El Gobierno de Susana Díaz ha aprobado esta semana el proyecto de ley de presupuestos para 2018 que computa la jornada de 35 horas para los 250.000 empleados públicos, a pesar de haber sido suspendida por el Alto Tribunal. Los jueces dieron de plazo hasta el miércoles al Ejecutivo de Mariano Rajoy para decidir si mantenía esa suspensión cautelar, aunque la decisión no se le ha trasladado a la Junta de Andalucía que descarta, en cualquier caso, despedir a los médicos y profesores que contrató tras aplicar la reducción horaria.

La Consejería de Hacienda baraja fórmulas “de reasignación horaria” de los funcionarios para mantener los 7.000 empleos públicos que creó tras la restitución de la jornada de 35 horas, un subterfugio legal que no se interprete como un acto de insumisión al fallo del Constitucional. Fuentes de este departamento aseguran que la fórmula que tienen prevista no obligará a modificar el recién aprobado proyecto de ley de presupuestos, porque la jornada de 35 horas no aparece como tal en el texto y, por tanto, “no puede dar pie al Gobierno central a hablar de desobediencia”.

Andalucía se ha adelantado al resto de territorios al aprobar sus cuentas públicas del año que viene, con un montante de 34.759 millones de euros, 30.628 millones si se excluye el pago de la deuda, lo cual supone un 3,9% más que en el presente ejercicio. Nunca antes se habían aprobado tan pronto las cuentas andaluzas, y sin embargo salen adelante en medio de una gran incertidumbre política y económica, y con dos amenazas que preocupan mucho al Ejecutivo andaluz: la primera es que Rajoy va a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado de este año, algo que no impide a la Junta aprobar sus cuentas, pero que sí tendrá un impacto “grave” en la recuperación de la economía andaluza.

La segunda, más inminente, es la incertidumbre que se va a generar si finalmente Rajoy confirma al Tribunal Constitucional que mantenga la suspensión cautelar contra la jornada de 35 horas laborales en el sector público andaluz. El Gobierno recurrió la norma cuando llevaba seis meses en vigor. En esos seis meses, los 250.000 funcionarios andaluces abandonaron la jornada de 37,5 horas semanales, impuesta por Rajoy en 2012, y recuperaron su horario de 35 horas. Con el excedente de horas sobrantes, la Junta contrató a 7.000 profesionales más, la mayor parte profesores y sanitarios.

El Constitucional tumbó esa reforma y quedó a expensas de que el Gobierno confirmase la suspensión cautelar, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no lo hizo de forma inminente porque en paralelo estaba negociando con los sindicatos la reposición de las 35 horas semanales para toda España. ¿Qué sentido tenía paralizarlo en Andalucía si luego pensaba extender la medida al conjunto del país? Sin embargo, el conflicto catalán se agravó, Rajoy perdió los contados apoyos parlamentarios que tenía para sacar adelante los Presupuestos de 2018 -donde pensaba incluir la reposición de las 35 horas- y la negociación con los sindicatos se estancó. Se estancaron las cuentas, pero no el reloj judicial.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional apremió al Gobierno para que decidiera, antes de cinco días, si ejecutaba el recurso que ha paralizado la jornada de 35 horas en Andalucía (como lo está en Extremadura y en el Ayuntamiento de Madrid). Incluso la intermediación del PP andaluz no parece haber resuelto esta tesitura, porque los populares han pasado de garantizar que convencerían a Montoro para que retirara el recurso a acusar a la Junta de “boicotear la negociación”. Se está preparando el terreno para un desencuentro sonado que tendrá repercusiones graves, porque suspender la jornada de 35 horas a estas alturas (tras diez meses en vigor) afectará a 250.000 profesionales y podría poner en riesgo la continuidad de los 7.000 profesionales nuevos, cuyas nóminas ya están computadas en los Presupuestos andaluces del año que viene.

La Consejería de Hacienda aún espera poder negociar una solución in extremis con Montoro, pero en caso de no lograr un acuerdo, ya ha advertido de que no retocará el proyecto de ley de Presupuestos para 2018. ¿Quiere esto decir que la Junta será insumisa al mandato judicial del Constitucional? No, al menos en parte no. El Ejecutivo andaluz acatará el fallo (lanzando una sonora bronca de deslealtad contra el PP-A) y repondrá la jornada de 37,5 horas semanales, pero no despedirá a nadie. No prescindirá de los 7.000 médicos y maestros que ha contratado.

El plan 'B'

Hay un plan 'B' para no llegar a ese extremo, una especie de subterfugio legal que permite a los profesores computar esas dos horas y media de más como horas de tutorías, y que éstas a su vez computen como horario lectivo, de modo que en la práctica darán las mismas clases que ahora, no invadirán la jornada de otros maestros y así no será necesario prescindir de nadie. En sanidad se busca un asidero legal parecido, todo con el objetivo de no vulnerar el mandato del Constitucional, no exponerse a una sentencia condenatoria y no ser acusados de insumisos a la ley (sobre todo ahora que Díaz defiende el imperio de la ley frente a la sedición de los gobernantes catalanes).

Los Presupuestos Generales de 2017 se aprobaron tarde, casi a mitad del presente ejercicio. Venían con un peso de inversión pública raquítica, sobre todo para Andalucía, que vio caer el gasto de infraestructuras un 36,6% (de lo cual muy poco se ha ejecutado). La presidenta Susana Díaz elevó su protesta todo lo que pudo: el PIB andaluz es muy dependiente del gasto público, porque apenas hay tejido productivo privado, y sin inversiones es difícil dinamizar la economía. Así que Díaz denunció “el atropello” del Gobierno central y la “marginación” de Andalucía en las cuentas del Estado. Montoro trató de calmar los ánimos explicando que los Presupuestos Generales de 2017 eran “de transición”, porque se habían aprobado casi a mitad de año y, por tanto, sólo ofrecían una previsión de gastos para medio año. Pero al final no será así.

Los Presupuestos “de transición” se van a prorrogar porque el desafío catalanista y la gestión que ha hecho Rajoy del conflicto le ha privado de apoyos en el Congreso para sacar adelante las cuentas de 2018. De modo que los raquíticos números de inversión pública que se calcularon para medio año van a tener una vigencia de año y medio, poniendo en serio riesgo la recuperación de la economía andaluza.

A pesar de todo, Susana Díaz ha presentado esta semana unos Presupuestos autonómicos “expansivos”, que se alzan sobre dos datos ventajosos: el primero es la confianza de que el crecimiento de la economía andaluza supere el 2,6% del PIB, muy por encima de las previsiones que tenían a principios de año, y una previsión de 80.400 empleos nuevos. El segundo es que el Gobierno, después de tres años recortando el techo de gasto, ha abierto un poco la mano este ejercicio insuflando más oxígeno financiero a las comunidades. La Junta cuenta con 1.151 millones de euros más para gastar en 2018.

Contar con más ingresos y con menos restricciones en el gasto le permite a Díaz cuadrar las cuentas: por un lado aplicará una polémica rebaja fiscal para contentar a sus socios de Ciudadanos -la supresión del impuesto de Sucesiones para herencias superiores a un millón de euros- y por otro lado aumenta considerablemente el presupuesto de las políticas que sostienen el Estado de Bienestar: un 3% más en Educación y notablemente el gasto de Salud (5,4%), muy por encima del crecimiento del presupuesto global. La sanidad pública, muy denostada en el último año por las críticas de médicos, usuarios y oposición, recibirá el mayor presupuesto de la historia autonómica: 9.013 millones de euros.