Imagínese. Usted es un estudiante de universidad y accede a una beca de colaboración con su institución académica. Son en torno a cuatro o cinco horas diarias por las que percibe no más de 600 euros mensuales. Al principio todo va bien pese a que le extraña haber accedido a una beca en la que desempeña funciones totalmente alejadas de su campo de estudio. Conforme pasa el tiempo, le exigen recuperar las horas si alguna vez no puede llegar a tiempo, su horario encaja perfectamente con el de la atención al público y la formación recibida no va más allá que la necesaria para desempeñar lo que le encargan. Y el tiempo pasa. Y ve cómo en su misma situación se encuentran cientos de estudiantes en la Comunidad de Madrid. Y empieza a pensar que quizá lo que está haciendo es cubrir un puesto de trabajo estructural, pues si no fuera por usted y sus compañeros becados no podría continuar el normal funcionamiento de los servicios que presta en la universidad.

Eso es lo que ha ocurrido en repetidas ocasiones en diferentes centros universitarios de la Comunidad de Madrid. Por mencionar algunas, la Universidad Rey Juan Carlos I (URJC), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad de Alcalá (UAH) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Todas ellas han tenido conflictos laborales con alguno de sus becarios. En el terreno jurídico, la doctrina aún no se ha unificado, pero cada vez más sentencias dan la razón al estudiantado. Así ocurrió en la UAH, donde Cristian Iglesias estudiaba ingeniería técnica industrial. Le pagaban 500 euros al mes por cinco horas diarias.

"Me encargaba de atender a los estudiantes en la oficina de Relaciones Internacionales, algo que no tenía absolutamente nada que ver con el sector laboral para el que me estaba formando porque era un trabajo administrativo puro y duro", dice el propio afectado. Su caso es algo paradigmático, pues fue la propia universidad alcalaína quien un tiempo antes de que Iglesias comenzara como becario anuló el programa de colaboración por falta de presupuesto, "pero sí prorrogaron el de la oficina de RR. II. Para que pudiera seguir con normalidad, así que fue la propia UAH la que desde un primer momento aceptó que sin nosotros no podía funcionar el servicio", en sus propias palabras.

Trabajadores sin derechos

Transcurrió un año hasta que Iglesias empezó a ver que lo que realmente hacía era trabajar, llevar a cabo unas funciones que si no hiciera él tendría que hacer otro trabajador. "No recuerdo que hubiera humillaciones graves ni nada relacionado, simplemente era un trabajador que no tenía ningún tipo de derechos", reflexiona. A él, como a todos los demás becarios, le suspendían la beca en agosto volviéndosela a activar en septiembre, con el inicio de curso. "Cuando necesitabas un día libre lo tenías que solicitar como un favor, era eso, una relación de favores", puntualiza el afectado.

Iglesias milita en CNT-AIT Madrid, desde donde empezó a trabajar con Javier Galán, letrado del sindicato, en una denuncia contra la UAH. "Demandamos la situación y, a la vez, activamos una campaña desde CNT de cara al resto de becarios. Al poco tiempo de denunciarlo, la UAH decide prescindir de todo el becariado del servicio de RR. II., es decir, nos despidieron a todos", continúa narrando. El juicio lo perdieron en primera instancia pese a que admitieron todas las pruebas presentadas, a las que otorgaron veracidad. Galán decidió recurrir la sentencia ante el TSJM, desde donde se dictó una sentencia nueva anulando la anterior y confirmando que el despido había sido nulo.

Victoria para el estudiante-trabajador y derrota para la UAH. La institución académica tuvo que readmitirle e ingresarle los salarios de tramitación. Es decir, Iglesias consiguió un trabajo fijo, que le pagaran la diferencia entre el sueldo que percibía y el que realmente debería haber estado cobrando todo el tiempo en que estuvo prestando servicios para la universidad y, además, que le ingresaran todas las nóminas desde el momento en que le echaron tras la denuncia, en 2014, hasta mediados de 2016, año en que se dictó la sentencia.

Otro caso en la URJC

La tan sonada URJC tampoco se libra de este tipo de entuertos. Víctor, uno de sus estudiantes, demandó a la Universidad por las mismas razones que Iglesias. Galán también actuó como letrado del afectado. Él sí ganó el juicio en primera instancia, pues el magistrado del caso consideró que existía relación laboral entre el estudiante y la URJC. Por ello, declaró su despido improcedente y condenó a la Universidad a pagarle 1.153 euros como indemnización. Otra victoria más para el equipo de los estudiantes-trabajadores.

Por su parte, desde la URJC aceptan no tener constancia de que se haya interpuesto alguna demanda más ante los juzgados por estos motivos. Cuestionada por si llevaron a cabo algún cambio en el funcionamiento de estas becas tras la sentencia condenatoria, la Universidad responde negativamente "porque la sentencia referida da respuesta a una situación individualizada que no es generalizable", en sus propios términos.

240 becarios se convierten en personal laboral de la UC3M

Gloria Pérez es delegada sindical por CNT-AIT Madrid en la UC3M. Gracias a la campaña iniciada por la organización anarcosindicalista a raíz del caso de Iglesias, decidió entrar en contacto con ellos para ver qué se podía hacer ya que su caso era muy parecido. "Les demandé en julio de 2018 y en la primera sentencia la justicia reconoció que existía una relación laboral durante el tiempo que estuve trabajando como becaria", comenta a Público. Y lo mismo. Pérez consiguió un trabajo indefinido y una compensación salarial que ascendía a los 10.000 euros: "Todo el dinero que me habían estado robando", puntualiza.

Durante el tiempo en que esta estudiante estuvo despedida, desde Inspección de Trabajo determinaron que todo el becariado de la UC3M eran trabajadores, así que tuvieron que darles de alta en la Seguridad Social y cotizar por ellos como asalariados. La respuesta de la Universidad fue despedirles, a todos, "a los 240 becarios que estaban cubriendo puestos estructurales en la Universidad", comenta la propia afectada. Pero su caso personal aún no había terminado. Tras un recurso de la UC3M al TSJM, la sentencia cambió, aunque no totalmente.
Desde el órgano judicial regional ratificaron la relación laboral pero declararon el despido improcedente, en lugar de nulo.

"La primera jueza lo consideró nulo porque vio que la UC3M había tomado represalias contra mí por ser delegada sindical, además de que no me avisaron con el tiempo legal establecido de la finalización de la beca, que en realidad era mi puesto de trabajo, algo totalmente factible desde el paradigma de la Universidad. Es decir, que como era becaria no podía ser delegada sindical por no ser trabajadora, así que los plazos para comunicar un despido conmigo no tenían que respetarse", explica Pérez.

Acciones para dar a conocer la realidad

Una vez que el despido se declaró improcedente, la despidieron. Su caso ya está recurrido por la propia Universidad ante el Tribunal Supremo (TS). "Durante todo mi proceso, desde el sindicato hemos dado charlas en las universidades para que se extendiera la concienciación al respecto entre el becariado porque es una situación que se da en todo tipo de instituciones académicas, en públicas y privadas, pero también en empresas. Era curioso porque al principio pocos se animaban a denunciar aunque no había mucho que perder", desarrolla la anarcosindicalista.

La UC3M, en concreto, tuvo entre sus filas a 570 estudiantes como becarios de colaboración durante cuatro años. Por ellos, la Seguridad Social reclama 1,5 millones de euros. Por otra parte, Galán interpuso una demanda colectiva por despido nulo para los 240 becados que sí llegaron a formar parte de la plantilla de la Universidad. En este caso, la demanda se desestimó ya que el juez argumentó falta de información de cada situación individual de los afectados. De nuevo, será el TS el que dictará sentencia firme sobre lo acaecido, si acepta estudiar el caso.

Pronunciamientos contradictorios de la justicia

"La jurisprudencia dice que hay que fijarse en quién es el verdadero beneficiario de la beca, si el estudiante porque la formación es superior al trabajo, o la universidad porque utiliza la beca como una pantalla para tener a un trabajador sin derechos", sostiene Galán. Él mismo concluye que se están dando pronunciamientos contradictorios en casos completamente iguales, por lo que depende del juzgado que analice la situación.

Al mismo tiempo, el letrado se refiere a otros casos que se dieron hace tiempo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o en la Autónoma (UAM). Esta última se vio inmersa en un proceso similar a los anteriores a mediados del 2019, cuando la Seguridad Social presentó un recurso para demostrar que usaban a becarios para cubrir puestos estructurales y por el que el centro de estudios llevaba desembolsados 90.000 euros de dinero público para defenderse de las acusaciones, tal y como informó Moncloa.

También la UAM fue quien tuvo que suspender los servicios en los que estaban estos becarios cuando los mismos fueron a la huelga hace algún tiempo, "demostrando así que eran trabajadores esenciales para el normal funcionamiento de la institución", en palabras del abogado. "La UCM y la UAM parece que han ido aprendiendo de las sentencias y ahora sí que hacen un poco el paripé con los estudiantes para que parezca que todo está correctamente", explica Galán.

Algunos parámetros que hay que tener en cuenta para distinguir entre ser becario o trabajador son: si se tienen reuniones con el tutor de la beca, si la formación va más allá de las funciones a desarrollar, si las comunicaciones son con un superior en el puesto de trabajo, si se tiene que cumplir un horario que coincida con el de atención al público y si el desarrollo de la jornada laboral es similar al del personal laboral o funcionario.

Y otro condicional. "Si se denuncia mientras la beca está en vigor y la sentencia es favorable, se podría reclamar la diferencia de salario que no te han pagado desde el último año y demostrar la existencia laboral entre el estudiante y la universidad, por lo que el juzgado debería declarar que eres personal laboral indefinido y readmitirte". Por el contrario, si la beca no está en vigor a la hora de denunciar, "hay 20 días hábiles desde su finalización para demandarles por despido improcedente, y si se gana el juicio el denunciante tendría que percibir una indemnización económica de 33 días de salario por cada año trabajado, más las diferencias de salario del último año", finaliza Galán.