La Atención a la Dependencia busca dar respuesta a las necesidades de aquellas personas que han visto mermadas sus capacidades físicas o cognitivas y que requieren de apoyo diario. Un servicio indispensable que, sin embargo, no llega a todo el que lo necesita. De hecho, cada 12
minutos muere una persona esperando estas prestaciones, según los datos recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales (ADGSS).

Aunque el Gobierno de coalición ha incrementado en un 33,6% la inversión para la dependencia en el último año, el resultado material ha variado más bien poco, tal y como refleja la ADGSS. La razón, que nueve comunidades aprovecharon esa mayor cobertura estatal para reducir su propia aportación y "hacer caja". De tal modo que, en general, los gobiernos autonómicos financiaron un 1,27% menos.

En concreto, Catalunya (-57,3), Cantabria (-8,7), Asturies (-10,8), País Valencià (-40,6), Andalucía (-51,6), Extremadura (-11), Madrid (-15), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1) ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del último Observatorio de la Dependencia. Una cifra que luego se refleja en las largas listas de espera: solo Andalucía y Catalunya acumulan más de la mitad de las personas en espera para este servicio.

"El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, cuando el incremento en la financiación aportada por la Administración General del Estado (AGE) mediante el plan de choque [por el coronavirus] es utilizado por algunas CCAA para retirar parte de su financiación", explica la organización de especialistas.

Así, el peso de las autonomías en la inversión cae más de un 10% entre los años 2021 y 2022. Como consecuencia, se ha limitado la capacidad
de impacto de los fondos provenientes de este plan. Por territorios, el reparto del gasto es muy desigual: Euskadi (86,00%), Illes Balears (83,09%) y Navarra (81,56%), por ejemplo, financian en mayor
proporción sus sistemas. Mientras que en Galicia (64,80%), Andalucía (66,87%) o Castilla y León (67,25%) el peso de la AGE es mayor.