BARCELONA.— La Delegación del Gobierno en Catalunya ha anunciado que este mismo jueves ha procedido a la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona y que los servicios jurídicos del Estado recurrirán la orden de cese de la actividad de este centro decretada por la alcaldesa Ada Colau.

Según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Catalunya, el CIE de la Zona Franca ha procedido a su reapertura "en el día de hoy" [por este jueves], una vez finalizadas las últimas obras de acondicionamiento del centro.

Los servicios jurídicos del Estado recurrirán la resolución del Ayuntamiento de Barcelona que ordena el cese de la actividad del CIE, mientras que la reapertura se ha comunicado previamente a los juzgados de instrucción 1 y 30 de Barcelona, encargados del control de este centro, al Fiscal de Extranjería, quien igualmente supervisa el local, así como al juez decano de Barcelona.

Convocatoria contra la reapertura

Organizaciones sociales y ONGs de Defensa de los Derechos Humanos han encabezado frecuentes protestas contra la presencia del CIE, y ha reaccionado rápidamente ante la decisión de Interior de ignorar el mandamiento de Colau. La asociación Tanquem els CIE ha convocado una concentración para este jueves a las ocho de la tarde en protesta contra la decisión de la reapertura. A la convocatoria se ha sumado la CUP. 

En declaraciones a este medio, el letrado Andrés García Berrio, miembro de la organización y del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB, ha remarcado que la decisión proviene de un "altamente cuestionado" ministro, Jorge Fernández Díaz. Además, la ha calificado como "antidemocrática" por contradecir "una mayoría de dos tercios del Parlament de Catalunya" y la decisión del Ayuntamiento de Barcelona. "No queda otra herramienta más que la movilización masiva", ha sentenciado. 
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Orden del Ayuntamiento de Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció horas antes que la orden municipal de cierre del CIE de la Zona Franca por carecer de licencia de actividades supone "avanzar en la defensa de los derechos humanos". 

Interior tiene un mes para recurrir ante el Ayuntamiento, el cual tendría tres meses para responder; y entonces "pueden ir al juzgado si no están de acuerdo con la resolución", ha explicado el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens

El CIE está cerrado desde el pasado 5 de noviembre por obras de mejora y tenía que reabrir en mayo, pero el Ministerio del Interior lo pospuso. El Ayuntamiento de Barcelona, el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, la conselleria de Justicia y entidades ciudadanas habían pedido reiteradamente el cierre definitivo del centro. El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens ha avisado, antes de conocer la decisión de Interior, de que el Ayuntamiento iniciará medidas coercitivas si el ministerio se "coloca en una situación de desobediencia" ante la orden de cese emitida por el Consistorio.

En rueda de prensa, Asens ha explicado que Interior tiene un mes para recurrir ante el Ayuntamiento, el cual tendría tres meses para responder; y entonces "pueden ir al juzgado si no están de acuerdo con la resolución": si el consistorio contestara ese posible recurso, el Ministerio podría impulsar un contencioso administrativo en dos meses, y en seis meses si el Gobierno municipal no contestara ese recurso.

Asens ha justificado la orden de cese por no tener medidas de seguridad y evacuación adecuadas ni la licencia de actividad correspondiente, ya que todavía opera con la anterior de comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y para usos como galería de tiro y de animales, ya que había caballos de la policía.

Las obras de mejora y la cuestión de las licencias

Fue la comisión judicial encargada del control del CIE la que ordenó que el centro de la Zona Franca se sometiera a unas obras de acondicionamiento para mejorar las condiciones de los internos, lo que ha provocado que este centro haya estado cerrado desde el 5 de noviembre de 2015.

El edificio, propiedad de la Policia Nacional, tiene licencia como comisaría de policía, enfermería de animales, galería de tiro y cafetería, por lo que, según el Ayuntamiento de Barcelona, sólo podría reabrir si en el futuro obtenía la licencia de residencia para un colectivo de personas y cumplía con los requisitos de seguridad

Estas obras, con un presupuesto de 354.603 euros, han comportado la instalación de aseos en las 46 habitaciones del CIE, de medidas de seguridad en las literas —como la instalación de escaleras y quitamiedos en las superiores— y la modificación del espacio para los servicios médicos, mientras que también se ha reforzado un muro exterior de acceso al centro. En junio de 2015, meses antes de que el CIE cerrara por obras, el Parlament aprobó una propuesta, aplaudida por varias ONG de defensa de los Derechos Humanos, que instaba al Gobierno a cerrar definitivamente esta instalación, para sustituirla por medidas cautelares alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad o la libertad vigilada.

Después de que el Gobierno comunicará que tenía la intención de reabrir el CIE cuando finalizaran las obras, el Ayuntamiento de Barcelona remitió el pasado 28 de abril una notificación a la Secretaría de Estado de Interior en la que advertía de que en una inspección municipal se había constatado que el centro operaba sin la licencia correspondiente a su actividad.

El CIE de la Zona Franca está situado en un edificio de la Policía Nacional desde 1992 y tiene licencia como comisaría de policía, enfermería de animales, galería de tiro y cafetería, por lo que, según el Ayuntamiento de Barcelona, sólo podría reabrir si en el futuro obtenía la licencia de residencia para un colectivo de personas y cumplía con los requisitos de seguridad.

Conflicto entre la secretario de Estado y Barcelona

La Secretaría de Estado recurrió la notificación del consistorio de Barcelona, alegando que el documento del Ayuntamiento no citaba en ningún momento ni el precepto vulnerado ni ningún razonamiento jurídico que acreditara una supuesta vulneración, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

La Delegación del Gobierno sostiene además, según estas fuentes, que los CIE no están incluidos entre las actividades ambientales sometidas a licencia, ya que son establecimientos policiales de carácter y servicio público, y por lo tanto, exentas de contenido económico, mercantil o empresarial. Además, según la Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior ha cumplido de manera escrupulosa con la normativa urbanística y ha solicitado la correspondiente licencia de obras.

A lo largo de 2015, cuando estuvo cerrado a partir de noviembre, el CIE de la Zona Franca tuvo un total de 738 internos —por no disponer de los papeles de residencia en España—, de los que 437 contaban con antecedentes penales. El periodo medio de estancia en el CIE se cifra en 25 días, según las fuentes.