"Subnormal", "minusválido" o "retrasado" son palabras que buena parte de la sociedad ha utilizado de manera normalizada y habitual para referirse a las personas con discapacidad. Hasta hace apenas unos días, incluso el término "disminuido" estaba escrito en el texto constitucional. Precisamente, este jueves, la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución lo ha eliminado. Una modificación que ha dado respuesta a décadas de lucha por el reconocimiento y la dignidad de las discapacidades, y que marca el punto de partida hacia un futuro más inclusivo e igualitario. 

La nueva redacción del texto versará así: "Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación". Y añade: "Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad".

Se trata de una reformulación pionera a nivel internacional, ya que, como ha explicado en una conversación con Público Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, el texto, además, tiene "una alusión expresa a dos poblaciones que están particularmente desfavorecidas que son las mujeres con discapacidad, por un lado, y la infancia con discapacidad, por otro". 

Si observamos en la Constitución, "la consideración de la mujer, expresamente, aparece solo cuando hablamos de la igualdad entre el hombre y la mujer, en el matrimonio y cuando hablamos de la Corona, pero ya está, nada más", apunta Peláez. "Así que me parece que esta consideración en materia de igualdad de género es muy significativa". 

Con el reconocimiento en la Carta Magna de las personas con discapacidad, el país ha vuelto a situarse a la vanguardia de los derechos sociales.

"Esta rectificación es un estímulo para la comunidad internacional porque apenas existen constituciones en el mundo que aludan a las personas con discapacidad expresamente. Si bien lo que, desde luego, no hay en ninguna parte hasta la fecha es una alusión de ningún país a las mujeres y a las niñas", ha señalado la experta y presidenta del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer en la ONU. 

El movimiento social por la discapacidad, articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que es una plataforma que aglutina a más de 8.000 organizaciones del sector de la discapacidad en nuestro país, de la que forma parte Peláez, lleva años reivindicando este cambio terminológico.

"El texto que se ha adoptado para rectificar el concepto disminuido está completamente en línea con un enfoque basado en los derechos humanos, y con eso me tengo que referir concretamente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas de 2006 (con la que España se comprometió)", destaca la especialista. 

En este sentido, desde el CERMI ponen en valor que todo el proceso haya tenido lugar en el seno del diálogo y haya contado con la participación de las organizaciones sociales; "que siempre se haya tenido en cuenta y consideración ese principio fundamental de nada para nosotros sin nosotros, nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad", dice Peláez.

Más allá de un cambio terminológico concreto, en definitiva, esta reforma constitucional tiene que ver con afianzar la percepción social que se debe tener de las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas.

Superar el paternalismo

El concepto de discapacidad ha experimentado una extraordinaria evolución a lo largo de nuestra historia. Antes del boom de los Estados del bienestar, después de la segunda guerra mundial, la perspectiva bajo la cual se trataba estaba construida desde un punto de vista discriminatorio, segregador y estigmatizante.

Ya a mediados del siglo XX, se comienza a percibir la discapacidad desde un enfoque basado en la asistencia por parte del Estado. Surgen los primeros centros de educación especial, se van concretando diferentes tipos de ayudas económicas, pero desde una perspectiva muy paternalista. 

Unas políticas que, además de retroalimentar muchas veces ese circuito de dependencia, no terminan de llegar allí donde se las necesita. Basta con mirar las enormes listas de espera para las ayudas a la dependencia. Mientras que, a día de hoy, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es aún muy baja (35%). En otras palabras, un 65% de las que tienen edad laboral no tiene empleo ni lo busca.

David Martínez, un joven treintañero con discapacidad visual, cuenta que "los únicos apoyos que ha recibido a lo largo de su vida", y que le han llevado al lugar en el que está —con empleo, con estudios universitarios— es su madre (pilar fundamental) y la Once. El refuerzo de la Administración pública, prácticamente, brilla por su ausencia. 

"Mi madre, desde pequeñito, fue muy importante porque cuando yo empecé a estudiar en el año 93-94, ni siquiera se transcribían los libros a braille de manera automática. Había que copiarlos comprando el libro en tinta normal, ordinario, y copiarlo, y eso se lo repartían entre la profesora que yo tenía asignada de la Once y ella", recuerda Martínez.

Aunque el periodista de profesión celebra este cambio, reconoce que "todavía queda mucho por hacer". Martínez señala, por ejemplo, que se debe seguir avanzando en cuestiones de accesibilidad. "Nos quedan todavía hay muchas barreras físicas en las ciudades, hay falta de accesibilidad en entornos de nuevas tecnologías que tienen que llegar para dar oportunidades a todo el mundo... Algunas sí, pero no necesariamente todas son grandes inversiones. A veces, cuestiones como que el metro o el autobús no lleven apagado el sistema que anuncia las paradas por voz son voluntad política", critica.

La doble discriminación que sufren las mujeres

Si así ha sido el recorrido en términos globales, las brecha de la desigualdad y la exclusión se amplía todavía más si nos detenemos a mirar la vida de las mujeres con discapacidad. Según el último informe del Observatorio Sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, en España, las mujeres con discapacidad tienen un 32,3% menos de empleabilidad. También sus salarios son un 15,5% menores.

Además, ellas sufren todavía más silenciadas la violencia machista. De hecho, en la última macroencuesta de violencia contra la mujer registraron vivir hasta un 8,2% más de violencia física o sexual, un 8,8% más de violencia psicológica o emocional, y un 7,3% más de violencia económica.

Justamente por todas esas evidencias cuantitativas, Ana Peláez considera fundamental el respaldo que, de aquí en adelante, la Constitución conferirá a las mujeres y niñas. "Es un mensaje rotundo a la sociedad en su conjunto. Nosotras, generalmente, hemos sido consideradas discapacitadas sin consideración plena de nuestra condición como mujeres. Sin embargo, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco mujeres en el mundo vive con una discapacidad", argumenta la vicepresidenta del CERMI Mujeres.

En la misma línea, Peláez recuerda que las mujeres "producen discapacidades en un porcentaje mucho más superior que la población masculina. En el caso de los hombres, la presencia de la discapacidad es el 12%, y en el caso de las mujeres, del 20%".

Si bien recuerda, especialmente frente a la reacción antifeminista que parece estar emergiendo, que "esta alusión a estas poblaciones desfavorecidas como son las mujeres y niñas con discapacidad son medidas de acción afirmativa que en ningún caso se puede considerar que sean discriminatorias. Son simplemente el resultado y el compromiso por tomar una particular consideración de riesgos de discriminaciones agravadas para poblaciones que, verdaderamente, hasta la fecha han estado olvidadas"