¿Sale a cuenta ingresar más de 1.600 millones de euros al año en impuestos por los juegos de azar y las apuestas con las consecuencias sociales que está provocando la expansión de la ludopatía, cuya prevalencia alcanza magnitudes de salud pública para más de un experto?

En el caso de las administraciones hay una constante que da pistas sobre su posicionamiento real ante una cuestión de este tipo: las competencias sobre el juego recaen en los responsables de Hacienda, como ocurre en el Gobierno central y en algunas comunidades; o en los de Interior, como pasa en la mayoría de las autonomías. Pero en ningún caso lo hace en los departamentos de Sanidad o de Consumo. Es decir, que el juego es una cuestión de ingresos públicos o de orden público, pero no de salud pública.

Ese es uno de los principales factores que han favorecido la proliferación de los juegos de azar y las apuestas en España: el Estado y las comunidades autónomas se reparten cada año más de 1.600 millones de euros, mil de ellos para las segundas, procedentes de ese negocio, que al cabo del año genera un margen de casi 9.500 millones tras mover más de 46.000 en apuestas.

Esos registros sitúan el juego como el segundo vicio de los ciudadanos más rentable para las administraciones, por detrás del tabaco pero a mucha distancia de otros como el alcohol. Por encima, también, de los ingresos tributarios que se derivan de otros gravámenes, como los impuestos sobre la electricidad o, durante varios años, del IVA de las viviendas nuevas, según indican los informes de recaudación anuales de la Agencia Tributaria.

Las cifras han sido extraídas de la última memoria anual de Azarplus, una de las patronales del sector, que no incluyen los efectos tributarios de la proliferación del juego en los dos últimos ejercicios, en los que algunas comunidades han visto crecer notablemente esos ingresos.

La distribución por comunidades indica cómo los mayores rendimientos impositivos se dan en los territorios más poblados y de mayor potencial económico, como, por este orden, Catalunya, la única comunidad que ya superaba en 2017 los doscientos millones anuales, y, en todos los casos por encima de los cien, Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana.

En esos cuatro territorios, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ, del Ministerio de Hacienda), el dinero que los jugadores introducen en el circuito supera los mil millones de euros al año, a mucha distancia de Galicia y Castilla y León, donde rebasa los 500, y de Euskadi, Canarias y Castilla-La Mancha, donde el volumen se sitúa entre esa cifra y los 350.

Cuando el Gobierno te anima a apostar

En este marco, el director general de Ordenación del Juego, Juan Espinosa, tiene como objetivo “lograr la sostenibilidad de la actividad de juego”, a la que se refiere como “socialmente aceptada y aceptable”, y hacerla compatible con “la prevención de comportamientos adictivos”. Esto, en su planteamiento, se traduce en el complejo reto de compatibilizar “la protección de los colectivos particularmente sensibles que no deben consumir actividades de juego” con la defensa del “interés de los participantes” en los envites, según recoge el acta de la última sesión del Consejo Asesor del Juego Responsable.

En el mismo sentido, el Programa de Juego Responsable 2019-2022 de la DGOJ, el organismo que supervisa la actividad de las empresas de apuestas y envites en España, “parte de la aspiración de construir los juegos de azar como una actividad socialmente sostenible, promoviendo la colaboración de todos los colectivos implicados acorde a la filosofía de prevención e información”. Aunque lo hace sin referencias a fenómenos como el sobreendeudamiento o la proliferación de las casas de microcréditos junto a las de apuestas.

Sin embargo, la posición sobre el juego responsable de la DGOJ, expuesta con claridad en su web jugarbien.es, en realidad descarga sobre el jugador toda la responsabilidad de las eventuales consecuencias de apostar.

Lo hace con afirmaciones como que "el jugador responsable juega para divertirse y entretenerse, no para ganar dinero", y que este, "jugando responsablemente, hace que la actividad del juego sea una experiencia agradable, divertida, sin riesgo de daño a sí mismo, familia y/o amigos".

La postura de este órgano de la Administración se completa con una serie de sugerencias que, directamente, animan al ciudadano a apostar. "Juega para divertirte, disfruta al ganar pero considera que también puedes perder", recomienda, antes de dar, entre otros, estos tres consejos: “Juega solo el dinero que hayas decidido destinar a la diversión”, “establece un límite de tiempo y de dinero para jugar” y “no permitas que el juego afecte a tus relaciones con la familia y amigos”. Nada del tipo “piénsalo bien antes de comenzar a apostar”.