental. Y la suya será una fábrica que consumirá agua limpia y árboles para devolver a la naturaleza agua contaminada y polución.