En los últimos años, el mercado inmobiliario ha experimentado un crecimiento vertiginoso con inversores que buscan nuevas oportunidades en cada rincón del mundo. En España, esta práctica ha sacado a la luz el abuso inmobiliario con la venta de edificios históricos y yacimientos arqueológicos. Este sector está mercantilizando bienes del patrimonio cultural por grandes cantidades de dinero, en ocasiones en detrimento de su preservación y su valor cultural.

"Con su encanto histórico y su equipamiento para la agricultura moderna, esta casa rural es una opción perfecta tanto para los que prefieren una tierra de cultivo, como para los que buscan un refugio privado alejado del bullicio de la ciudad y a tan solo dos kilómetros de la playa". Así describe un conocido portal inmobiliario la venta de un antiguo monasterio localizado en Palma de Mallorca. Su precio, 7,5 millones de euros.

En Grajal del Campo, un pequeño municipio de León, está en venta un antiguo convento que fue hogar de las monjas carmelitas hasta 2007. Tras convertirlo en hospedería, actualmente se encuentra anunciado en varios portales inmobiliarios. Su precio, 2,8 millones de euros. Lo mismo ocurre en Santiago de Compostela, donde un edificio renacentista se vende por cinco millones de euros, duplicando el precio de los demás edificios en venta de la capital, que ronda los 250.000 euros.

El arqueólogo Francisco Alonso Toucido, de Tempos Arqueólogos S.L., aclara a Público que la comercialización de inmuebles históricos no tiene por qué ser negativa, ya que "ningún Estado es capaz de mantener de manera pública todo su patrimonio inmueble". Sin embargo, el especialista recalca que "tiene que prevalecer la preservación y los criterios de conservación y restauración correctos, amparados por la legislación vigente". Algo que, reconoce, "no siempre se cumple".

Toucido explica que la Ley del Patrimonio Histórico Español se aplica a todo el Estado, sin embargo, son las distintas comunidades autónomas las que se encargan, a través de sus departamentos de patrimonio, de regular las actuaciones relativas a la venta de bienes inmuebles. "Lo fundamental es un buen catálogo de patrimonio cultural que debe tener toda comunidad, porque si los bienes no están bien catalogados, no se protegen", apunta. El especialista señala que es "muy necesaria" la actualización de la Ley de Patrimonio Histórico Español para autorizar una mayor protección de los bienes.

Desde el Sindicato de Inquilinas no se sorprenden de las prácticas "especulativas" del sector. "Las inmobiliarias son una de las principales culpables de la actual situación de la vivienda en España", afirma a Público Lucas Vaquero, uno de los miembros del sindicato. Argumenta esta afirmación en que "en la teoría se presentan como intermediarios que facilitan el mercado de la vivienda, cuando en realidad actúan como un filtro que logra ejercer una gran influencia en los procesos de subida de los precios de la vivienda"

Privatización de yacimientos arqueológicos en Menorca

Uno de los ejemplos más controvertidos es el de los yacimientos talayóticos en Menorca. La isla cuenta con más de 2.000 depósitos arqueológicos que, por su valor histórico, han hecho a Menorca merecedora del título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Pese a la importancia de estas construcciones, el 99% de ellas están en fincas privadas.

La comercialización de estos bienes históricos ha generado gran debate, ya que aunque los yacimientos son propiedad privada, el Consell Insular de Menorca, en colaboración con los ayuntamientos y con el Ministerio de Cultura, son los encargados de vigilar, controlar y mantener las construcciones.

Desde el Sindicato de Inquilinas consideran que especular con el patrimonio histórico "es una aberración". "Se supone que son patrimonios de la comunidad, no deben ser mercantilizados sin ningún tipo de escrúpulos", dicen. Los sindicalistas exponen que esta acción está estrechamente vinculada con el turismo masivo. "Gran parte de las denominaciones y distintivos de protección de patrimonio histórico, quedan reducidos a marcas de turismo con la que atraer inversiones de grandes capitales internacionales y nacionales". 

Cierre de 'La Galatea', la librería de referencia de Salamanca

El arqueólogo Toucido insiste en que "la legislación de patrimonio cultural prima el fachadismo y no el interior de las estructuras y el uso que se le va a dar". Este es el caso de la conocida librería anticuaria La Galatea, en Salamanca. Una inmobiliaria anunció por casi 800.000 euros el inmueble, de estilo protobarroco y protegido, donde se albergaba. 

De propiedad privada, este edificio se caracteriza por gran calidad constructiva al estar integrado en la apertura y construcción del Patio de Escuelas por la Universidad de Salamanca a comienzos del siglo XVII. En los anuncios se ofrece como "edificio residencial histórico en el centro de la ciudad, en buen estado de conservación, ideal para inversores para poder hacerlo hotel o viviendas turísticas". 

La Galatea vendía libros antiguos originales de a partir del siglo XVI y era una referencia por su carácter de librería especializada y por su estética particular. "En España se pierden auténticas joyas", lamenta Toucido.

Expropiar para frenar las prácticas especulativas

El impacto de estas prácticas va más allá de la pérdida cultural. Las comunidades locales, guardianas de estos patrimonios, se ven afectadas directamente. La gentrificación es una consecuencia directa, donde los residentes son desplazados debido al aumento en los costes de vida y alquiler. El arqueólogo Toucido, considera que estos desplazamientos "están convirtiendo las ciudades en auténticos parques temáticos, diluyendo completamente la esencia y su identidad cultural de los barrios históricos".

El Sindicato de Inquilinas aboga por que los bienes históricos "deberían de ser expropiados, ya que las prácticas lucrativas y especulativas de actores privados atentan contra la idea de patrimonio histórico, aprovechándose del atractivo que despierta esta categoría".