El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado un paso más en sus políticas privatizadoras y ha abierto la puerta a externalizar también la gestión de las becas de los comedores escolares. Esta decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid se suma a la subida del 12,7% en el precio de las tasas que Público adelantó hace una semana.

Tal y como recoge El Salto, las normas que regulan la concesión de este servicio, publicadas en el BOCM el pasado lunes 29 de mayo, contemplan que "la Consejería de Educación pueda contratar con una empresa los trabajos necesarios" para la administración de los pagos a las familias que finalmente reciban la beca. 

Se trata de ayudas que perciben familias en situación de extrema vulnerabilidad, cuya renta per cápita es inferior a 4.260 euros, que cobran la Renta Mínima de Inserción o son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, entre otras.

Sin embargo, este tipo de subvenciones ni siquiera alcanzan a cubrir la totalidad del precio del comedor. Gran parte de las familias beneficiarias se ven obligadas a pagar un "precio simbólico", aunque su economía sea límite. Además, su cobertura es muy limitada: un informe de Save The Children de 2022 estima que solo llegan al 8% del alumnado que lo necesita.

El plazo de solicitud de estas ayudas es hasta el 28 de junio y contempla unas cuantías de entre 800 y 445 euros al año, donde el precio que deben pagar las familias oscila entre uno y tres euros diarios, dependiendo del tramo en el que se encuentren. Solamente quedan exentas de cobro los hogares con algún miembro que cuente con protección internacional y los refugiados ucranianos.