"Llamé al médico para pedirle el alta de la covid, ya que tenía que ir a trabajar. De repente él me dice que le hable en castellano, que no me entiende. Le dije que se lo podía explicar más despacio, pero que era mi derecho expresarme en valenciano con la Administración pública y entonces se puso muy nervioso y me colgó el teléfono, sin atenderme", explica Rebeca Sanjuán, una vecina de Benilloba, un pequeño municipio de unos 700 habitantes en la comarca del Comtat (Alacant), un territorio plenamente valenciano hablante.

"Me tocó ir al centro de salud para que me diera el alta, pero cuando me vio llegar intentó huir, siguió con la negativa a atenderme y me acusó de intransigente. Finalmente, por la mediación de una administrativa y un celador conseguí el papelito, pero fue todo muy humillante y no sé por qué tenía que pasar por todo esto", continúa Sanjuán. Esta paciente optó para interponer quejas al Servicio de Atención al Paciente –"básicamente me respondieron validando la versión del médico"- y al Síndic de Greuges [el Defensor del Pueblo valenciano].

"Este preguntó si había más quejas en el mismo centro de salud, pero la mía era la única. La gente del pueblo siempre se queja del médico, pero nadie lo hace formalmente", alega Sanjuán, quien a día de hoy tiene que desplazarse a otro pueblo cuando necesita atención médica.

Solo dos meses atrás se viralizaba el caso de una familia a quien se les negó el servicio por hablar en valenciano un bar de Gandia (València). Y cuando pidieron que al menos se les entendiera en valenciano se les acusó de "maleducados" y que si no sabían castellano, "en España sobraba gente".

Hace pocos días, la Plataforma per la Llengua del País Valencià denunciaba el caso de un ciudadano a quien se le negó la atención en valenciano en el registro civil de Elda (Alacant) y fue expulsado sin darle la hoja de reclamaciones.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que suponen las discriminaciones lingüísticas para millones de valenciano hablantes, que ven vulnerados sus derechos de ser, como mínimo, entendidos en su lengua materna, oficial en el País Valencià en el mismo nivel, teóricamente, que el castellano.

A pesar de las dificultades, desde las entidades de promoción del valenciano, argumentan que "este tipo de protestas sirven". Como ejemplo ponen el caso de una denuncia por discriminación lingüística en una oficina del banco ING Direct en València en octubre del año pasado. El caso se viralizó y acabó en las noticias. Meses después, en enero, un grupo de activistas hizo una acción "de control" en las mismas oficinas, donde varias personas entraron para pedir diferentes trámites en valenciano. Fueron atendidas todas en su lengua y no hubo ningún problema.

"Resultó evidente que después del alboroto en redes y prensa, la compañía había decidido cambiar su política. Nos tendría que servir de ejemplo por cuando pasó en otras ocasiones", explica Toni Infante, uno de los participantes a la acción.

Denuncias en aumento

Según la memoria publicada por la Plataforma per la Llengua, en 2020 hubo diez casos graves de discriminación lingüística en el País Valencià, incluyendo gente a quien se le ha negado atención médica, la imposibilidad de comprar un billete de tren o de hacer el examen de conducir".

La Oficina de Derechos Lingüísticos de Escola Valenciana es un sistema que facilita a la ciudadanía elevar quejas en caso de sufrir vulneraciones de sus derechos lingüísticos. Cada 3 de diciembre celebran el Día de los Derechos Lingüísticos del País Valencià con la presentación de un informe con todas las denuncias. El 2021 fueron 102, aunque el técnico de la oficina, Andreu Carapuig, avisa de que la mayoría son más leves que los ejemplos reseñados antes, que son las que acostumbran a generar indignación en las redes o ser noticia.

"Muchas de las denuncias hacen referencia a gente que no ha podido acceder a documentación pública en valenciano o no puede hacer trámites administrativos en esta lengua, tal como obliga la ley". Carapuig también destaca que el número de denuncias va en aumento y que en abril de este año, su Oficina ya había recibido más de cincuenta. "Se puede ver cómo hay una progresión creciente, la gente cada vez tiene menos miedo de denunciar".

También destaca que en un 72% de los casos, el responsable es una administración, un dato que desde Escola Valenciana consideran "altamente significativa".

Carapuig explica que las denuncias las ponen "en conocimiento de la entidad vulneradora de los derechos, a la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat y al Síndic de Greuges". Las respuestas son muy diferentes. "En el caso de los ayuntamientos, acostumbran a hacernos caso y resolver la falta; en cambio, hay otras administraciones que nunca responden". Además de esto, desde Escola Valenciana se ponen a disposición de la ciudadanía para llegar "hasta donde sea necesario" en la defensa de los derechos de los valenciano hablantes en los tribunales.

Obstáculos judiciales

Ahora mismo, Escola Valenciana y otras entidades de la sociedad civil están ejerciendo la función que la Dirección General de Política Lingüística ya no puede hacer. En diciembre pasado, el Tribunal Supremo confirmaba la anulación de varios artículos de la ley que regulaba su Oficina de Derechos Lingüísticos.

Su directora, Kàtia Uchán, explica a Público que su función ha quedado reducida al asesoramiento. "Ahora ya no podemos tramitar las reclamaciones nosotros mismos, y tenemos que limitarnos a responder consultas y difundir la normativa que regula y prevé los derechos lingüísticos".

Desde las entidades de promoción del valenciano, hace años que se reivindica una Ley de Igualdad Lingüística que "ampare los derechos de valenciano hablantes".

Entidades de defensa del catalán, vasco, gallego y asturiano impulsaron hace un año una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso español en el mismo sentido, para que "las lenguas propias diferentes del castellano disfruten de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano".