Un hombre ha sido condenado por el juzgado de lo Penal nº1 de Don Benito, en Badajoz, a dos años de prisión y a abonar a la Junta de Extremadura la cantidad de 114.158 euros por matar a un lince ibérico con una escopeta. Asimismo, un empleado de este, ha sido condenado a un año y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Los hechos ocurrieron en el año 2019 en una finca agrícola de la localidad de Don Benito integrada en un coto de caza menor. Según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, el cazador disparó al lince, a menos de 15 metros, con la intención de matar cuando el animal se acercó a una jaula con una perdiz que servía de reclamo para atraer a otras de su especie y ser cazadas.

La necropsia del cadáver del animal protegido ha revelado un disparo certero que causó la muerte inmediata del animal, en el que se encuentra un número aproximado de 80 proyectiles de cartucho en la región craneal y torácica y en las extremidades anteriores.

El cazador sabía que había cometido una ilegalidad y para evitar ser descubierto, según la sentencia, avisó al otro acusado, empleado suyo, a quien le dio instrucciones para esconder el cadáver fuera de su finca. Más tarde, reconoció los hechos ante la Guardia Civil y llevó a los agentes hasta el lugar aproximado en donde se encontraba el cadáver del animal.

El acusado de la muerte del animal también era consciente "de la presencia en los terrenos de su propiedad de la especie lince y de que la misma está catalogada en peligro de extinción y que se han ejecutado inversiones y actuaciones por parte de la Junta de Extremadura, con fondos propios y de la Unión Europea, en sus terrenos y en la zona, con el objetivo de la recuperación de esta especie", según la sentencia.

Por estos hechos, ha sido condenado el propietario de la finca por un delito contra la fauna, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho a cazar durante cuatro años. A su empleado, como autor penalmente responsable de un delito de encubrimiento, la pena de un año y seis meses de cárcel. La sentencia no es firme y se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.