Bruselas investigará si cerca de 450 millones de euros de incentivos medioambientales que han recibido centrales de carbón españolas en la última década atentan contra el régimen comunitario de ayudas públicas.

La Comisión Europea dijo el lunes que estas ayudas que se emplearon en la instalación de filtros de óxido de azufre podrían no estar justificadas porque las plantas ya estaban obligadas por la normativa medioambiental de la UE a reducir las emisiones de este agente contaminante.

"Tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal sobre otras instalaciones de producción eléctrica", dijo la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en el comunicado de la Comisión, que tiene potestad para exigir la devolución de ayudas públicas si son ilegales.

Vestager recuerda al Gobierno español que las normas de ayudas públicas de la UE no permiten utilizar el dinero del contribuyente para liberar a las empresas de la responsabilidad de reducir las emisiones. "Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE", dijo la política danesa.

Bruselas afea también a España por no haberle comunicado el régimen a su debido momento para ver si se ajustaba a las normas sobre ayudas estatales.

Sin embargo, el Ministerio de Energía español dijo que continuaría con el programa de incentivos, ya cerrado y vigente hasta 2020, al considerar que este no entraba en la definición de ayuda pública cuando se constituyó hace diez años.

"España está dispuesta continuar el procedimiento para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día", dijo un portavoz del Ministerio.

Desde 2007, catorce centrales de carbón se han acogido al régimen, recibiendo un total de más de 440 millones de euros que se financian con cargo al recibo de los usuarios de la red eléctrica.

Aunque no esté vinculada, la investigación de Bruselas coincide con un momento en que las centrales de carbón en España se encuentran en el ojo del huracán.

Las dos principales eléctricas del país, en cuyas estrategias se encuentra la descarbonización de su producción eléctrica, quieren cerrar instalaciones térmicas. Iberdrola con argumentos medioambientales y Endesa, por criterios de rentabilidad.

Sin embargo, el departamento del ministro Álvaro Nadal (que mantiene una pugna pública con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán) está legislando expresamente para endurecer el cierre de estas centrales porque amenazaría la seguridad de suministro eléctrico y porque encarecería el recibo de la luz.

En una entrevista publicada por El País este lunes, Nadal defendió la iniciativa de su departamento diciendo que la política energética es responsabilidad de los gobiernos y no de las empresas y rechazó que mantener las plantas de carbón comprometiese los objetivos de España en materia medioambiental. "No, en tanto en cuanto se mantengan las nucleares, que como no emiten dejan hueco para el carbón. Ningún país ha cerrado nucleares y carbón a la vez", dijo.

El año pasado, las centrales de carbón, aportaron el 14% de la generación total, un 30% menos que 2015 mientras las fuentes renovables y limpias como el viento y el sol asisten a otro renacimiento abrigadas por las políticas de reducción de emisiones.

Por contra, la intermitencia de estas últimas es, junto a la evolución del precio del petróleo, uno de los factores que más tensa los precios de la electricidad, especialmente en picos de demanda en verano e invierno.