A Pedro Álvarez lo mataron en L'Hospitalet de Llobregat de un disparo en la cabeza después de una discusión de tráfico. Era la madrugada del 15 de diciembre de 1992, tenía veinte años y acompañaba a casa a su pareja Yolanda. Cuando ella se despedía, un Opel Vectra blanco que circulaba a gran velocidad estuvo a punto de atropellarla en un paso de peatones de la avenida de Catalunya. La joven protestó, el conductor salió del vehículo, la empujó al suelo y Pedro Álvarez se interpuso. Fue entonces cuando el hombre sacó un arma, descargó tres balas a bocajarro y se dio a la fuga. Una de ellas atravesó el cráneo de Pedro Álvarez, que llegó muerto al servicio de urgencias del Hospital de Bellvitge. Era vecino del barrio barcelonés de la Verneda.

Poco antes del homicidio, un guardia de seguridad del hospital había alertado de las amenazas de un hombre armado. Los testigos del incidente de L’Hospitalet describieron de un modo similar al autor de los disparos y recordaron dos números de su matrícula. Dos días más tarde fue detenido un policía nacional que aquella noche iba de paisano y que iba a ser identificado por la pareja de la víctima. El sospechoso salió libre en seis días y esquivó el banquillo de los acusados ante la insuficiencia de las pruebas. En el examen de balística, los peritos de la Policía Nacional que examinaron la pistola Star PK reglamentaria de su compañero habían descartado que coincidiera con el arma que mató a Pedro Álvarez, una Star BM también reglamentaria en los cuerpos policiales.

Han pasado veintiséis años de aquel crimen. El caso fue sobreseído en octubre de 2000 después de haber sido reabierto en dos ocasiones. Si nada cambia, en 2020 prescribirá y quedará impune para siempre. Los padres de la víctima, Juanjo Álvarez y Carmen Peso, han sido el emblema de una larga lucha por esclarecer este episodio olvidado en los cajones de la justicia. Una hermana mayor y otra menor han acompañado esta pelea. Durante todos estos años les han arropado centenares de amigos y vecinos, que cada 15 de diciembre celebran una ofrenda floral a la altura del número 78 de la avenida Catalunya de L'Hospitalet. En 1993 se puso en marcha la Plataforma Pedro Álvarez y también en 1993, Antena 3 se interesó por el caso en un programa titulado La ciudad desnuda que nunca llegó emitirse y que la familia no pudo ver hasta que en 1997 alguien se lo hizo llegar de forma anónima.

Sobre la impunidad de este caso sobrevuela la sospecha de una cadena de encubrimientos y coacciones. El padre, Juanjo Álvarez, explica a Público que no se acordonó la zona del crimen, que no se investigaron los neumáticos del vehículo ni se identificó a la mujer que viajaba con el sospechoso y gritó “no lo hagas”. "No se analizó absolutamente nada”. Advierte también que se repitieron las ruedas de reconocimiento con la pareja de la víctima a pesar de que el sospechoso ya había sido ya identificado en un primer contacto. El policía, que estaba adscrito a la Brigada de Seguridad Ciudadana, declaró que en el momento de los hechos se encontraba durmiendo en su casa después de haber acompañado a su madre al hospital. Lo cierto es que tenía una asesoría jurídica en las inmediaciones del lugar del crimen.

Juanjo Álvarez denuncia que todas las personas implicadas en el caso fueron apartadas o ascendidas. Incluso la abogada de la familia “tuvo que desistir del caso por las presiones que estaba recibiendo”. Quien no ha arrojado jamás la toalla ha sido él mismo, que en 1997 vio reabrirse el caso después que en diciembre de 1996 hubiera instalado una tienda de campaña frente a los juzgados de L’Hospitalet en una huelga de hambre que se prolongó durante diecisiete días.

Convocatoria de la concentración

Sin embargo, jamás ha habido un juicio y la familia no ha tenido la posibilidad de encontrarse con el sospechoso ni de escuchar ninguna aclaración de su boca. En un giro de los acontecimientos, el policía incriminado terminó denunciando a Juanjo Álvarez y a su abogada por un supuesto delito de colaboración con banda armada después de que asegurara que su nombre aparecía entre los objetivos de ETA. La acusación fue desestimada.

Por si fuera poco, la familia de Pedro Álvarez ha padecido seguimientos por la calle, amenazas y llamadas intimidatorias de madrugada. Juanjo Álvarez tiene una explicación: “Es un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado y está protegido por su sistema. Y su sistema no es el mío”. La familia ha lamentado durante todos estos años el abandono institucional y la indiferencia de los gobernantes.

En noviembre de 2016, el caso de Pedro Álvarez llegó al Ayuntamiento de Barcelona de la mano de Barcelona en Comú y el pleno aprobó por primera vez una moción que exigía la reapertura de la investigación. “El sistema ha fallado”, denunciaba el teniente de alcalde Jaume Asens. La petición se repitió en otras corporaciones vecinas como las de L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Molins de Rei. En diciembre de 2016, el caso llegó al Congreso de los Diputados de la mano de Gabriel Rufián, que reclamó la implicación del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. “Hay un montón de Pedro Álvarez”, dijo el portavoz de ERC entre las protestas del hemiciclo.

Visiblemente molesto, Zoido acusó a Rufián de “manchar el nombre del Cuerpo Nacional de Policía y de los policías nacionales” y dijo que miraría a los familiares a la cara para decirles que “el que la hace, la paga”. La familia no está de acuerdo con las palabras de Zoido. “Ha dejado de ser ministro del Interior y aún estamos esperando a que se ponga en contacto con nosotros”, dice el padre de la víctima.

La madrugada del incidente, una pareja de la Guardia Urbana se plantó en casa de Juanjo y Carmen para decirles que tenían un familiar ingresado en estado grave en Bellvitge a causa de un accidente de tráfico. Los padres de Pedro Álvarez condujeron hasta el hospital y por el camino se encontraron con una multa de tráfico de 30.000 pesetas por exceso de velocidad. “Muchísimo dinero en el año 92”, dice Juanjo Álvarez, que recuerda “el estado de nervios que teníamos en aquel momento”.

Mientras él estacionaba el coche en Bellvitge, dos policías interrogaron a la madre y a sus hijas. Más tarde, un médico les anunció que su hijo había muerto de un disparo. Aquella misma madrugada, la compañera de Pedro Álvarez había sido atendida por una crisis nerviosa en el hospital de la Cruz Roja de L’Hospitalet.

El juzgado de instrucción número 5 de L’Hospitalet asignó protección policial a la joven para evitar represalias. Pedro Álvarez acababa de cumplir el servicio militar hacía apenas seis meses y estaba estudiando segundo curso de Formación Profesional en la rama de automoción.

Un año más, familiares y vecinos salen este sábado a la calle para exigir justicia. No pierden la esperanza de que alguna nueva prueba, por mínima que sea, permita reabrir la investigación. Pelean a contrarreloj, con la amenaza de que el caso prescriba. Juanjo Álvarez solo quiere que los miembros de los cuerpos policiales sean juzgados “según sus propias leyes, que apliquen sobre ellos mismos las leyes que aplican sobre nosotros”.

A pesar de las dificultades, la familia se siente arropada por su gente y no pierde la fe. “Lo único que pedimos es la colaboración de toda aquella persona que sepa algo o que pueda ayudarnos a identificar al criminal”.