Igone Goikoetxea imaginó este día una y mil veces. Pensaba cómo sería, cuándo llegaría y, sobre todo, cuánto dolor provocaría. Ahora ya lo sabe: su hijo Jokin, de 24 años, seguirá encerrado en una cárcel. La Audiencia Nacional ha decretado para él y para otros siete jóvenes de Altsasu distintas penas de prisión por la pelea registrada el 15 de octubre de 2016 fuera de un bar, en la que se vieron involucrados dos guardias civiles sin uniforme.

"Nada ha terminado. Toca seguir", decía la madre de Jokin en la plaza del pueblo. Después de una larga jornada, Igone y las demás madres y padres de los jóvenes condenados han vuelto a recibir una gigantesca muestra de solidaridad por parte de la multitud que ha recorrido las calles de Altsasu. Entre nubarrones y lluvia, las vecinas y vecinos ha vuelto a pedir, una vez más, justicia.

"No vamos a parar: hay que luchar, luchar y luchar por la justicia", añadió a Público Bel Pozueta, madre de otro de los jóvenes que siguen en prisión. Su hijo, Adur Martínez de Alda, intentó demostrar durante el juicio que ni siquiera estaba allí cuando se produjo la trifulca nocturna. De hecho, un vídeo permitió confirmar que llevaba una camiseta de un color distinto al que aseguraban quienes le habían identificado, pero no valió de nada. La Audiencia Nacional ha decidido condenarle a 12 años de cárcel. Ya lleva 565 días dentro. Tiene 23 años. "Quieren acabar con el futuro de nuestros hijos", afirmó su madre.

En Altsasu ya han perdido la cuenta de la cantidad de movilizaciones realizadas para exigir que este caso fuese abordado con "proporcionalidad" y, por consiguiente, que el expediente volviese a la Audiencia Provincial de Navarra. Lo pidieron desde las calles de esta localidad, pero también desde las sedes del Parlamento y del Gobierno foral, dos instituciones que se sumaron a la ola de solidaridad y apoyo que trascendió incluso las fronteras de este territorio. Varias formaciones políticas con representación en el Congreso, grupos de europarlamentarios y hasta el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, mostraron preocupación e interés sobre este caso.

"Altsasu no es terrorismo", decía una pancarta que los familiares de los jóvenes usaron en infinidad de ocasiones durante el último año y medio. Ahora también lo dice la sentencia de la Audiencia Nacional: sus hijos no tienen nada que ver con ETA y la pelea con los dos guardias civiles fuera de servicio no formó parte de ninguna estrategia violenta, tal como sostenían el fiscal José Perals y la Comisión de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), que tras conocer la reyerta por los medios se personó como acusación popular.

No, no son terroristas, pero igualmente irán presos. Los ocho jóvenes han sido condenados a penas que oscilan entre los dos y los 13 años de cárcel por los delitos de lesiones, desórdenes públicos, amenazas y atentado a los agentes de la autoridad. "Es una barbaridad. Sabíamos que las acusaciones de terrorismo iban a caer porque en el juicio se demostró que no tenían la más mínima base, pero también nos temíamos que el tribunal buscaría condenarles con las penas más altas posibles", señaló Goikoetxea.

Pasadas las 20.00 de este viernes, las madres de los jóvenes condenados por este caso recibieron innumerables abrazos y muestras de afecto por parte de las personas que se acercaron hasta la concentración. Se repitieron entonces las miradas de dolor y rabia que ya se habían visto en otras tantas concentraciones, aunque ahora había una diferencia: esta vez ya sabían que los acusados están formalmente condenados.

La misma condena que un asesino

Cuando aún faltaban un par de horas para la concentración, la noticia sobre la sentencia judicial aparecía reiteradamente en las conversaciones de los lugareños. “No hay derecho, no hay derecho”, exclamaba una mujer de unos sesenta años que tomaba un café en la plaza del pueblo. Su indignación fue en aumento cuando otro vecino lanzó comparaciones con otras causas judiciales. El asesino de Nagore Laffage, por ejemplo, fue condenado a 12 años y medio de prisión. Aquel crimen conmovió a la sociedad navarra en plenos sanfermines de 2008: José Diego Yllanes, un psiquiatra que por entonces tenía 27 años, mató a Nagore, enfermera de 20 años, porque se negó a mantener relaciones con él.

La condena de Yllanes fue incluso inferior a las que han recibido Oihan Arnanz e Iñaki Abad, condenados a 13 años de prisión por la pelea con los dos guardias civiles. Arnanz está en prisión desde noviembre de 2016, mientras que Abad fue el joven que grabó con su móvil lo ocurrido inmediatamente después de la trifulca fuera del bar Koxka. En ese video –que el tribunal se negó a aceptar como prueba en primera instancia, algo que posteriormente corrigió- se ve al teniente involucrado en la pelea moviéndose de un lado a otro, sin ser capaz de identificar a nadie. Su camisa, que según algunos testigos había quedado repleta de huellas de patadas, estaba totalmente blanca. “¿Sabe qué pasa? Aquí ha habido muchas mentiras”, decían otras mujeres mientras apuraban el café. Hoy, otra vez, tocaba movilizarse para pedir justicia.