Como si fuese una película de terror o una pesadilla, con odio y con asombro. Así es como recuerdan algunas de las vecinas del barrio gaditano de Loreto el episodio en el que el se les estuvo suministrando agua contaminada durante al menos 14 días. Los hechos se remontan al 13 de octubre del año 2014, cuando se cortó el suministro en la zona ante la presencia de bacterias coliformes, pero las alertas de los ciudadanos saltaron días antes de esta interrupción del servicio.

Ahora, más de seis años después de estos hechos, el único resquicio de estos acontecimientos que ha llegado a investigarse en sede judicial es una denuncia de la entonces alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, del PP, al actual primer edil de la ciudad, José María González Kichi, de Adelante Cádiz. El Supremo revisa estos días la sentencia que condenó al de la formación morada a pagar una multa de 5.400 euros por asegurar en una asamblea de vecinos que el anterior equipo de gobierno del PP suministró "a sabiendas" agua contaminada al barrio de Loreto.

Mientras, siguen sin haberse depurado las responsabilidades de lo acontecido. No hubo ceses ni dimisiones en la empresa municipal encargada de servicio, Aguas de Cádiz. Tampoco explicaciones certeras a los vecinos en un primer momento. Ni un atisbo de pedirles disculpas, a pesar de que algunos bebés contrajeron la bacteria E.coli y personas adultas enfermaron con salmonella, hydrophila y tuvieron problemas dermatológicos. En el barrio vivían más de 13.000 cuando empezó a salir de los grifos el agua contaminada.

Marta y Sandra —nombres ficticios para proteger su identidad— son dos de las vecinas que se vieron afectadas muy de cerca por la bacteria que hizo enfermar a un numero indeterminado de personas. El hijo de Marta, que por aquel entonces era un bebé de nueve meses tuvo problemas gastrointestinales, mientras que Sandra sufrió de un infección E.coli en la boca.

A día de hoy, Marta sigue recordando con pelos y señales cómo fueron los primeros días del otoño de 2014. Relata a Público que intuyó la enfermedad de su hijo una semana antes de que se cortara el suministro: "Empezó con dolores estomacales, sobre todo por las noches, tenía falta de apetito, vómitos y diarreas". El suyo no era un caso aislado. Marta trabajaba por aquel entonces una escuela infantil en los aledaños de la barriada y vio como unos 60 de los más de 90 alumnos del centro sufrieron dolencias similares a la que sufría su bebé.

Confusión en los primeros días de corte

El día del corte, el 13 de octubre, Marta llamó a Aguas de Cádiz para preguntar por el motivo del mismo. "Es una avería que estará arreglada a lo largo del día de hoy", le explicaron. Una primera versión muy alejada de la realidad. Ni era un fallo del sistema ni tampoco se solucionó en unas pocas de horas. Después de su conversación con la empresa municipal, a las dos de la tarde de ese mismo día pusieron carteles en los portales que advertían de la contaminación del agua, rememora Marta. Y lamenta: "Nos mintieron, no nos dijeron la verdad".

Por su parte, Sandra recuerda haberse enterado de que había bacterias en el agua a través de la prensa tras el corte y fue más tarde cuando recibió una llamada de la empresa municipal. "Fui avisando a mis vecinos uno por uno para que tiraran el agua del grifo que tenían en botellas en sus frigoríficos. Cuando abrí el lavavajillas olía a aguas fecales", cuenta. Se queja que desde un primer momento no se diese alerta sanitaria a los vecinos: "Cerraron el agua pero no avisaron de que había bacterias", lamenta.

La alerta sanitaria llegó tarde también a los centros médicos de la zona. Ambas vecinas coinciden en que en ninguno de los tres ambulatorios que dan servicio a la población de Loreto estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. El desconocimiento era absoluto, "no tenían ni idea de lo que estaba pasando, nadie sabía en Sanidad al día siguiente del corte que desde 15 días antes había bacterias en el agua", clama Marta, que acudió en varias ocasiones a visitar a la pediatra con su bebé. Por su parte, Sandra recuerda cómo el doctor que la atendió cuando se desarrolló los primeros síntomas le indicó que su infección podía estar relacionada con el consumo de alguna pieza de fruta mal lavada. "Claro, que estaba mal enjuagada, con agua contaminada", exclama. 

Dos versiones del incidente y una querella judicial

Los primeros informes realizados durante los días del corte por la empresa municipal señalaban que la infección se inició en la de filtración en un bajante de una finca privada de la calle Hermanos Ortiz Echagüe. Una vez que los análisis de agua dieron negativo en bacterias, el Sistema Andaluz de Salud (SAS) autorizó de nuevo el suministro. Sin embargo, los vecinos no quedaron conformes con las explicaciones que les dieron en aquel momento.

Cerca de 16 meses más tarde y un cambio en el Gobierno local mediante, el nuevo alcalde, José María González Kichi, Aguas de Cádiz anunció las conclusiones de un nuevo informe que arrojó una versión muy diferente de la que el Ayuntamiento había ofrecido a los vecinos. La nueva investigación señalaba que los incumplimientos en los parámetros de calidad del agua se registraron desde el 29 de septiembre, pero no fue hasta el 13 de octubre cuando se decidió informar del problema y cortar el suministro en la barriada, por lo tanto, los vecinos estuvieron bebiendo agua contaminada al menos durante 14 días. 

Además, el último estudio también concluye en que la causa fue la apertura de tres válvulas que permitieron la entrada al caudal de suministro de agua estancada. Del mismo modo, quedó "descartada totalmente" la teoría de que fue una avería en una instalación interior de una finca de la calle Hermanos Ortiz Echagüe la causante del incidente.

Con estas nuevas evidencias, González Kichi afirmó que el anterior equipo de Gobierno encabezado por Teófila Martínez ocultó información no sólo a la ciudad, sino también al Servicio Andaluz de Salud. Así, Kichi afirmó que se había estado suministrando agua contaminada "a sabiendas" y poniendo "en peligro la vida de 13.000 gaditanos". El nuevo consistorio remitió el estudio a la Fiscalía, que aunque en un principio abrió la puerta la posibilidad de encontrar responsabilidades "administrativas o penales", finalmente archivó las diligencias.

Por lo tanto, la única cuestión que envuelve a este caso y que todavía continúa su periplo judicial es una condena, que todavía no es firme, a González Kichi por calumnias contra su predecesora. Martínez y uno de sus concejales, Ignacio Romaní, denunciaron al actual alcalde por un delito de calumnias con publicidad por las declaraciones en las que les señaló y responsabilizó del incidente. Fue la Audiencia Provincial de Cádiz la que optó por condenar al regidor, que recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo, que ahora delibera sobre la cuestión con la Fiscalía a favor de la absolución. 

La batalla de las vecinas y el abandono institucional 

Las vecinas consultadas por Público y afectadas por este caso denuncian haberse sentido abandonadas por las instituciones. Sandra recuerda cómo la falta de apoyos fue una gran losa a la hora de poner en marcha una investigación mayor para presentarla ante la Justicia. "Estábamos sin respaldo ninguno, éramos peces pequeño contra una tiburón", señala. "Con un buen respaldo los responsables de aquel acto hubiesen salido a la luz", lamenta. 

Marta también coincide con Sandra en este aspecto. "Iniciar la batalla judicial era un David contra Goliat", indica. Así, la vecina muestra su desconfianza en la Justicia: "Era meterse en contra de dos grandes, la Junta de Andalucía, por ser la responsable del SAS, gobernada entonces por el PSOE; y el Ayuntamiento de Cádiz, del PP en aquellos tiempos. Eso, y teniendo en cuenta que a la mayoría de jueces los ponen esos dos grandes partidos, ¿me voy a poner yo a intentar que se haga justicia?", cuenta con decepción. Además, indica que una de las grandes dificultades del caso hubiese sido demostrar en sede judicial que los vecinos se infectaron por el agua, ya que las bacterias poliformes pueden estar presentes en otros lugares. "Bajo mi punto de vista, se deben depurar responsabilidades penales porque esto ha sido un delito contra la salud pública, se faltó a la verdad y el Estado no nos protegió", denuncia. 

"Siempre ha sido verdad lo que decíamos los vecinos, más de 10.000 litros de agua contaminada corrieron por las tuberías y ellos lo sabían". Sandra cuenta cómo después del restablecimiento del suministro los ciudadanos han pedido saber quiénes fueron los responsables, una cuestión que para ella, todavía no obtiene respuesta. "Aquello quedó ahí, solo ellos saben la verdad", lamenta. A día de hoy cree que desde las instituciones se tomó a los vecinos como "ignorantes", clama indignada. "¿Qué hubiese pasado si hubiese habido muertes?", se pregunta.