BARCELONA.- Los dos mossos acusados de reventar un ojo a Ester Quintana en noviembre de 2012 son juzgados desde este lunes en la Audiencia de Barcelona, con la manifestante ya indemnizada por la Generalitat tras haber abanderado la lucha contra el uso de pelotas de goma, que el Parlament acabó prohibiendo en 2014.

En el juicio, que se prolongará tres semanas, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona sienta en el banquillo a un subinspector y un escopetero de los Mossos d'Esquadra, para quienes la Fiscalía pide dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación por disparar la pelota de goma que segó un nervio óptico a Quintana, en la manifestación por la huelga general del 14 de noviembre de 2012.

El ministerio público acusa a los dos mossos de un delito de lesiones por imprudencia grave, por entender que dispararon sin adoptar medidas de precaución y sin que hubiera incidentes, en una actuación que Interior no amparaba, ya que el director de la policía catalana no había autorizado el uso de ese material antidisturbios.

De hecho, en el juicio no sólo debe dilucidarse la responsabilidad penal de los agentes -la civil quedó resuelta en el acuerdo extrajudicial que Quintana alcanzó con Interior para ser indemnizada-, sino también si el impacto que dejó ciega de un ojo a la manifestante fue causado por una pelota de goma, algo que la defensa de los mossos d'esquadra cuestiona.

Pese a que el juez que investigó el caso concluyó de forma meridiana que Quintana fue golpeada por una bala de goma, el Departamento de Interior de la Generalitat, a través de los tres consellers que lo han dirigido en los últimos cuatro años (Felip Puig, Ramon Espadaler y Jordi Jané), sigue sin admitir que el 14N se usara ese material y sólo asume que la manifestante resultó herida en una "actuación policial".

Con la causa a punto de llegar a juicio, la defensa de los agentes encausados propuso una batería de nuevas pruebas que apuntaban a que la manifestante pudo perder el ojo por un proyectil de precisión -que Interior sí admitió haber usado-, pero la Audiencia zanjó el asunto al concluir que los indicios de que los daños los causó una pelota de goma son "claros".

Precisamente, la obstinación de la Generalitat en que los antidisturbios no dispararon pelotas de goma el 14N es uno de los motivos que contribuyeron a encumbrar a Quintana a la categoría de emblema en la lucha contra ese tipo de material de dispersión.

Explicaciones contradictorias

Mientras la manifestante desfilaba por los medios, el Departamento de Interior se enzarzaba en un rosario de explicaciones contradictorias, con más de media docena de versiones sobre los hechos en las que Felip Puig llegó a sugerir que Quintana pudo resultar lesionada por un artefacto lanzado por los propios manifestantes.

La gestión del caso abrió una grave crisis en el Departamento de Interior y, en mayo de 2014, fue uno de los desencadenantes de la dimisión de Manel Prat como director de los Mossos d'Esquadra, con Ramon Espadaler (UDC) al frente de la consellería y en vísperas de que el Parlament debatiera su cese.

Tras liderar en la calle y los medios las movilizaciones para acabar con el uso de ese material antidisturbios, Quintana, de la mano de la asociación Stop Balas de Goma y Ojo con tu Ojo, llevó el debate al Parlament, que acabó prohibiéndolo en mayo de 2014 con la única oposición del PP.

La Generalitat indemnizó con 260.931 euros a Quintana en un acuerdo extrajudicial

En septiembre del año pasado, con el caso a punto de enviarse a juicio, la Generalitat indemnizó con 260.931 euros a Quintana, a través de su aseguradora, en un acuerdo extrajudicial en el que Interior reconoció que la manifestante había resultado herida debido a una actuación de la policía.

Ese acuerdo, por el que Quintana renuncia a las acciones civiles en el juicio, deja las manos libres a su letrada, Laia Serra, para reclamar máxima contundencia penal contra los antidisturbios acusados de reventarle un ojo, sin riesgo a que una eventual absolución de los agentes le impida ser indemnizada.

La acusación particular que ejerce Ester Quintana reclama nueve años de cárcel y de inhabilitación para cada uno de los dos agentes, a los que acusa de un delito de lesiones -no imprudentes-, al entender que, si bien no buscaban directamente herir a la manifestante, "asumieron plenamente el riesgo" de hacerlo.