La patronal CEOE ha llevado al juzgado su oposición a las remunicipalizaciones: ha pedido en los tribunales paralizar el primer rescate de un servicio por el Ayuntamiento de Zaragoza –el servicio de atención telefónica 010-, pese a que este se presta sin contrato, alegando que esa decisión será perjudicial para el consistorio y para sus trabajadores, aunque ambos lo defienden, y a pesar de que la empresa que lo gestiona con un acuerdo verbal ha mostrado por escrito su decisión de dejar de prestarlo. Y la Delegación del Gobierno se ha sumado al pleito con la misma postura.

La enrevesada polémica sobre la remunicipalización del 010 ha ocasionado, no obstante, un beneficio parcial: sus 14 trabajadoras comenzaron este martes, tras más de un año con retrasos que llegaron a superar los dos salarios mensuales, a cobrar las nóminas que les adeudaban, aunque, a partir de este día 1 tienen la de febrero pendiente de ingreso.

La empresa que gestiona el servicio telefónico 010 pagó ayer, el mismo día del juicio, las nóminas que adeudaba a sus 14 trabajadoras.

La remunicipalización de los servicios públicos privatizados es en Zaragoza, como en la mayoría de las ciudades del cambio , uno de los focos de tensión de la política local esta legislatura. La propuesta programática de ZeC (Zaragoza en Común) de ir recuperando las 142 contratas externalizadas conforme vayan venciendo, y siempre que no resulte perjudicial para el consistorio, encuentra la oposición de PP, PSOE y C’s, que suman 20 de los 31 concejales.

Episodios como los paros en el bus urbano durante cuatro meses y las contradictorias sentencias sobre la adjudicación de ese servicio acentuaron, con alguna distensión puntual, el aislamiento de ZeC en el pleno, que, tras una breve tregua en la que PSOE y Cha apoyaron sus presupuestos, ha vuelto a producirse con el rescate del 010.

Tres líneas de conflicto

Este, decretado por el alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, para que entrara en vigor este miércoles 1 de marzo, ha generado tres líneas de conflicto.
Una, política, enfrenta a ZeC con PP, PSOE y C’s, que sostienen que una decisión de ese tipo debe pasar por el pleno –donde son mayoría- y no puede tomarla el equipo de gobierno. Otra, social, que hace que las trabajadoras sigan en nómina de una empresa que lleva meses retrasándose en el pago de las nóminas en lugar de subrogarse en la plantilla municipal. Y una más, judicial, comenzó a ventilarse este martes, en el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza, donde se debatía la suspensión cautelarísima del rescate que ha ordenado su magistrada, Concepción Gimeno, a petición de CEOE.

La vía judicial, no obstante, también tiene tintes políticos. La CEOE zaragozana está presidida por Ricardo Mur, concejal del PP en tiempos de Luisa Fernanda Rudi. Y a su recurso se le suma otro de la Delegación del Gobierno, controlada por el mismo partido, que a su vez es el principal de la oposición en el ayuntamiento. Ambos tratan de impedir que la puerta para la recuperación de los servicios públicos externalizados se abra en Zaragoza.

Las 14 empleadas del 010 de Zaragoza, ayer en la sala de vistas de la Ciudad de la Justicia

"Queda claro qué defienden los trabajadores"

Los dos demandantes se basan en los mismos argumentos: el rescate provocará perjuicios de difícil reparación tanto al consistorio como a las trabajadoras. Al primero, porque la subrogación de las empleadas le obliga a asumirlas en su plantilla, sea cual sea la decisión final sobre el recurso. A las segundas, porque quedarían en "un limbo jurídico" y habrían accedido a un empleo público sin pasar por una oposición o un concurso, una “situación no amparada legalmente”, según la Abogacía del Estado.

“Estamos judicializando la política” por los vínculos entre los responsables de la patronal y de la Delegación del Gobierno con “un partido que está en la oposición”, sostuvo el letrado del ayuntamiento, que defendió la legalidad del rescate.
Tanto él como el abogado de las trabajadoras y el de CCOO coincidieron en poner en tela de juicio la legitimación de la patronal para recurrir el rescate por no denunciar ningún supuesto daño para empresas, al tiempo que cuestionaron que base su demanda en “perjuicios hipotéticos que no justifica”. “Se basa en un perjuicio a los trabajadores cuando ya ha quedado claro qué defienden estos”, añadió el abogado del sindicato.

"Nuestra intención era dejar el servicio"

Las explicaciones de Juan Manuel Álvarez, el administrador de Pyrenalia Net Center, la empresa que gestiona el 010, dibujaron las peculiares condiciones en las que presta ese servicio privatizado: no hay contrato –“no lo conozco”, dijo- desde que en 2015 venció la segunda prórroga anual a los dos primeros años de adjudicación, en septiembre comunicaron al ayuntamiento su decisión de desistir de seguir prestándolo a partir del 1 de enero y después acordaron “una transición” hasta que el consistorio asumiera la plantilla.

No obstante, se mostró “en disposición” de seguir con la contrata, cuya gestión cobran girando facturas al ayuntamiento. “Nuestra intención era dejar el servicio a final de año”, insistió, mientras admitía que “llevamos varios meses con retrasos” en las nóminas a pesar de que “el Ayuntamiento de Zaragoza es de las mejores administraciones a la hora de pagar”.

“Lo que queremos es que esto se aclare”, señaló. Como las trabajadoras, que asistieron hastiadas al juicio. “No queremos hablar. Estamos cansadas. Ya ha habido bastante feria”.