El modelo de energías renovables que se está imponiendo en el Estado español ocasionará un grave e irreparable daño a la biodiversidad. Es la denuncia con la que nace la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), una plataforma que agrupa a unos 80 colectivos de todo el Estado. Su llamada de auxilio llega apoyada por más de 250 científicos y científicas en temas de biodiversidad.

"No hay vuelta atrás para la biodiversidad. Es muy evidente: se está haciendo mal y el impacto en los próximos cinco años, que es cuando se van a desarrollar todos los proyectos previstos, es irreversible", alerta el técnico en conservación de biodiversidad y en cooperación para el desarrollo Luis Bolonio, impulsor de ALIENTE.

La alianza señala que el "desarrollo masivo, sobredimensionado y sin una planificación y evaluación correctas de las instalaciones renovables supone un grave riesgo para la conservación de la biodiversidad en España, la más rica y singular de toda Europa Occidental". En su comunicado de presentación, incide además en que los planes del Gobierno, "a gran escala y bajo un paradigma centralizado, carecen de políticas efectivas de ahorro y eficiencia de la energía".

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 prevé que, de los 191 gigavatios (GW) de potencia instalada que tenga el sistema eléctrico en 2030, 89 GW provengan de energía eólica y de solar fotovoltaica. Bolonio subraya que, en estos momentos, hay 36 GW ya instalados en la red eléctrica y está previsto que otros 129 más pasen por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Es decir, sobre la mesa hay 156 GW, prácticamente el doble de lo planificado para dentro de una década. Ante estas cifras, la alianza y el personal científico que la apoya exige que únicamente se autoricen 53 GW, además de los 36 GW ya aprobados, para llegar así al objetivo de 89 GW previsto en el plan aprobado el año pasado.

"Si se desarrolla esto y de la manera prevista, el efecto sobre la biodiversidad será irreversible porque ya se ha demostrado que la evaluación de impacto de ambiental no está funcionando correctamente en multitud de casos", añade Bolonio. Parte de las propuestas y medidas que piden al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco, con quien esperan poder reunirse) nacen de esta deficiencia de la evaluación. "Dado su tamaño no es posible hacer una evaluación correcta proyecto a proyecto. Hay que evaluar de forma sinérgica. Además, exigimos la independencia de esos estudios porque ahora son los promotores los que los contratan. Esto también pasa en los planes de vigilancia: hay asociaciones que están haciendo seguimientos paralelos y ven que la mortalidad en los parques eólicos es mucho mayor a lo que dicen las empresas", continúa.

Mejorar los estudios de impacto ambiental además de los trabajos de vigilancia, y garantizar su independencia son dos de las 13 medidas que recoge el comunicado de presentación que ha hecho público este miércoles la Alianza Energía y Territorio. Las medidas están principalmente relacionadas con legislación ambiental, como la ampliación de la Red Natura 2000, la aprobación de planes de conservación, la transposición de directivas europeas de Energía Limpia o la publicación de datos sobre la mortalidad de aves y mamíferos por el impacto de la industrias eólicas y fotovoltaicas.

Por cierto, la red nace con de las sinergias de 80 colectivos, pero con la destacada ausencia de las cinco grandes organizaciones ecologistas del Estado, interlocutoras habituales del Gobierno y con cuyo apoyo esperan contar en el futuro.

Grandes extensiones de terreno

Entre las peticiones que elevan al Miteco también destaca la aprobación de un plan que prohíba la construcción de instalaciones de energía renovable a gran escala dentro de determinadas áreas. Y es que, según denuncia el experto en conservación, "el Miteco ha presentado una zonificación ambiental que no es legalmente vinculante y que es muy mediocre porque deja muchas zonas muy valiosas fuera de lo que llama zonas de alta sensibilidad".

Ya el pasado mes de diciembre, 23 científicos españoles alertaron, a través de una carta publicada en Science, que la manera "apresurada y desordenada" con la que se están implantando las energías renovables puede tener un "grave impacto".

El llamamiento lanzado por ALIENTE recuerda que "las energías renovables requieren grandes extensiones de terreno, por lo que su desarrollo supone una nueva presión sobre el territorio y los seres vivos que lo habitan". Por eso apuestan por la generación distribuida y las pequeñas instalaciones renovables, que "permiten una mayor compatibilidad con la ordenación del territorio por su proximidad a los centros de consumo, así como una mejora de la eficiencia energética y la reducción del consumo".

"Estamos viendo un cambio de cromos de fósiles por renovables, pero el modelo, especulativo y de lucro, es el mismo. O más peligroso porque tiene toda la buena prensa de la transición a renovables, que son necesarias, pero están colando una forma de entender la energía como una mercancía al estilo clásico", indica el profesor e investigador de la Universidad del País Vasco Álvaro Campos Celador, otro de los impulsores de la alianza.

Recalificación encubierta y colonialismo energético

Desde ALIENTE exigen que "no se pongan en peligro tantos territorios de nuestro país" y consideran que sí existe un "modelo alternativo y más eficaz" en la lucha contra el cambio climático.

Aunque dadas las grandes extensiones de suelo que ocupan las plantas eólicas y las instalaciones fotovoltaicas, temen que se produzca una "recalificación encubierta" del suelo rústico. "Los promotores buscan la máxima rentabilidad porque son grandes fondos de inversión y multinacionales, y a la hora de comprar o arrendar buscan terrenos con poco valor, zonas de montaña con poco uso, zonas forestales o agrícolas de secano poco productivas pero muy valiosas ambientalmente", señala Bolonio. No por casualidad muchos de los colectivos implicados en la alianza recién nacida son territoriales, es decir, están ligados a una provincia, a una comarca, a un determinado paraje o a zonas que ya han empezado a ver los efectos de este modelo de grandes instalaciones.

Campos contextualiza la situación del mercado energético, no solo en el Estado español, sino también en Europa: "No puede ser el uso puramente especulativo y mercantil del territorio para hacer dinero en nombre de la transición energética y de la lucha contra el cambio climático, cuando en realidad es en nombre de sus bolsillos", sostiene tras afirmar que las mismas empresas que causaron el cambio climático van ahora de salvadoras. "Los de siempre quieren perpetuar el negocio llevando los impactos a otro nivel. Ahora no es la chimenea, ahora significa acaparamiento de tierras, minería, infraestructura e interconexión entre países", matiza.

Las políticas en las que trabaja el Gobierno central, explica, van en consonancia con la creación de un gran mercado de energía eléctrica interestatal que permita la compra-venta entre territorios, ampliando para ello las conexiones y las líneas de alta tensión para que tengan mayor capacidad de transporte: "Hay un interés en Europa para que España esté interconectada: cuantos más cables haya, más electricidad puede haber y viceversa".

El profesor vasco teme que lleguen fondos de inversión a cada territorio, para posteriormente vender la electricidad generada a otro punto de Europa. "Aquí nos vamos a quedar viendo los cables, que se han pagado con nuestra factura de la luz. Es injusto, algo tendrá que decir la población del territorio". Su discurso gira en torno a un paradigma de "colonialismo energético", siempre, dice, sufrido en otros lugares y que ahora está llegando aquí. "Hay que resignificar lo que son las renovables, porque entendidas de esta manera son otra forma más de la tecnología al servicio del capital", concluye.