Se ha cumplido una semana desde que el Ministerio del Interior decidiera internar en el centro penitenciario Málaga II, en la localidad de Archidona, a más de 500 personas migrantes recién llegadas en patera a las costas de Murcia. Todos son varones procedentes de Argelia.

La medida contraviene la propia Ley de Extranjería española, puesto que ésta impide explícitamente que las personas migrantes sean encerradas en centros de carácter penitenciario sólo por estar en situación irregular. Así se lo han recordado al Gobierno decenas de ONGs, sindicatos abogados y hasta el Vaticano, que ha respaldado una queja de Cáritas ante el Defensor del Pueblo por considerar que se está incumpliendo la Ley de Extranjería. Pero el departamento de Juan Ignacio Zoido sigue aplicando su política de oídos sordos y hechos consumados en lo que a la gestión migratoria se refiere, como ya hiciera con las devoluciones en caliente tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Esta medida “temporal y excepcional”, según reitera Interior, ha costado por el momento algo más de 1,4 millones de euros entre traslados, alimentación, contrataciones y otros gastos, según han detallado fuentes del Ministerio a Público. Mientras se vulneran los derechos de cientos de personas, decenas de familiares de algunos de los migrantes encerrados han acampado en los alrededores de la cárcel para protestar contra esta medida. Algunos han podido verles en los últimos días. Otros, no. Varios de los abogados que prestan atenciones a los migrantes afirman que están nerviosos y en una situación de incertidumbre, ya que no saben si están detenidos, si van a ser devueltos a sus países o si van a quedarse en la cárcel sin haber cometido ningún delito.

Interior de la cárcel de Archidona.

Las protestas de los internos son constantes, apuntan diferentes ONG, aunque no se han producido incidentes en la cárcel. Sin embargo, es frecuente que los detenidos arrojen objetos por las ventanas y griten exigiendo su puesta en libertad.

Nuevas llegadas

Sin embargo, vehículos policiales siguen llevando al interior del centro a personas recién llegadas en patera, según confirman a Público desde la ONG Málaga Acoge, aunque no han podido precisar el número. Fuentes de Interior han confirmado a este diario que, durante el fin de semana, han trasladado a esta cárcel a alrededor de 70 nuevos internos, y que la cifra total es de 572 personas. Las mismas fuentes apuntan a que no está previsto que esa cifra aumente mucho más. Los detenidos pasarán en Archidona un periodo de tiempo indeterminado, aunque no debería exceder de los 60 días, que es el periodo máximo que un inmigrante irregular puede permanecer privado de libertad en un CIE.

La idea de Interior es que los migrantes llegados en la oleada masiva de pateras de hace dos semanas sean devueltos a Argelia. Confirman que el Consulado de este país está trabajando en la identificación de los internos para que se apliquen los convenios de devolución que España tiene suscritos con este país, aunque no se atreven a poner un plazo ni saben si todos los migrantes serán identificados y deportados.

Entre tanto, Interior se afana en dotar de personal esta improvisada cárcel para inmigrantes, ya que al estar sin estrenar y sin habilitar, no contaba ni con trabajadores de instituciones penitenciarias ni servicios sanitarios. Ni siquiera con agua potable. Ya trabajan allí varios traductores, tres médicos (uno de ellos, de Cruz Roja) y se espera que esta semana se complete el personal que trabajará allí de forma temporal. Según ha explicado a Público Ramón Cosío, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Interior apenas ha informado a su organización sobre esta medida, que considera “un parche” que “se salta las normas”. Cosío critica la “falta de previsión” del Ministerio en este asunto teniendo en cuenta que las llegadas de pateras han repuntado de forma más que significativa en 2017, superando con creces los 15.000 migrantes atendidos a su llegada por Cruz Roja. Son cifras que duplican a las de 2016, cuando el aumento también fue llamativo respecto a 2015.

Cerca de medio centenar de personas se concentraron el domingo a las puertas de la cárcel de Archidona (Málaga) para exigir el cumplimiento de la ley y mostrar su rechazo a la decisión del Gobierno de ingresarlos en un centro penitenciario.- EFE/Carlos Díaz.

Según fuentes policiales consultadas, los agentes que custodian a los internos son miembros de las Unidades de Intervención Policial (policías antidisturbios), muchos de ellos destinados en Archidona tras pasar 50 días en Barcelona en el marco del dispositivo policial organizado para el referéndum independentista catalán del pasado 1-O. Según han confirmado estas fuentes policiales, este lunes se cerró la convocatoria urgente que lanzó el Ministerio la pasada semana. Solicitaba 40 policías y varios subinspectores “en atribución temporal de funciones en el CIE de Archidona”, por un tiempo también indefinido.

Interior, según esta convocatoria, ya considera de forma oficial esta cárcel como un CIE pese a que fue el propio Zoido quien firmó el pasado 16 de marzo la orden por la que se creaba este “establecimiento Penitenciario con la denominación de «Centro Penitenciario Málaga II»”, según consta en el Boletín Oficial del Estado. Además de policías, que según Interior, comenzarán a llegar a lo largo de esta semana, el departamento de Zoido también tiene previsto que personal de la Cruz Roja trabaje en Archidona. La ONG ha lanzado una convocatoria de empleo en la que solicita 24 “monitores/as de migraciones” que hablen francés o árabe para trabajar en “Málaga y/o Archidona”, y especifica en su oferta laboral que “acaban de abrir un CIE”.

Esta colaboración de Cruz Roja con el Gobierno, que ya tiene suscritos convenios para dar asistencia en otros CIEs, ha sido criticada en redes sociales por activistas y otras ONG, que les acusan de colaborar en una vulneración de los derechos de los migrantes.

Se acumulan las denuncias

Desde que se anunció que los migrantes serían quienes estrenaran este presidio, las denuncias no han hecho más que acumularse. La primera fue interpuesta por el sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP, que acusa al Ministerio de detención ilegal. “Es lo que se está produciendo, porque se está manteniendo en una cárcel a alguien que no tiene un mandamiento de prisión sino una orden judicial que dice justamente todo lo contrario, que es su traslado a un centro no penitenciario", asegura el presidente de ACAIP, José Luis Pascual, que pide la puesta en libertad de los migrantes. En la denuncia presentada en los juzgados, ACAIP habla de delitos de estafa procesal, falsificación de documentos públicos y de desobediencia.

Familiares de los migrantes argelinos recluidos en el centro penitenciario de Archidona. /EFE

La ONG Andalucía Acoge presentó la tarde del lunes ante la Fiscalía de Málaga un escrito para que “inicie la investigación correspondiente por si pudiese haber existido una extralimitación de las fuerzas de seguridad al privar de libertad” a estas personas “en un lugar distinto al indicado por la autoridad judicial”. El equipo jurídico de esta ONG adjunta como prueba varios autos judiciales de internamiento de los migrantes en los que el juez dicta su reclusión “bien en la Jefatura Superior de Policía de Archidona, bien en el centro habilitado de internamiento que corresponda”. Dado que no hay Jefatura Superior de Policía y que la Ley de Extranjería prohíbe la privación de libertad en centros penitenciarios a los indocumentados, la ONG aprecia un “posible incumplimiento de las decisiones judiciales dictadas”.

También, durante el fin de semana, varios abogados presentaron ante el Juzgado de Gaurdia de Archidona una solicitud de hábeas corpus en representación de uno de los migrantes internados. Según ha explicado Gonzalo Boye, uno de los abogados que representa a varios de los internos, se había producido una detención ilegal por incumplir la resolución judicial que dictaba el ingreso en un CIE, no en una prisión. Sin embargo, la solicitud fue denegada este domingo sin posibilidad de recurso, al entender que la intervención judicial ya se ha producido.

No obstante, Boye asegura que llevarán en caso ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la libertad de las personas y el derecho a la seguridad jurídica. “Si es necesario lo llevaremos hasta la corte de Estrasburgo”, ha declarado a este diario. También insisten en que los abogados no han podido ver a sus representados pese a que durante el fin de semana lo intentaron durante tres horas.

“Mejores condiciones que cualquier CIE”

Mientras se acumulan las denuncias y la oposición ha solicitado su comparecencia en el Congreso por esta situación, Zoido insistió el martes en que el encarcelamiento de migrantes en Archidona es "una situación excepcional y provisional", y que la prisión "tiene infinitamente mejores condiciones" que cualquier otro CIE de España. "Es una infraestructura a estrenar”, dijo el ministro tras lamentar que se hayan producido en estos días "destrozos", como que se hayan arrojado fuera mantas, almohadas y colchones.

Ha explicado que en este centro "los internos tienen los mismos derechos y garantías que en cualquier otro CIE" y disponen de unas instalaciones en "infinitamente mejores condiciones que cualquier otro de los CIEs que hay distribuidos por todo el territorio" y hace hincapié en que siete juzgados diferentes han dictado el ingreso de los migrantes en esta prisión.