El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado con 196.000 euros al propietario de una vivienda de protección oficial (VPO) por no vivir en ella y destinarla a alquiler sin la autorización de la Agencia de la Vivienda de Catalunya y a un precio muy por encima del autorizado.

Esta es la primera de las sanciones fruto del programa de inspección de las 16.000 viviendas con calificación de protección oficial que el Ayuntamiento de Barcelona concertó hace un año con la Generalitat para promover la función social de la vivienda.

Según Josep Maria Montaner, hasta ahora se han inspeccionado 1.600 VPO y se han abierto 14 expedientes sancionadores a propietarios, el citado y otros 13, al comprobar que en estos pisos que aún quedan protegidos no vivían las familias que en su día fueron adjudicatarias y que sus dueños las mantenían vacías sin el receptivo permiso de la Agencia de la Vivienda de Catalunya. Montaner ha explicado que en estos casos de VPO vacías se ofrece a los propietarios la posibilidad de poner estas viviendas en la bolsa de alquiler asequible y condonar la multa.

En concreto, les ha impuesto multas de 90.001 por no vivir en la VPO y otros 90.001 por destinarla a alquiler sin la correspondiente autorización, los importes mínimos previstos por la normativa catalana. Además, como lo alquilaban a un precio muy por encima del que se le habría autorizado, deben devolver a la administración las cantidades percibidas por encima de lo permitido, en este caso 16.048 euros.

La ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007 establece la obligación de que las viviendas de protección oficial, adquiridas a precios por debajo de los de mercado y con ayudas públicas, se destinen a residencia habitual de las personas que son adjudicatarias y propietarias.

En casos excepcionales, de manera transitoria, cuando los adjudicatarios acrediten la imposibilidad de utilizar la vivienda para vivir, la Agencia de la Vivienda de Cataluña puede autorizarles e incluso permitirles alquilarlo a precio protegido (6,40 m2).

La técnica de la Unidad de Disciplina de Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona, Fuensanta Alcalá, ha explicado que las inspecciones se están llevando a cabo en toda la ciudad pero que se da prioridad a las promociones de VPO más antiguas, de entre 25 y 30 años, y que por ello están a punto de perder esta condición.

Alcalá ha estimado que por lo que se va viendo en la inspección, entre el 1,5 y el 2,5% de las VPO de Barcelona están vacías y muchas de ellas porque los dueños están a la espera de poder venderlas o alquilarlas en el mercado libre a precios mucho más altos que los regulados.