Hubo un tiempo en España, no hace demasiado, en el que era inconcebible que un ciudadano fuera condenado por un mensaje irónico en Twitter. En el que los activistas de la PAH podían realizar una perfomance en la sucursal bancaria responsable de su desahucio sin miedo a entrar en prisión y en el que Greenpeace podía desplegar una pancarta enorme en el edificio España de Madrid sin que fueran multados. Pero ese tiempo acabó hace ahora dos años. El 1 de julio de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó las conocidas como 'leyes mordaza' poniendo un más que polémico coto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y manifestación en España. 

"Cuando las imposiciones de los acreedores condicionaron para España una política de recortes en derechos sociales, la respuesta de los ciudadanos fue la movilización. Y contra esa movilización que se manifestaba en la calle, orquestada en buena parte en las redes sociales, se dirigió el arsenal jurídico del partido gobernante durante la primera legislatura de Rajoy", explica el jurista Carlos Sánchez Almeida en la guía El periodismo y el activismo frente a las leyes mordaza, que fue editado por la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI). 

Este arsenal jurídico, que señala Sánchez Almeida, consistió en la aprobación de una Ley de Seguridad Ciudadana mucho más restrictiva y punitiva que la anterior, conocida como la Ley mordaza; en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y en los cambios introducidos en el Código Penal, algunos de ellos en virtud del conocido como Pacto antiyihadista. El resultado, dicen los expertos, es que somos menos libres. El letrado Jaime Montero, que entre otros asuntos tuvo que pelear por la absolución de los titiriteros y que ahora está metido en el caso Alsasua, lo define de esta manera: 

"Hay más represión, más castigo, más intromisión del Estado en la sociedad civil.  Es triste pero es la jodida realidad. Hemos perdido libertad", dice Montero, que denuncia que el Estado está más cerca "de controlarlo todo a su antojo". La abogada penalista Sara Ruiz Calvo denuncia, además, que estas leyes imponen "un régimen legislativo que criminaliza, principalmente, los derechos a la tutela judicial efectiva y a la libertad de pensamiento, expresión y reunión consagrados en nuestra Constitución Española". "La Ley mordaza debería derogarse ya que choca frontalmente con los derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos", sentencia la letrada, vocal en la Asociación Pro Derechos Humanos en España. 

En este sentido, Jaime Montero dice que la pregunta que todos debemos hacernos es la siguiente: "¿El Gobierno de Rajoy quería más seguridad ciudadana o quería castigar a los colectivos que en ese momento lideraban las protestas sociales?". 

Una perfomance en un banco para protestar por los desahucios

Imagen del desalojo de miembros de la PAH de la sucursal del Banco Popular.- EFE

La explosión de la crisis económica en España y de la burbuja inmobiliaria llevó a miles de españoles a perder sus casas. Muchos de ellos, además, sin alternativa habitacional. El shock fue tremendo. De repente, las televisiones se hacían eco de cómo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado servían para desahuciar a la fuerza a ciudadanos que nada tenían. Salvo deudas. Así nació la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y así se fortaleció un activismo que hizo habitual escenas como la que protagonizaron el 11 de julio de 2013 en una oficina del Banco Popular en las ramblas de Barcelona.

Aquel día unas 120 personas entraron y se encerraron en el interior de la sucursal bancaria del banco en solidaridad con José Antonio, un hombre que contrató una hipoteca con divisas a la que no podía hacer frente tras divorciarse y perder su trabajo. Los Mossos d'Esquadra desalojaron la sucursal del Popular, pero ¿qué hubiera pasado en 2017? Los 120 activistas podrían estar violando el nuevo artículo 557-ter del Código Penal que prohíbe este tipo de acciones del Código Penal y lo castiga con una pena de prisión de entre tres a seis meses o una multa de seis a doce meses.

Alentar o jalear movilizaciones desde Twitter

La reforma del Código Penal también incluye penas de prisión de entre tres a doce meses por "la distribución o difusión pública" de "consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público" o "que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo". 

En palabras del reconocido abogado Sánchez Almeida este artículo del Código Penal lo que está haciendo es criminalizar que se aliente o se jalee movilizaciones en la calle, incluso cuando los mensajes o consignas se lancen a través de internet. El abogado pone el siguiente ejemplo de tuit que podría constituir un delito según el Código Penal. 

Un chiste de humor negro sobre el holocausto 

La reforma del Código Penal se tomó muy en serio la protección de las víctimas del terrorismo o de delitos tan graves como el Holocausto, por lo que se reguló también contra todo tipo de incitación directa o indirecta al odio, hostilidad, discriminación y violencia contra grupos o personas por razón de su pertenencia a determinados colectivos. 

Sin embargo, la reforma del artículo 510 del Código Penal lo que terminó provocando en España ha sido una persecución del humor negro o sarcástico que se ha podido ver en el caso de Cassandra Vera, condenada por un chiste sobre Carrero Blanco, o de Guillermo Zapata, que fue juzgado por chistes en Twitter sobre el holocausto. 

Escalar un edificio para denunciar la 'ley mordaza'

Pancarta en el edificio España desplegada por Greenpeace.- EFE

Escalar un edificio y desplegar una pancarta gigante fue una de las vías que utilizó Greenpeace para denunciar las políticas de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy y los anteproyectos de leyes mordaza que el Ejecutivo iba filtrando a la prensa. Pues bien, la Ley mordaza incluyó dentro de su artículado la prohibición de trepar por un edificio y colgar una pancarta. Una norma que parece ideada y plasmada en la ley únicamente para sancionar a Greenpeace y su forma de protestar. La ley recoge para este aspecto una sanción que oscila entre los 100 y los 600 euros. 

Desórdenes públicos para que el Gobierno cambie una ley

Los supuestos por los cuales un grupo de personas pueden ser responsables de acciones terroristas se ampliaron de una manera importante el 1 de julio de 2015. Con la reforma del Código Penal en la mano, la comisión de delitos graves contra la vida, la integridad física" o "contra la Corona", entre otros muchos, puede ser considerado como un delito terrorista si el objetivo de los autores es "subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública" o "provocar el estado de terror".

Asimismo, los desórdenes públicos pueden ser considerados como terrorismo si la Justicia considera que detrás de ellos hay una organización terrorista o, en su defecto, se amparan en esta organización para provocar los disturbios. "Se ha pasado de un sistema anterior donde estaba muy tasado qué es el terrorismo a una situación donde cada vez hay más delitos que pueden ser considerados como terrorismo", dice Sánchez Almeida, que denuncia que cada vez es más posible que un ciudadano cualquiera pueda ser considerado "terrorista". "Incluso podría pasar que un periódico, por publicar una información, se convierta en terrorista", señala el jurista.

"Entre estos delitos se encuentran también delitos informáticos relacionados con la revelación de secretos, lo que afecta de lleno a la actividad informativa, especialmente la relacionada con el periodismo de investigación. Si se publica en internet información sobre cómo puede boicotearse la web de una institución pública, dicha información puede ser considerada terrorismo", añade Sánchez Almeida. 

Que sea el juez el que hace de juez y no la Administración

Otra de las reformas que incluye la conocida como Ley Mordaza es la desaparición casi total en la práctica de la autoridad judicial como árbitro imparcial en un buen número de situaciones. Con esta ley mordaza desaparecieron las llamadas faltas, que eran infracciones leves que instruían y enjuiciaban los jueces, y la mayor parte de estas pasaron a ser sanciones administrativas, que son castigadas con multas que impone la Administración y que solo a posteriori se conseguiría la intervención judicial. 

La reforma se produce en un contexto en el que muchos manifestantes estaban consiguiendo demostrar en los juzgados que la multa con la que habían sido sancionados era completamente injusta o, al menos, la Policía no tenía pruebas de los hechos que imputaba. Así, es destacable que en 2013, por ejemplo, las ocho resoluciones judiciales dictadas por multas de desobediencia a la autoridad en el marco del 15M en Madrid fueron favorables a los manifestantes quitando la razón a la Delegación del Gobierno que entonces ocupaba Cristina Cifuentes. 

De esta manera, con la nueva ley mordaza las multas a ciudadanos por conceptos como "falta de respeto a la autoridad" o "desobediencia o resistencia a la autoridad" se han disparado. Tal y como informó Público, solo en el año 2016 los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad impusieron 19.497 multas por "faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad"; y 12.094 multas por "desobediencia y/o resistencia a la autoridad". 

Manifestantes en Sol durante un aniversario del 15M.- EFE

¿Un troyano en tu ordenador? 

La Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también "tiene una vertiente preocupante para las libertades civiles, en la medida que puede afectar a las opiniones que se vierten por internet", tal y como denuncia Sánchez Almeida.

Básicamente, la reforma de esta ley permitió a la Policía introducir un virus espía en el ordenador de ciudadanos que estén siendo investigados por delitos graves castigados con más de tres años de prisión o, en su defecto, que hayan sido cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información. 

El problema es que, como ya se ha denunciado, la Audiencia Nacional considera que un chiste sobre la muerte del presidente del Gobierno de una dictadura es delito por lo que con este pretexto la Administración puede espiar a ciudadanos. "A la hora de inmiscuirse en la intimidad de las personas investigadas, la nueva legislación procesal pone al mismo nivel delitos gravísimos de crimen organizado o terrorismo, con cualquier delito cometido a través de medios informáticos. Un tuit puede ser investigado mediante troyanos, al igual que un secuestro o un asesinato", sentencia Sánchez Almeida.