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Caso de María La jueza de Vielha (Lleida) da un ultimátum y ordena entregar a la niña uruguaya a los Mossos antes de las 14 horas

Madre e hija permanecen encerradas en el consulado de Uruguay en Barcelona desde el pasado viernes 4 de octubre. 

Pancarta de una manifestacion de apoyo a la madre uruguaya a las puertas del consulado de dicho país en Barcelona.

Público / Agencias

La jueza de primera instancia de Vielha e Mijaran (Lleida) ha ordenado entregar a los Mossos d'Esquadra antes de las 14.00 horas de este viernes a la niña de 7 años que permanece con su madre, desde el pasado viernes, en el consulado de Uruguay en Barcelona.

En una providencia, la magistrada Cristina Marrero ordena que la menor sea entregada a los agentes de la policía catalana que custodian la entrada de la sede diplomática, bajo el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial si no se cumple con la solicitud.

Los Mossos custodian el consulado uruguayo desde el pasado viernes 4 de octubre por orden de la jueza. Ese día, María Noel, una ciudadana uruguaya entró con su hija en la legación diplomática para entregarla al padre de la menor, al que la jueza había concedido la custodia de la menor en exclusiva. El cambio de custodia se produjo después de que la justicia archivara por falta de pruebas las denuncias de la madre, que había acusado a su exparela de haber abusado sexualmente de la niña y de violencia de género hacia las dos.

El pasado viernes el consulado uruguayo se negó a hacer de intermediario y entregar a la niña al padre, acogiendo a madre e hija, que desde entonces permanecen en el consulado.

Este caso generó una amplia protesta por parte de organizaciones feministas y de la infancia tanto en España como en Uruguay, debido a que las tesis por las que la jueza justifica el cambio de custodia están basadas en el que se conoce como Síndrome de Alienación Parental, una teoría que supone que la madre le hace un "lavado de cerebro" a la niña, pero que no está reconocida por ninguna institución médica o judicial y que está expresamente desaconsejada por el Consejo General del Poder Judicial.

​El caso fue denunciado recientemente ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer.

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