El Juzgado de Primera Instancia número 29 de Madrid ha abierto una causa tras la demanda en la que doce personas que en los años 60 y 70 fueron dados en adopción como bebés desde la Inclusa (hospicio) de Madrid, donde estaban acogidos, han reclamado poder conocer la identidad de sus padres biológicos, con el fin de esclarecer al mismo tiempo las condiciones en las que fueron entregados a sus familias adoptivas.

Varios de ellos han logrado acceder a sus datos personales, que coinciden en reseñarles como niños que llegaron a la Inclusa abandonados. Pero en ningún caso llegaron a conocer la identidad de sus madres, que presuntamente les habrían dado a luz en la Maternidad, alegando en este caso que facilitársela vulneraría la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La legislación española, que veta que los progenitores conozcan el destino de los hijos cedidos en acogimiento, sí avala, por el contrario, que estos últimos puedan conocer la filiación de su familia biológica.

"Esta gente solo quiere saber. No buscan dinero ni indemnizaciones. Buscan reconocerse. Quieren saber por qué son como son, encontrar algún vínculo más allá de la genética", explica la abogada zaragozana Beatriz García, que defiende a los doce demandantes. "Estamos intentando acceder a los archivos", señala la letrada, que sospecha que se trata de "niños vendidos" a cambio de donativos de cierta cuantía al centro. "Falta aclarar si fueron niños robados", anota, aunque ese extremo no forma parte del proceso.

"Estamos intentando acceder a los archivos"

La demanda, un caso de jurisdicción voluntaria de búsqueda de origen biológico y exhibición de libros, recayó por reparto en el Juzgado de Primera Instancia número 29, uno de los especializados en Familia de la capital, que está tramitando la causa con el apoyo de la Fiscalía, que consideró ajustada a derecho la petición.

Su objetivo es acceder, ya sea directamente o a través del juzgado a los libros de registro de las madres que daban a luz en la Maternidad, que incluyen su filiación, la vecindad, las fechas de ingreso y de salida del establecimiento y la hora del parto, para cotejarlos con las anotaciones sobre los bebés, que incluyen la datación del alumbramiento.

"Estamos intentando acceder a los archivos para conocer esos datos", indica García, cuya experiencia en asuntos de bebés robados le ha enseñado que la fecha de entrada del niño en la Inclusa solía coincidir con el alta de la madre en el hospital. En cualquier caso, la letrada matiza que no se trata de demandas de filiación para establecer el origen biológico de los afectados. Eso, en todo caso, puede venir después, pero siempre dentro de un proceso judicial autónomo para cada afectado.

España, Chile, Argentina, EEUU

Entre los doce demandantes, de edades superiores a los cuarenta años y que entraron en contacto a través de las redes sociales, hay personas que crecieron en diferentes ciudades españolas y varios que viajaron con sus familias adoptivas a países como Chile, Argentina y EEUU, en los dos primeros casos tras ser acogidos por personal vinculado a la carrera diplomática y en el tercero, al ejército estadounidense, cuya presencia en las bases españolas comenzó a mediados de los años 50.

El sistema de beneficencia de maternidades y de inclusas u hospicios, que procede de mediados del siglo XVIII, fue adscrito durante el siglo XIX a las diputaciones, que en muchos casos pasaron a combinar en los hospitales provinciales el modelo asistencial, con el que atendían los partos de madres sin recursos económicos, con la prestación de servicios para mutuas.

"Allí daba a luz todo tipo de gente –explica García—. Había familias con seguros privados, autónomos y gente del campo, pero también madres solteras y jóvenes a las que no se les cobraba". Cuando estas últimas no podían hacerse cargo del bebé, este pasaba a la inclusa, que disponía de un año para darlo en adopción salvo que la familia biológica lo reclamara antes. Sin embargo, en ocasiones ya había sido entregado cuando solicitaban asumir su crianza.

"El niño se desligaba de la madre tanto física como emocionalmente, eran chicos con la página en blanco", apunta la abogada, que recuerda que "no consta ninguna renuncia formal de las madres en ninguno de los doce casos". Algunos, sin embargo, habían salido del centro en apenas diez días.

"La información existe, pero no se la dan"

García considera que las adopciones de bebés desde mediados del siglo pasado dieron lugar a la aparición de redes clientelares. "Los niños son un bien preciado y las adopciones ya eran, y lo siguen siendo, complicadas", señala.

En este sentido, critica la cerrazón de las administraciones y su intento por blindar el acceso a la información de los afectados que décadas después intentan conocer sus orígenes biológicos. "La información existe, pero no se la dan. Funciona así en todos los sitios", explica.

Para la abogada, "lo más sangrante es que estamos ante gente que busca sus orígenes biológicos y no le permiten llegar a ellos", a menudo con apelaciones torticeras a la normativa sobre protección de datos.