Cuando hablamos de una estafa, la intuición nos lleva a seguir al pie de la letra aquella mítica frase que popularizó el filme ‘Todos los hombres del presidente’ (1976), cuando garganta profunda le dice al periodista Robert Woodward: “Follow the money!” (‘¡Persigue el dinero!’). La realidad es ahora mucho más compleja, como demuestra una reciente sentencia que absuelve a un hombre previamente condenado por una estafa sobre el alquiler de una casa en Pamplona. El texto describe un complicado esquema, en el que conocer el intercambio de bitcoins es clave para entender cómo el estafador real usó la identidad del ahora absuelto para timar a un tercero.

La historia de esta estafa se remonta a diciembre de 2017, cuando la víctima quiso ampliar una estancia en un piso de alquiler e ingresó una cantidad (270 euros) en una cuenta corriente que le había proporcionado el estafador. Éste se evaporó al hacerse con esa cantidad pero no dejó rastro: lo hizo a través de la cuenta y la identidad de un tercero, nuestro ‘falso culpable’ ahora absuelto.

El esquema de esta estafa en concreto parte de una serie de engaños. El estafador publicó un anuncio del alquiler de un inmueble en la plataforma Milanuncios en la que puso datos falsos, imposibles de rastrear. Cuando la víctima atendió ese anuncio, proporcionó en privado sus propios datos personales al delincuente.

El estafador usó entonces esos datos de la víctima para abrir, a su nombre y sin que ésta lo supiese, una cuenta en Localbitcoin, un popular mercado online de ciberdivisas. Allí, buscó una oferta de venta de bitcoins. El vendedor de esos bitcoins resultó ser el ‘falso culpable’ de esta historia.

Este vendedor de bitcoins proporcionó al estafador un número de cuenta bancaria para que el comprador pudiese ingresar en euros la cantidad de criptomoneda que vendía. Pero ese número de cuenta fue el que envió el estafador a la víctima para que realizase el pago de la extensión del alquiler.

Así, la víctima transfirió el dinero a la cuenta del ‘falso culpable’ cuyos datos le había dado el estafador; cuando el dueño de los bitcoins comprobó que había recibido el dinero, los transfirió al monedero que le había indicado el estafador. En ese momento, el delincuente tomó los bitcoins y desapareció del mapa. Desde luego, ni existe el piso en alquiler ni nada.

El 'crimen perfecto' y nuestros jueces

Según el abogado especializado en tecnología y criptomonedas Javier Maestre, que no ha participado en este proceso pero que ha analizado la sentencia, el modus operandi del estafador es propio de un 'crimen perfecto': conseguir endosar la responsabilidad a un tercero. “Las criptomonedas son también para cometer estafas de una forma más elaborada que, además, consigue en ocasiones engañar también a los jueces ofreciéndoles un falso culpable para pagar los platos rotos, haciendo así que el crimen sea perfecto”, comenta Maestre a Público.

Para Maestre, el hecho de que en la primera instancia el ‘falso culpable’ fuese condenado pone de manifiesto que se necesita más formación para jueces y fiscales sobre estos asuntos. “Estas estafas pueden realizarse con dinero en efectivo, Paypal o cualquier otro sistema de pago, como mediante tarjetas de crédito”, razona este letrado.

Este especialista apunta que “el hecho de que alguien opere con bitcoins no debe implicar una criminalización prejuiciosa, en la que seguramente cayó el Juzgado de instancia en el caso analizado, que prescindió por completo de analizar la operación de venta de bitcoins para considerar así al vendedor de la criptomoneda como el estafador, cuando en realidad no era más que un instrumento para la comisión del delito”.

Asimismo, Maestre alerta sobre el funcionamiento de plataformas que se limitan a poner en contacto a compradores y vendedores como Milanuncios o Localbitcoin, cuyas medidas de seguridad, herramientas de monitorización de clientes y sistemas de prevención de blanqueo de capitales “no son del todo perfectos”, tal y como demuestra esta sentencia.

"En ocasiones incluso contribuyen a estas estafas", concluye Maestre, "pues mediante páginas que suplantan iniciativas legales los estafadores consiguen hacerse con datos y documentos de los usuarios para perpetrar sus fechorías, de forma que cualquiera corre el riesgo de convertirse en víctima o en ‘falso culpable’ de crímenes perfectos".