El colegio Sagrados Corazones de Alacant informó el pasado viernes a la madre de dos alumnas neurodivergentes que no podrían acceder al comedor. La mujer ha presentado una queja en Educación y sospecha que es una represalia por no pagar las cuotas voluntarias del centro.

Según informa El País, la llamada se realizó pasadas la 13:00 horas, minutos después de comenzar el servicio de comida. La madre intentó contactar con la Conselleria de Educación, que financia el servicio mediante becas. La administración financia el 70% de la cuota de comedor de las niñas. Aún así, el colegio no facilitaba la entrada de las menores.

Después de 40 minutos y la intervención de la Conselleria, el colegio permitió la entrada de las menores. La más pequeña tiene signos de trastorno del espectro autista (TEA) y la mayor, un trastorno de déficit de atención (TDA).

La madre de las dos niñas está en el paro y solicitó una beca para poder pagar los 155 euros de comedor al mes que le cobra el colegio. Una cantidad a la que hasta hace poco sumaba otros 94 euros de aportación mensual.

Sin embargo, la mujer dejó de pagar las cuotas al enterarse de que no eran obligatorias. El colegio le insistió para pagar la asignación al completo y se negó a que pudiese únicamente pagar el comedor. 

De acuerdo con el artículo 88 de la LOMLOE, ley de educación en vigor, los centros públicos o privados concertados no pueden solicitar aportaciones de las familias por enseñanzas gratuitas ni se puede obligar a las familias a abonar aportaciones. Las actividades extraescolares y los servicios escolares son excepciones y se consideran voluntarios.

Ahora, esta madre planea llevar el caso a los tribunales. La Conselleria de Educación asegura que las niñas siguen usando el comedor normalmente, y están en proceso de investigar la situación con el director del colegio. 

No es el primer caso en el mismo centro

En 2019, ocurrió algo similar cuando el centro prohibió la entrada al comedor a otra niña cuyos padres sí pagaban el comedor pero no una cuota voluntaria general de 82 euros. Esa tasa especial brindaba otros servicios a mayores como excursiones.

En este caso, también la Conselleria tuvo que exigir al centro readmitir a la niña tras abrir el padre un expediente contra la medida.