La Policía y la Guardia Civil descartan que existan en Mallorca redes organizadas dedicadas a la explotación sexual de menores, pero sí han detectado "casos aislados" de personas que prostituyen a adolescentes que residen en centros tutelados por el Consell de Mallorca.

Así lo ha explicado la jefa de Coordinación sobre Violencia Contra la Mujer de la Delegación del Gobierno, Julia Vázquez, tras una reunión convocada por la institución insular después de hacerse público que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha puesto en conocimiento de la Fiscalía en los últimos años 16 casos de menores explotadas residentes en centros de tutela.

En el encuentro se ha puesto de manifiesto que la prostitución de menores no es un problema que afecte exclusivamente a menores desamparados bajo la responsabilidad del IMAS, sino que afecta a niños y adolescente de cualquier condición social, según ha destacado la consellera de Presidencia e Igualdad de Mallorca, Teresa Suárez.

Desde 2014, la Guardia Civil ha llevado a cabo en Mallorca diez operaciones contra la prostitución de menores y la Policía Nacional contabiliza en los últimos años catorce actuaciones, intervenciones no circunscritas al ámbito de los adolescentes bajo tutela. 

Cinco despedidos por conducta sexual impropia

El Govern balear ha despedido desde 2016 a cinco educadores de centros de internamiento de menores por conductas sexuales inapropiadas que, en ninguno de los casos, llegaron a relaciones directas.

La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, cuyo departamento tiene las competencias en materia de menores con medidas judiciales, ha detallado este miércoles que los despedidos, cuatro mujeres y un hombre, fueron expedientados por dos conductas consideradas muy graves y dos de carácter grave.

Uno de los casos muy graves fue el acoso a través de mensajes en Whatsapp a un interno, y en otro fue por exhibicionismo y tocamientos, mientras que las otras fueron por "aproximación" física o comentarios sexuales inadecuados.

Según Santiago, "el Govern actuó con la máxima contundencia", preservando al tiempo los derechos de los trabajadores expedientados, de los que cuatro fueron denunciados además ante la Fiscalía con resultados que la consellera desconoce excepto en un caso, que fue archivado.

La responsable de Asuntos Sociales del Govern ha incidido en diferenciar estos episodios del caso de agresión sexual grupal de una menor en Palma tutelada por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y de las denuncias de prostitución de menores en desamparo familiar que están a cargo de la institución insular.

A juicio de Santiago, el hecho de que los menores penados tengan un régimen de privación de libertad hace que estén "más protegidos" de la captación para ser prostituidos que los adolescentes tutelados, que no están recluidos.

"Este problema existe no solo en nuestra comunidad sino en muchas comunidades autónomas, donde hay adultos que se dirigen a menores vulnerables para introducirles en redes de prostitución", ha subrayado la consellera, quien ha asegurado que ante el incremento de los casos detectados de prostitución infantil, en 2018 se aprobó un protocolo que es el que establece las actuaciones de los servicios sociales, las fuerzas de seguridad y la justicia.

"Tenemos un reto", ha insistido Santiago, para quien la sociedad debe afrontar los problemas derivados de la prostitución, la actividad ilegal que más beneficios genera junto con el tráfico de drogas gracias a que "hay adultos (hombres, principalmente) que son incapaces de mantener una relación sexual saludable".