El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejecutó un contrato de emergencia por valor de 600.000 euros en julio de 2020, dos meses después de que el coronavirus irrumpiese en España, para la instalación de 300 sistemas 3D de conteo de personas para el control del aforo en centros de salud de la Comunidad de Madrid. Casi dos años después, no hay rastro ni prueba oficial de que esas instalaciones se llevaran a cabo. 

La escasa documentación pública que hay en torno a este contrato es ambigua e imprecisa. El propio nombre del acuerdo habla de que la instalación se hará en "varios centros de salud", pero en ningún momento se especifica en cuáles. Tampoco explica qué se instalará y cómo funciona. 

La empresa contratista es Mantenimiento Electromédico S.A, que recibió casi 600.000 euros (599.697,78) por un trabajo de ocho días, a realizar entre el 23 y el 30 de diciembre de 2020. Público ha intentado, sin éxito, pedir explicaciones a la empresa sobre el funcionamiento de estos sistemas de conteo.

Han pasado dos años de esa adjudicación, y pese a las preguntas realizadas por Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, el Gobierno de Ayuso no ha revelado en qué centros se instalaron esos sistemas, ni cómo funcionan, ni ha presentado un gasto desglosado por cada equipo. No hay evidencias en la documentación pública de que estas instalaciones se hayan llevado a cabo. 

Este medio se ha puesto en contacto con tres centros de salud al azar del mapa madrileño y en todos ha obtenido la misma respuesta: no tienen constancia de que haya sistemas de conteo para medir el aforo del recinto. "Ese dinero se lo habrá quedado alguien", dice con ironía una de las sanitarias que ha atendido la consulta. 

Ante estas evidencias, este periódico ha trasladado todas las dudas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que asegura que "se llegaron adquirir y a instalar los sistema de control de aforo, estos constan de sensor en la puerta de entrada y pantalla para graficar los datos (ubicada en la Unidad Administrativa)", mientras que aseguran que se hizo "en todos los centros de salud", aunque no ofrecen prueba de ello. 

El pasado mes de mayo, Vanessa Lillo, diputada en la Asamblea por Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida Madrid, preguntó a través de órganos oficiales por este contrato y la respuesta desde el Gobierno de Ayuso fue parca y poco precisa. La diputada fue remitida al Portal de Transparencia, en el que solo hay dos documentos sencillos y que no dan explicaciones.

"Cuando nos marean es que hay algo detrás —arguye Vanessa Lillo a Público—. No sabemos ni en qué centros de salud ni en qué consiste el sistema de conteo. No tenemos constancia de nada y hablamos de 600.000 euros. No cuestionamos si es necesario o no, pero nos llama la atencion que no sean capaces de aportar documentación. Nos dicen que miremos el Portal y luego vemos que hay informe que habla de este contrato y que no se nos ha facilitado. Nos generan muchas dudas sobre la opacidad. No conocemos a nadie que nos confirme que ha habido incorporaciones a los centros de salud", asegura la diputada.

"En relación a las iniciativas de referencia, se informa que se encuentra publicada en el Portal de la Comunidad de Madrid toda la información requerida por la Ley de Contratos del Sector Público y el resto del ordenamiento jurídico vigene relativa a este expediente", reza la respuesta oficial del Gobierno de Ayuso del pasado 15 de junio a Lillo. 

Sin embargo, en un documento del 3 de marzo, dos meses antes de la respuesta a la pregunta de Lillo, el propio Gobierno aseguraba en un acta de acuerdos del Consejo de Gobierno de Madrid tener un informe en el que se da cuenta de la resolución de este contrato, pero no lo ha facilitado ni a los partidos de la oposición ni a Público, que lo ha solicitado. También lo omite en su respuesta oficial de junio y no lo facilita tras la pregunta oficial de Unidas Podemos. 

Contratos de emergencia, el germen de las polémicas

La fórmula para firmar esta licitación fue la de "contratos de emergencia", regla con la que se actuó durante toda la pandemia y que ha traído denuncias desde varios frentes. Por ejemplo, Unidas Podemos ha denunciado en Anticorrupción y en la Fiscalía Europea dos contratos de emergencia del gobierno de Ayuso con dos empresas por valor de 20 millones de euros. Esa es la misma fórmula que el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso. 

Este tipo de contratos son todo un filón de polémicas. Como desvelara Público en exclusiva, la Consejería de Sanidad de Ayuso adjudicó un contrato de 925.000 euros a un socio de la madre de la presidenta.

La situación epidemiológica del momento y la evidencia científica, como recoge el propio contrato, hacía referencia a la necesidad de reducir aforos en interiores para reducir la posibilidad de contagios. "Se estima necesario para la reducción del riesgo de contagio, introducir elementos que monitoricen y mantengan las estancias con el aforo adecuado", reza la licitación.