La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció este lunes que iba a permitir la caza en el Parque Nacional de Monfragüe a partir de octubre. A pesar de que la actividad cinegética está prohibida a nivel nacional en todas las reservas naturales protegidas, la dirigente popular anunciaba que las escopetas volverían a dispararse. "Cumplimos con nuestros cazadores y hacemos realidad una demanda que el sector llevaba tiempo reclamando", escribía en su cuenta de X (antes llamado Twitter).

Aunque todavía hay demasiadas dudas sobre el plan, la propia presidenta extremeña dejó claro que su idea es permitir la caza para controlar las poblaciones de ungulados –se refirió a jabalíes y ciervos– y conseguir el "equilibrio ecológico necesario" para evitar "daños en la flora y fauna" y en el "ganado".

El nuevo Gobierno, en resumidas cuentas, pretende cambiar los controles de población selectivos realizados por agentes y personal forestal por batidas de caza sin perros, ya que los mecanismos actuales "no han resultado efectivos". 

El anuncio provocó la reacción de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que le recordó a Guardiola que la legislación española prohíbe la actividad cinegética en los parques nacionales. Sin embargo, la Junta de Extremadura pretende acogerse a un pequeño artículo del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Monfragüe (PRUGPNM). Dentro del punto 6 del documento se recoge la posibilidad de aprobar controles poblacionales a través de actividad cinegética en especies de ungulados, como el ciervo o el jabalí, siempre que se acredite una afección en la flora del Parque Nacional. 

Germán Puebla, director general de Sostenibilidad de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, asegura a Público que la actividad cinegética que se quiere permitir en Monfragüe estará dentro de la legalidad.

El político explica que el Plan Rector les permite aprobar este tipo de "batidas" y deja claro que "no es caza, sino control poblacional sin fines comerciales ni deportivos". El motivo por el que la Junta pretende impulsar esta medida, dice, es porque los sistemas vigentes –jaulas y cercados– tienen una "falta de ética" y además son ineficaces. "En el último año sólo se abatió al 50% de los ciervos previstos para controlar la población", apunta. Sobre la procedencia de ese dato, Puebla desconoce si es público, pero asegura que pondrán "todo negro sobre blanco" para defender la medida cuando sea aprobada. 

La justificación principal de la Junta es que cómo presuntamente los métodos de captura actuales no funcionan, se disparan la transmisión de enfermedades como la tuberculosis al ganado. De esto, el Gobierno extremeño tampoco ha aportado datos, como tampoco lo ha hecho de los presuntos daños a la vegetación del Monfragüe que justificaría la regularización de la caza.

Aunque el director general pone énfasis en desligar esta práctica de la caza, sí confirma que serán cazadores y no los agentes ambientales quienes realicen los denominados controles poblacionales. "Lo harían los cazadores que sean miembros de las sociedades locales de caza de los municipios de Monfragüe. Todavía está por determinar la forma en la que se les seleccionará; si realizaremos un sorteo o qué mecanismo. Pero siempre serán los cazadores. Una vez la pieza sea abatida habrá veterinarios que la reconozcan y que determinen si se puede enviar a bancos de alimentos, comedores sociales o si se debe incinerar", detalla Puebla. 

"La gestión de Monfragüe debe estar basada en ciencia"

"La gestión de un Parque Nacional como Monfragüe debe estar basada en argumentos científicos, no en contentar las demandas del sector cinegético", explica Marcelino Cardalliaguet, portavoz de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). "Ahora mismo no hay ningún informe que acredite que esto haga falta, no hay necesidad técnica de hacerlo, ni tampoco pruebas de que haya contagios de enfermedades en fauna doméstica", incide el ecologista.

"El control poblacional es algo que ya se hace ya en Monfragüe y que tiene que ver con criterios técnicos, que realiza el personal del Parque o la empresa pública Tragsa. Si lo hacen cazadores, no se hará con criterios técnicos, porque un cazador dispara a lo que se ponga delante. ¿Cuántos titulares vemos sobre cazadores que abaten a un lince por error pensando que era un jabalí? Si finalmente aprueban esto recurriremos y haremos todo lo posible, porque los cazadores no van a actuar con criterios técnicos ni científicos", se queja Theo Oberhuber, cofundador de Ecologistas en Acción.

Monfragüe, ¿un plan piloto del PP?

Dentro del movimiento ecologista hay cierto temor a que la iniciativa del Gobierno de Extremadura sirva de referencia a otras comunidades autónomas en manos de las derechas. Guardiola dejó claro que el plan sirve para atender "una demanda" del sector cinegético y lo cierto es que el PP se comprometió a ello antes de las elecciones del 23 de junio.

Tanto es así que la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, firmó un documento para dar respaldo a las propuestas de la Real Federación Española de Caza (RFEC). En el punto 4 del texto, denominado Compromiso Político con la Actividad Cinegética 2023/2027, el lobby cinegético pedía a los dirigentes políticos que se impulsen "las medidas oportunas para la realización de controles poblacionales a través de la caza en los espacios naturales protegidos, especialmente en los Parques Nacionales". 

"Es importante ver que no es sólo Monfragüe. El PP, en su intento de ganar el voto cazador se ha comprometido a apoyar todas las reivindicaciones del sector y una de ellas es esta, cazar en entornos protegidos. Nos tememos que esto pueda extenderse a otras comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha. Veremos qué es lo que ocurre", agrega Oberhuber.