El Observatorio de la Dependencia, que analiza la aplicación de la Ley de Dependencia y valora la calidad de los servicios en cada comunidad autónoma, suspende de forma contundente a Canarias (1,6) y Catalunya (2,8) junto a otras 8 regiones. La mejor valorada es Castilla y León, con un 8,4 sobre 10 puntos. 

La media española es de 5,10, un aumento de medio punto respecto a 2020 (4,64), año que fue totalmente atravesado por las pandemia. La tendencia en general es de subida y la novedad es que la Comunidad Valenciana ha pasado de estar estancada en torno al 3 para llegar al 5 este año. 

Estos indicadores valoran hasta 16 cuestiones: el gasto público, personas pendientes de recibir la atención, empleo generado por las comunidades autónomas y porcentaje de personas que no obtienen el grado sobre el total de dictaminadas. 

Estas son las notas finales de todas las comunidades de España. 

Estos datos se producen después de la inversión hecha por el estado español, que activó un plan de choque con el se incrementó en 97.912 personas atendidas y se generaron 27.453 nuevos empleos. 

Por otro lado, 46.300 personas fallecieron en España durante 2021 sin haber llegado a recibir atención, y en torno a 75 millones de euros presupuestados por el Ministerio de Derechos Sociales no fueron invertidos. Con esto, calcula este observatorio, se podría haber dado atención a 13.000 nuevas personas. 

El 3% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Desde hace una década no se obtenían datos tan positivos. Hay 59.105 personas más reconocidas en situacion de dependencia.