Al menos 115 organizaciones se concentran este sábado delante del Supremo en Madrid para "denunciar la falta de independencia del poder judicial y la vulneración de los derechos civiles y políticos".  La iniciativa parte de la organización soberanista Clam per la llibertat (Grito por la libertad), que cuenta con el apoyo de ERC, PDECat, CUP, la Crida Nacional, EH Bildu, Izquierda Unida, el Bloque Nacionalista Galego y En Marea,  así como del Ayuntamiento de Barcelona.

"No hay justicia" es el  lema da nombre al manifiesto al que ya se han adherido Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional; el presidente del El Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente, Lluis Llach; el exdiputado de la CUP David Fernández;  la periodista Beatriz Talegón, el sindicalista de CCOO Ramón Gorriz y los parlamentarios Carles Riera (CUP), Miriam Nogueras (PDeCAT), Joan Tardà (ERC), Jon Iñarritu (EH Bildu), Raúl Camargo (Podemos), la escritora y colaboradora de Público, Cristina Fallarás;  el filósofo Javier Sádaba, los actores Alberto San Juan y Carlos Olalla; la activista y ecofeminista Yayo Herrero y el lingüista Juan Carlos Moreno Cabrera, entre otros.

Impulsan la convocatoria organizaciones sociales, de juristas, políticas, sindicales, ecologistas, feministas y de derechos humanos, ubicadas en doce comunidades autónomas desde las que se han fletado autobuses. Las Marchas de la Dignidad a nivel estatal, Asamblea Feminista, Madres contra la Represión y Ecologistas en Acción son algunos de los colectivos confirmados. También asistirán algunos sindicatos minoritarios como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) e Intersindical-CSC. 

¿Que denuncian?

Los organizadores evidencian la vulneración de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales básicos en una democracia, la parcialidad de los altos estamentos de la justicia española, la judicialización de la política, las prácticas clientelares en el ascenso a la carrera judicial, la existencia de presos políticos y personas exiliadas, la ley mordaza, las numerosas sentencias contra los derechos de las mujeres, que enquistan las desigualdades y la herencia patriarcal, la aplicación del artículo 135.3 del código penal contra sindicalistas por ejercer el derecho de huelga, la permisividad de la judicatura con actitudes violentas de grupos racistas y fascistas, la impunidad de la monarquía y una oligarquía que se encuentra fuera del control democrático.

En el documento se mencionan polémicas sentencias como la de La Manada, la del almacén de gas Castor, la de los jóvenes de Altsasu, los bebés robados o las que afectan a Valtonyc o Pablo Hasél. También se hace referencia, aunque no  explícitamente, al juicio del 1-O. Recuerdan que "sólo en Cataluña hay más de 1.200 personas imputadas e investigadas, más de 700 son autoridades locales y otros cargos electos, los cuales han visto gravemente afectados sus derechos individuales y colectivos por actuaciones pacíficas y no violentas en el ejercicio de su cargo. Aunque todavía no se han celebrado los juicios y por lo tanto todo el mundo debería tener el derecho de presunción de inocencia, la acción de la justicia española está comportando prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones preventivas e injerencias graves en el funcionamiento de las instituciones (Parlament y ayuntamientos), vulnerando el resultado de las elecciones”.

Prácticas clientelares y anomalías

La concentración de este 15-D denuncia también " prácticas clientelares en el ascenso a la carrera judicial".  En el manifiesto se argumenta que "una reducida cúpula de magistrados son ascendidos por designación política a los máximos cargos de la administración judicial". Según explica la organización, la división de poderes no existe porque el Poder Judicial todavía no ha roto con la época franquista. “La judicialización de la política ha permitido durante años que el Gobierno Español actúe a través de la Fiscalía para combatir modelos sociales y económicos alternativos”, advierten.

Desde No hay justicia se señala que el mal funcionamiento de la Justicia se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones en informes internacionales. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en cuatro informes consecutivos ha incluido “advertencias y denuncias por malas prácticas realizadas de forma continuada en el tiempo” en España.

"Queremos poner en evidencia que el poder judicial protege las élites y que la judicialización de la vida política es un mecanismo que se aplica sistemáticamente contra toda forma de discrepancia política que quiere ser transformadora y que pretende actuar para superar el régimen de 1978", resumen desde la organización.