El verano de 2023 ha sido el primero en la historia de España en el que las mujeres han podido solicitar una baja laboral por abortar de manera voluntaria o espontánea. En total, entre el primero de junio y el 21 de septiembre, han sido 7.258 las incapacidades temporales otorgadas por la seguridad social a mujeres gestantes, según datos del INSS logrados por Público después de una solicitud de información pública a través de la Ley de Transparencia. Esto supone una tasa de siete bajas de este tipo por cada 10.000 mujeres ocupadas actualmente en España.

Estas bajas se han concedido al amparo de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que modifica y amplía los derechos de la conocida como ley del aborto aprobada por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, y que despenalizó la interrupción voluntaria del embrazo en las 14 primeras semanas de gestación, entre otros avances.

Desde aquel año, en España se han practicado 971.871 interrupciones voluntarias del embarazo, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2021. En ninguno de estos casos las mujeres que abortaron tuvieron una incapacidad temporal por esta razón específica.

Hasta este junio, el aborto entraba en el mismo saco que cualquier otra intervención quirúrgica, enfermedad, accidente o patología en lo que se refiere a las prestaciones o condiciones de la baja laboral. Es decir, tenía el mismo carácter que cualquier otra contingencia común: a partir del tercer día de baja la trabajadora comenzaba a cobrar el 60% de su salario a cargo de la Seguridad Social. A esta regla general los convenios colectivos podían sumar otras mejoras.

Con la entrada en vigor de la nueva norma, el aborto se sigue considerando una contingencia común, pero tiene unas compensaciones diferentes al resto. El primer día de la incapacidad temporal de la trabajadora es pagado íntegramente por la empresa, mientras que a partir del segundo se hace cargo la Seguridad Social abonando el 60% del salario de la trabajadora.

En el caso de que el aborto fuera el resultado de un accidente laboral –lo que se conoce como contingencia profesional–, las normas que se aplican eran y siguen siendo comunes a las de cualquier otra baja por accidente laboral. Las 7.258 bajas por aborto comunicadas por el INSS a Público corresponden a las situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes. Es decir, no se disponen de datos de bajas laborales por abortos provocados por un accidente laboral.

Las provincias de España en las que hay una mayor concentración de población son también en las que se han registrado más incapacidades por esta razón. Así, en Madrid se registraron 1.416 bajas por interrupción del embarazo, mientras que en Barcelona fueron 1.141. En ambas capitales, la tasa de bajas por trabajadoras superaba la media nacional, con nueve incapacidades por cada 10.000 ocupadas.

Aún así, ninguna de ellas se encuentra entre las provincias con un mayor ratio de bajas por aborto en relación a la masa de mujeres trabajadoras. El ranking nacional lo encabezan Islas Baleares y Lleida, con 315 y 80 situaciones de incapacidad temporal respectivamente, lo que supone, en ambos casos, diez bajas por cada 10.000 trabajadoras.

Le siguen Teruel y Navarra, con 25 y 125 bajas por esta razón, que igualan en tasa a las capitales del país: nueve incapacidades temporales por cada 10.000 ocupadas. En el otro lado de la balanza se encuentra Ourense, con 20 bajas laborales que corresponde a una media de tres bajas por 10.000 trabajadoras, la más baja de todo el Estado.

Tras esta, La Rioja, Albacete y Lugo son las provincias con un registro más bajo de incapacidades temporales por aborto. Oscilan entre las 26 y las 33 bajas desde la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto. El INSS aún no se ha pronunciado acerca de las razones por las que se produce este reparto territorial en las bajas laborales por interrupción del embarazo.

Tanto ahora como entonces, las mujeres en situación de empleo irregular no se pueden acoger a una baja laboral y, por lo tanto, tampoco a una de este tipo. Situadas en los márgenes del Estado y lejos del auxilio de la administración, un día de baja suele significar un día sin cobrar.

La interrupción de un embarazo, cuando es voluntaria, suele llevar acarreada varias semanas recuperación, siempre en función del mes de gestación en la que se produjo el aborto. En términos generales, la recuperación plena de un aborto puede oscilar entre dos y cuatro semanas. Según los datos del INSS, la media española se encuentra en los 17,6 días.

En provincias como Zamora o Almería, por ejemplo, la media de días de baja laboral superan en casi diez días el promedio nacional, hasta alcanzar los 28,8 y los 26,8 días respectivamente. Al tratarse de medias, estas estimaciones pueden verse distorsionadas por bajas que se prolonguen excepcionalmente en el tiempo.

Tras ser preguntado acerca de las razones por las que la duración de las bajas se alarga en algunas provincias el INSS ha explicado que "la duración de cada proceso particular responderá al tiempo en que cada trabajadora esté impedida para el trabajo". Además, subraya que la nueva ley "no establece ningún límite en la duración de las situaciones especiales de incapacidad temporal debida a la interrupción del embarazo, voluntaria o no"

Años de invisibilización

No es posible saber cuántas bajas por interrupción del embarazo se han concedido en España antes de junio de este año. Hasta ese momento, el aborto de mujeres ocupadas quedaba estadísticamente invisibilizado al categorizarse como cualquier otra intervención quirúrgica, según explica Cristina Antoñanza Peñalba, vicesecretaria general del UGT.

"Anteriormente era el facultativo quien te daba la baja como lo considerara oportuno", aclara. Para Antoñanza, "era necesario abordar esta cuestión porque independientemente de que un aborto sea voluntario o no, tiene que haber un proceso estándar de recuperación". La aprobación de la ley supone también un avance porque "permite tratar esta cuestión con naturalidad sin que suponga un estigma para las mujeres por el hecho de ser mujeres".

Sin datos previos a la entrada en vigor de la reforma es difícil saber si las mujeres tenían mayor o menor dificultad para solicitar una baja laboral por estas razones. Desde la Federación de Planificación Familiar (SEDRA), consideran que el estigma siempre ha jugado en contra del ejercicio de este derecho, también en su dimensión laboral.

Raquel Hurtado, Área de intervención social de la organización, explica que, según han podido comprobar en el día a día de la organización, no es extraño que haya "mujeres que oculten el aborto en sus lugares de trabajo, como ocurre en otros entornos como el familiar".

En este sentido, cree que la ley ayuda a combatir el estigma al "plantear la interrupción del embarazo en un escenario público -en tanto que laboral- en el que el aborto no suele estar presente".

Hasta el momento, al estigma se le han sumado las muchas dificultades burocráticas y materiales que en algunas regiones de España enfrentan las mujeres que desean ejercer este derecho. En 2021, los datos del Ministerio de Sanidad evidenciaron que en doce provincias españolas no se realizaron abortos.

Esto obliga a muchas mujeres a trasladarse fuera de su provincia o incluso de su comunidad para poder abortar. Entre las provincias en las que no había registro de abortos se encontraba Zamora, Cáceres o Ávila. Coincide que todas ellas son las que menos bajas laborales por interrupción del embarazo han registrado desde principios de junio.

Además, Zamora también fue el territorio en el que la media de días de duración de las bajas fue el más largo, que supera en más de diez días la media nacional: 28,2 días de incapacidad temporal. En el caso de Ávila, la media de duración de las bajas por aborto es de 25,6 días, mientras que en Cáceres son de 24,6 días.

A pesar de que la mayoría de las mujeres que residen en estos territorios tienen que trasladarse para ejercer su derecho al aborto, las bajas laborales sí quedan registradas en la provincia de residencia de la mujer, que suele coincidir con su lugar de trabajo.

Viajar para abortar

El Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia emitida a principios de julio de este año que obligar a una mujer a desplazarse para interrumpir su embarazo vulnera sus derechos fundamentales. Esta sentencia sienta jurisprudencia a raíz del caso concreto de Antonia Correa, quien tuvo que desplazarse de Murcia a Madrid para poder abortar.

La limitación de recursos públicos para ejercer el derecho al aborto tiene una dimensión económica: desplazarse a otra ciudad tiene un coste, al igual que optar por la vía privada ante las barreras que supone la pública.

También lo tiene cuando, en algunas ocasiones, es la administración pública la que deriva a un recurso de pago. Tal y como relató Público, en territorios como Madrid, el 75% de las interrupciones del embarazo por grave riesgo para la salud o la vida de la embarazada fueron costeados por las mujeres que llevaron a cabo su interrupción.

La reforma del aborto aprobada por el Gobierno de coalición que recoge por primera vez las bajas laborales por esta razón, también trata de atajar este problema, obligando a las comunidades autónomas a crear un registro de objetores de conciencia y asegurando que en todas las provincias haya recursos públicos para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto.

*Se ha actualizado la información para incluir declaraciones del INSS, posteriores al cierre de esta noticia